El 16 de noviembre del año pasado, el oficialismo en el Senado, en alianza con partidos provinciales, logró sancionar el Presupuesto 2023, norma que anticipaba una inflación para este año del 60%, con un gasto de $29 billones y un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. Pero con el correr de los meses, todas esas proyecciones quedaron desajustadas porque probablemente el incremento de los precios resulte el doble de lo previsto y, junto con ello, se dupliquen nominalmente tanto ingresos como gastos y el rojo de las cuentas.
Así, tan solo por el mal cálculo de la inflación, el Poder Ejecutivo se ve forzado a actualizar la ley madre del sector público nacional periódicamente, sobre todo, porque en contextos de alta nominalidad como el actual, hay partidas que se agotan más rápidamente. Es lo que ocurrió a través del DNU 436 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, en el que se lleva a cabo una maxi adecuación de las partidas.
De acuerdo con un análisis de la Asociación Argentina del Presupuesto Público (ASAP), el Gobierno subió en un 26% las partidas del gasto hasta los $36,5 billones. Es decir, se le agregaron $7,6 billones al crédito vigente hasta el 31 de julio. La entidad señala que por medio del DNU se incrementó el cálculo de recursos por $3,6 billones. ASAP plantea que “es la consecuencia de mayores autorizaciones de gastos para 370 programas y reducciones en tres”. El DNU estima que el déficit subirá unos $4 billones y para ello se incrementarán fuentes financieras (deuda) por el equivalente.
Los dos refuerzos más importantes son para el Ministerio de Trabajo, con $1,8 billones y el servicio de la deuda, $1,5 billones. En segundo plano aparecen el Ministerio de Educación, con $758.200 millones y el de Desarrollo Social, con $743.600 millones.
Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), explicó a Ámbito que la modificación es “una adecuación” de los números a la evolución de la inflación. “En una economía con la inflación que tiene la Argentina hay que acomodar los números”, señaló. El economista sostuvo que lo relevante es que no se altere la relación entre déficit fiscal y el Producto Bruto Interno que para fin de 2023 tiene que mantenerse en el 1,9% para cumplir con las metas del FMI. En principio, el DNU no lo estaría haciendo.
Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que, si bien la medida procura adaptar la nominalidad del presupuesto a la inflación transcurrida este año, es probable que para antes de fin de año se tenga que volver a emitir un nuevo decreto. “Probablemente lo estén estimando con una inflación del 120%, pero si se llega a una de 150% como estamos viendo nosotros, tal vez estén corrigiendo con otro decreto más adelante”, explicó. El economista coincidió en que el DNU mantendría el ratio de déficit/PBI del 1,9%, pero que ello en sí no se reflejaría al final del año. “El paquete que anunció Sergio Massa sube medio punto el déficit, por lo que creemos que al final quedará en 2,7% o 2,9%”, proyectó. Abram supone que el Gobierno ahora no hizo una adecuación de partidas más alta porque “si no estarían revelando cuál es la verdadera inflación que están proyectando”.