La Justicia volvió a poner un freno sobre aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Esta vez, la medida fue dictada a partir de una presentación realizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), que obtuvo una cautelar para suspender la aplicación de una serie de artículos de la norma sobre el universo de trabajadores que representa.
La resolución fue firmada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63, a cargo de Raúl Ojeda, en el marco de una acción de amparo promovida por el sindicato en consonancia de un fallo similar firmado ante una presentación de la CGT. Según planteó la organización, los artículos cuestionados afectan derechos y garantías vinculados al empleo, la representación gremial y la negociación colectiva.
En concreto, la cautelar deja momentáneamente sin efecto, para los trabajadores jerárquicos mineros alcanzados por el reclamo, un conjunto amplio de disposiciones de la llamada Ley de Modernización Laboral N.º 27.802. Se trata de artículos que introducen cambios en puntos sensibles del régimen de trabajo, como las condiciones de contratación, los períodos de prueba, los despidos, las indemnizaciones, las responsabilidades empresarias y distintos aspectos de los derechos colectivos.

