La explanada gigante donde se ubican las sedes de la Presidencia, el Supremo, el Congreso y los ministerios está cerrada al tráfico y se reforzó la seguridad en la zona y en todo el territorio nacional con un amplio despliegue. El epicentro del ataque del domingo está tomada por antidisturbios y miembros de la Guardia Nacional. El Tribunal Supremo ordenó a las autoridades que impidan cualquier intento de bloquear calles, carreteras u ocupar espacios o edificios públicos.
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que quería volver a la normalidad y dar el impulso definitivo a su recién nacido Gobierno, lanzó una advertencia a los que, por la vía de la agitación, quieren hacerle la vida imposible: “Cada gesto contra la democracia brasileña será castigado”, advirtió el mandatario, que asumió el poder el 1 de enero y vio con espanto cómo una semana después la democracia brasileña sufría el ataque más grave en casi cuatro décadas.
Brasil ya estaba extremadamente polarizada antes de la toma de las instituciones; y los ánimos están ahora extremadamente caldeados. Por si fuera poco, el expresidente Jair Bolsonaro, ha azuzado el fuego desde Florida (EE UU). Una vez más, tira la piedra y esconde la mano, un gesto frecuente en su estrategia de ataque sistemático a las instituciones. El martes difundió en sus redes sociales un vídeo que alienta la falsedad de que hubo fraude, que Lula “no fue elegido por el pueblo” ni ganó en las urnas, sino que fue colocado a dedo por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral. La publicación corrió como la pólvora en internet, pero el propio Bolsonaro la eliminó rápidamente. Fue su primera manifestación explícita de apoyo a las tesis de fraude electoral después de los sucesos del domingo.
Más de 1.150 participantes en el motín golpista fueron enviados a prisión, según informó la Policía Federal. Cada uno recibió una colchoneta, una pastilla de jabón, cepillo y pasta de dientes; y pueden salir al patio. La fiscalía general de la república abrió una investigación contra tres diputados bolsonaristas. Y los responsables políticos de la Policía Militar en el Distrito Federal, que los escoltó y no evitó el ataque, fueron apartados por los jueces, así como el máximo jefe policial.
Rui Costa, ministro de la Casa Civil (una especie de primer ministro), explicó que el Gobierno ha decidido aumentar el despliegue de uniformados. “Tomamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, hemos adoptado una posición de precaución respecto a la seguridad de la Explanada de los Ministerios y en ciudades de todo el país”.