El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.
En Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial, mientras que en paralelo se analizan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.
Por el momento, si bien en la administración libertaria se está discutiendo cómo cumplir con los fondos que marca la ley, el plan apuesta a la apelación sistemática de las determinaciones judiciales.
Revés judicial por el Financiamiento Universitario
