Ante la deuda millonaria que acumulan las obras sociales con los hospitales públicos de gestión estatal -suma que supera los 3.000 millones de pesos- y repercute en la atención de sus afiliados, el Ejecutivo giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permita recuperar esos costos. La diputada por San Martin Gladys Paredes, advirtió que, al desfinanciamiento que viene sufriendo el sistema de salud en todo el país, se le suma la desaparición de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que se encargaba de regular más de 300 obras sociales nacionales y algunas prepagas. “Al no tener la Superintendencia de Salud, la deuda que genera cualquier obra social con un ministerio o una clínica va a depender pura y exclusivamente del artilugio legal, de intimarlos, para que paguen la prestación, sino llega un momento en el que el prestador cancela el servicio”, marcó. En ese panorama, la legisladora señaló que el servicio público de salud “es el más castigado”, entendiendo que “todos recurren por algún motivo al hospital público”, sin embargo y pese a que muchos pacientes tiene obra social, los costos de atención, traslado e insumos no se pagan.  “Es necesaria esta ley a nivel provincial que le permita al Ministerio, como ya no está la Superintendencia, hacer legalmente y en forma mucho más rápida, el cobro de la prestación realizada a través de la Justicia”, justificó. El proyecto fue abordado artículo por artículo en la Comisión de Salud, que contó con la presencia de la Secretaria de Gobierno y el Secretario de Salud. “Hasta ahora está bien encuadrada, a lo mejor enriquecer algún punto o hacerlo más claro, pero está todo legalmente fundamentado”, adelantó. Paredes aseguró que la normativa permitirá a los hospitales “recuperar y comprar insumos hasta los más simples como venda, placas radiográficas, líquidos de contraste, hasta prótesis”.