Los economistas de diversos ámbitos coinciden en el que el desborde del gasto público en los últimos años no sólo llevó a una creciente presión fiscal sino también a una fuerte aceleración de la inflación. En ese plano, el gobierno entrante ya anticipó que se prepara para realizar un fuerte ajuste que lleve a equilibrar las cuentas públicas, por lo que los analistas empiezan a establecer cuáles serán las áreas en las que puede haber recortes en el gasto.
Al analizar los datos de la secretaría de Hacienda de las últimas presidencias, establecidos como porcentaje del PBI en valores constantes para evitar las distorsiones de la inflación, la administración actual aparece como un gobierno austero. Pero la verdadera razón de eso es el “trabajo sucio” que hizo la inflación que le asestó un duro golpe al conjunto de jubilados, pensionados, y en particular perceptores de planes asistenciales. Sus ingresos se ajustaban no solo con rezago de tres meses, sino sobre la base de tasas de variación de salarios e ingresos de la Anses muy inferiores a los del índice inflacionario, o compensados con bonos pero solo en forma parcial.
El gasto del sector público en su conjunto (nacional, provincial y municipal) pasó de 34,9% del PBI al fin de la presidencia de Néstor Kirchner, a un récord de 49,7% del PBI al concluir la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y atenuarse a 45,4% del PBI en el gobierno de Mauricio Macri, y a 43,8% del PBI, aproximadamente en el de Alberto Fernández.
No obstante, el temor de despidos generalizados parece infundado, en términos generales, si se tiene en cuenta que las principales prestaciones del Estado, en Educación, Sanidad, Seguridad y administración de la cosa pública deben tener una relación de la nómina con el del aumento de la población (vegetativo), para poder garantizar la calidad y proporcionalidad del servicio por habitante