Tras el malestar de los empleados legislativos por la pérdida de poder adquisitivo ante el avance de la inflación, las autoridades del Senado y la Cámara de Diputados acordaron con los gremios que representan a los trabajadores del Congreso un aumento salarial en tres cuotas. La paritaria estaba demorada desde febrero.
Ahora, la paritaria firmada esta tarde después de la reunión que mantuvieron Cristina Kirchner y Cecilia Moreau -titulares del Senado y Diputados respectivamente-, estipula un incremento del 35% a partir del 1° de julio, otra suba del 35% a partir del 1° de agosto y una más del 20% a partir del 1° de noviembre. Además, la suma fija de $50.000 que reciben los trabajadores pasará a ser parte del salario con carácter remunerativo.
Sin embargo, esta suba generó malestar entre los trabajadores del Congreso, ya que se ubica por debajo de la inflación proyectada, que los analistas privados ya ubican por encima del 140%.
De la negociación participaron la secretaria administrativa del Senado, Luz Alonso, y los representantes de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; de UPCN, Andrés Rodríguez; y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Claudio Britos.
“En el día de la fecha se firmaron las paritarias de las y los trabajadores del Congreso de la Nación. En la misma se vuelve a ubicar al salario de los legislativos en su nivel histórico. Queremos agradecer la confianza y el acompañamiento de las y los compañeros y a las titulares de ambas cámaras legislativas por la decisión política de dignificar a las y los trabajadores a través de su salario”, publicó en redes sociales el sindicalista Norberto Di Próspero.
La negociación salarial de los empleados del Congreso también tiene implicaciones políticas, ya que las remuneraciones de los diputados y senadores están vinculadas a ella.
En 2021, en medio de la pandemia y en un contexto de descontento generalizado hacia la dirigencia de todos los partidos y los gastos relacionados con “la política”, las autoridades de la Cámara tomaron la decisión de separar las dietas de los legisladores de las negociaciones salariales de los empleados del Congreso.
En ese sentido, se emitió una resolución que estipulaba que cualquier aumento en los haberes de los legisladores debía ser “sometido a debate y aprobación por parte de todas las Cámaras”. Esta estrategia tenía como objetivo mitigar las demandas de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlos en el recinto para evadir críticas públicas.
No obstante, en noviembre del año pasado, durante la negociación del último tramo de la paritaria vigente, se derogó el artículo 2 de la Resolución Conjunta 03/2022, y los aumentos en los haberes de los legisladores volvieron a estar “vinculados” a las negociaciones.