El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, mediante el cual el Gobierno modificó la Ley de Migraciones para endurecer las causales de expulsión de extranjeros, recibió cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional, quienes apuntaron principalmente contra el uso de esta herramienta por parte del Poder Ejecutivo.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien sostuvo que la reforma "avasalla al Congreso de la Nación" al haberse realizado mediante un DNU sin que existan las condiciones previstas por la Constitución Nacional para su dictado.
"Otra vez la ley de migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución. Esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro", escribió el abogado en su cuenta de X.
Además, planteó una crítica sobre el alcance de la nueva disposición al señalar que "lo paradójico es que con esta normativa Javier Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su 'discurso de odio'", en referencia a los enfrentamientos diplomáticos que el Presidente mantuvo con mandatarios de esos países.

