La Argentina busca la confianza del Fondo Monetario Internacional en un capítulo clave dentro de las negociaciones por la nueva versión del acuerdo de Facilidades Extendidas. El programa, suspendido desde fines de abril por el uso de dólares para contener la suba de la divisa en los mercados financieros, incluye la obligación (por ahora innegociable desde el organismo) de sostener un nivel de déficit fiscal de 1,9% del PBI para todo el año. Desde Washington se duda que ese porcentaje se cumpla y se exigen garantías sobre que el país está trabajando en el problema del aumento del desequilibrio primario entre ingresos y gastos. Y en Buenos Aires se les trata de mostrar a los funcionarios que ven y escuchan desde las pantallas de las computadoras donde se negocia vía Zoom, que la meta está bajo control; que, pese a un primer cuatrimestre complicado, es posible hablar del cumplimiento del compromiso asumido; y que en el caso de que haya que discutir un nuevo porcentaje, no será por una distorsión fuera de lo manejable. Más bien, según fuentes negociadoras, “matices”.
Según los argumentos locales, el gasto público habría caído en abril un 11%, tendencia que se repetirá entre mayo y junio; con lo que la variable corregirá en el segundo trimestre el desequilibrio del primero. Para la segunda mitad de 2023, el equipo económico está mostrando su carta más alta para la reducción del gasto: la aplicación de la suspensión masiva de subsidios a las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua. El caballito de batalla de las presentaciones de los cuadros del Palacio de Hacienda son las reducciones en los montos que se destinaban hasta abril en cuanto a los subsidios de los sectores de mayores ingresos de la zona CABA y el conurbano bonaerense; asegurándose esto alcanzará para fin de año a una reducción no menor del gasto público de un punto porcentual. Como piso, y sin contar el gas y el servicio de agua potable.
El segundo argumento para defender la política fiscal del equipo económico es mostrar que, si bien la recaudación impositiva cayó contra la inflación en los primeros cuatro meses del año, fruto del impacto de la sequía (algo que el FMI reconoce), se asegura que desde mayo la variable comenzó a mejorar a fuerza de la mejora en el consumo interno, los efectos de la inflación sobre los precios de la economía general y, fundamentalmente, por el aporte que la liquidación de exportadores del Dólar Agro comenzó a aportar. No se promete repetir los datos del último trimestre de 2022, cuando la recaudación superaba en casi 20 puntos porcentuales al alza de los precios, pero se afirma desde Hacienda que es un dato de la realidad que ya este mes hay un empate técnico, y que desde junio comenzará a verse una ventaja entre los ingresos y el alza de los precios, a favor de las cuentas públicas.
Desde el equipo económico negociador, se promete que con estos dos capítulos la posición fiscal del país volverá a posicionarse en línea con lo pactado con el FMI. Y que, si hubiera distorsiones sobre el 1,9% pactado originalmente (y que el Fondo no quiere negociar), se justificaría por los efectos indeseados de la sequía sobre la economía argentina. En síntesis, nada que un waiver tenue no pueda solucionar.
Tal como mencionó este medio, y en acuerdo en la posición fiscal, prácticamente todo ya está acordado entre las partes. Salvo quizá lo más importante: la política cambiaria. Y, desde comienzos de esta semana, el debate se concentra en si la propuesta de manejar (y acortar) la brecha cambiaria vía devaluaciones pactadas, controladas, algo manipuladas y quizá artesanalmente ejecutadas, da el resultado que se le promete al organismo. Que la brecha hoy superior al 100% pueda contraerse en un programa organizado y gradual, sin entrar a las recetas de shock. El argumento por el cual el Fondo podría aceptar que este “crawling peg” podría dar resultados, es la explicación que los argentinos le dieron a la gente de Washington, sobre que un shock sería inflacionario; mientras que la devaluación gradual y controlada del oficial a través de aceleraciones y frenos en el alza del precio del dólar, puede tener una consecuencia menor sobre el IPC.