La respuesta oficialista en Diputados a la iniciativa opositora para consensuar leyes de discapacidad y morosidad, consistió en replicar propuestas propias que le permitan apropiarse de una agenda ajena y evitar que sus habituales aliados se pasen de vereda. Es por eso que a un día del plenario clave por discapacidad, y tras un cambio en la Secretaría del área, presentaron un proyecto que aspira a ser mayoritario.
La propuesta compartida en una reunión donde confluyeron distintos bloques, sostiene la esencia de la de emergencia en discapacidad que la oposición busca prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027, y presenta mínimas variables. Una de ellas es que la compatibilidad con los beneficios deja de ser determinado por el Congreso y pasa a ser en las condiciones dispuestas por el Poder Ejecutivo, que fijará los requisitos para percibirlos, que en la vigente ley estaban explicitados en siete requerimientos. Aunque legisladores oficialistas deben sellar el aval de Casa Rosada, proyectan tener -al menos- 41 firmas de las 80, por lo que alcanzarían la mayoría.
Todas las voces oficialistas reiteran que se trata de una "versión superadora" porque convertiría la ley de emergencia en una disposición de fondos permanente y previsible, lo que desde el radicalismo calificaron como "la autocrítica que hizo el Gobierno sobre el tema". El PRO fue más allá y lanzó un comunicado en donde criticó a los que insistieron con el tema y lograron ponerlo en debate: "Prorrogar es cómodo para la tribuna; ordenar el sistema es lo responsable".
Marcha atrás del Gobierno en discapacidad
