En medio de la discusión de la reforma de la ley de alquileres, el oficialismo y Juntos por el Cambio (JxC) decidieron avanzar con un dictamen unificado para regular los alquileres temporarios, una modalidad de contratación que en los últimos meses creció fuerte, provocando una menor oferta de viviendas.
En un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo se debatió la regulación, que definió en un dictamen unificado de los proyectos de las diputadas Ana María Ianni, perteneciente al bloque del Frente de Todos (FdT), y Mariana Juri, de JxC. La iniciativa prevé la creación de un registro y determina obligaciones para las plataformas digitales, que deberán ofrecer los precios en pesos argentinos.
Dentro del debate, al tomar la palabra, Ianni señaló se trata de “un problema a nivel mundial” y celebró que "todos identificamos que el problema lo tenemos".
En ese sentido, Ianni destacó que "dentro de los servicios turísticos el alojamiento es una de las actividades más fuertes” y “todo esto está regulado, no se hace por qué sí o como cada uno quiera llevarlo adelante, y es lo mismo que propendemos para los alquileres temporarios”.
Por su parte, Juri manifestó que el Senado "se está poniendo al frente de uno de los grandes problemas que aquejan hoy al turismo" y afirmó que desde el parlamento no pretenden ser "tan intervencionistas" como para dificultar el mercado, sino que "con esto estamos dando beneficios a todas las partes".
"No podemos ser ajenos a que el alquiler temporario está agregándole una dificultad más a lo que es el alquiler tradicional de las viviendas", apuntó.
Y concluyó: "Poder llegar a esta reunión con un dictamen unificado, con aportes incluso del sector público, del sector privado, y poder tener esta norma creo que es un gran avance".
Todos los legisladores que conforman la comisión de Legislación General y de Turismo y ya quedó listo para que sea debatido en el recinto.
Alquileres temporarios: ¿qué regulaciones propone el proyecto consensuado?
La iniciativa crea un registro y regula las plataformas como Airbnb, obligándolas a ofrecer los precios en pesos argentinos y también se imponen sanciones por incumplimientos. Actualmente, estos sistemas se encuentran fuera del marco normativo del Estado.
De acuerdo con el texto del proyecto, para que la locación de un inmueble se considere de "alquiler temporario" debe rentarse entre 1 y 90 días.
El proyecto alcanza a “los propietarios o administradores que cuenten con poder o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”.
En el caso de los edificios que destinen más de un 60% de sus unidades funcionales con destino habitacional a la actividad objeto de la presente, pertenezcan a un mismo propietario, se encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca "no serán de aplicación la presente ley y deberán contar con la habilitación, registro y categorización que corresponda según la Ley N° 18.828 (Ley Nacional de Hotelería)".
Alquileres temporarios: ¿cómo funcionará el registro dependiente del Ministerio de Turismo?
Se propone la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario y se establecen una serie de funciones que tendrá la autoridad de aplicación.
Las plataformas digitales que ofrezcan alquileres temporarios con fines turísticos deberán: habilitar un campo en el sitio para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, con previa notificación al propietario; y utilizar la moneda nacional pesos argentinos para los anuncios y para el procesamiento de pagos.
A su vez, el propietario también tiene obligaciones como “entregar la propiedad en condiciones de habitabilidad y en los términos pactados; tener vigente la habilitación, registro y autorización de uso turístico de la vivienda correspondiente; contratar seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros”, entre otras.
Sobre las sanciones, la iniciativa prevé para los propietarios apercibimiento, la suspensión del registro y la baja del registro, mientras que en caso de incumplimiento por parte de las plataformas se las podrá apercibir; multar; suspender las operaciones locales; y cese de actividades en el país.