El Gobierno dará a conocer el martes próximo los nuevos valores tarifarios de los servicios de gas, energía eléctrica y agua corriente, en un esquema que tendrá en cuenta la progresividad y las diferencias por zona, respetándose "las particularidades de cada región", indicaron fuentes oficiales.
"La semana que viene se va a definir la letra chica del anuncio" que formulara el miércoles 3 de agosto el ministro de Economía, Sergio Massa, agregaron las fuentes consultadas, en referencia a la incorporación al esquema de segmentación del criterio de progresividad en el consumo.
El nuevo esquema partirá de mantener la tarifa vigente a los niveles 2 (de menores ingresos) y 3 (de ingresos medios), pero en este último caso el consumo que exceda los 400 kwh no será subsidiado.
En su primera conferencia de prensa luego de asumir, Massa adelantó que el nuevo esquema de segmentación por consumo regirá no sólo para los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural por red (como se estableció en el decreto 332/2022) sino también a los de agua corriente.
Los tres servicios presentan diferencias, tanto en la medición del consumo como de jurisdicciones en el área de distribución: en energía eléctrica y agua corriente, el Estado nacional tiene competencia sobre las operadoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (Edesur y Edenor en energía y AySA en agua), en tanto en gas natural abarca a todo el territorio nacional.
Además, la mayoría de los usuarios residenciales de agua corriente no tiene servicio medido, sino que se les aplica una suma fija, a diferencia de los de gas y electricidad.
En tercer término, las tarifas de electricidad y gas fueron ajustadas en base a diferentes proporciones del Coeficiente de Variación Salarial del año pasado (40% para los usuarios de nivel 2 y 80% para los de nivel 3), en tanto para AySA se aprobó un incremento para todo el año del 32% en dos etapas (20% en julio y 10% acumulativo en octubre).
Por último, los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas) dependen del Ministerio de Economía, en tanto AySA está en la órbita del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) del Ministerio de Obras Públicas.
En su anuncio, el flamante ministro dijo que "en el caso de la luz, vamos a subsidiar en hasta 400 KWh", un nivel de consumo que representa "el 80% de los usuarios, pero sólo el 50% del consumo total residencial", explicó.
Massa no precisó si ese tope de consumo subsidiado será por bimestre (como se especifica en las facturas) o por mes, un aspecto que formará parte de los detalles a analizar en la elaboración del nuevo esquema.
En el caso de AySA, indicó que el proceso de segmentación "se inicia en septiembre", en tanto para el gas señaló que "la quita de subsidios seguirá la misma lógica" que en el caso de la energía eléctrica, aunque "partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país".
Además de la especificación de si el tope de consumo de 400 kwh es mensual o bimestral, también debe precisarse si la quita del subsidio a los consumos que excedan ese nivel se aplicará de manera gradual (como en el caso de los usuarios de mayor poder adquisitivo) o de una sola vez.
Por otra parte, desde el Ministerio de Economía advirtieron que "no es lo mismo utilizar 400 kwh en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que en el noreste del país, donde se cocina con electricidad".
En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó el jueves último que de los nueve millones de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas, "el 80% gasta menos de 400 kilowatts por mes, por lo que van a mantener el subsidio", en relación con la segmentación de tarifas encarada por el Gobierno nacional.
"Del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco sus gastos" energéticos, agregó Cerruti durante su habitual conferencia de prensa semanal.
El nuevo esquema apunta no sólo a un ahorro de subsidios por la vía tarifaria sino también por el ahorro de energía, si se tiene en cuenta que una parte del combustible consumido es importado y que su precio internacional se disparó a raíz del conflicto bélico entre Rusia -uno de los principales productores y proveedores de hidrocarburos- y Ucrania.