Con una deuda consolidada que supera los $213.900 millones y un enfrentamiento abierto entre los ministerios de Defensa y Seguridad por quién debe hacerse cargo del pasivo, la definición ya no parece estar al alcance de una comisión técnica sino del propio presidente Javier Milei en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El 6 de julio, el administrador del cierre de IOSFA, coronel mayor (R) Ariel Guzmán, elevó al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, un informe con las conclusiones de la quinta reunión de la Comisión Ad Hoc creada por el DNU 88/2026 para supervisar la liquidación del instituto y el nacimiento del nuevo esquema de salud militar.
Lejos de mostrar avances, el documento expone un panorama cada vez más comprometido. La ex IOSFA acumula un pasivo consolidado de $213.902.225.670, equivalente a unos u$s145 millones al tipo de cambio oficial.
El dato políticamente más sensible es que más de la mitad de esa deuda corresponde a obligaciones de las fuerzas de seguridad federales, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Las contribuciones pendientes de ambas fuerzas alcanzan los $139.057.260.804 millones, cerca de u$s94 millones, es decir, alrededor del 65% del pasivo total de la entidad en liquidación.

