Después de una primera audiencia pública que se extendió por 12 horas, la Cámara de Diputados cerró la participación ciudadana por la reforma a la ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. De los 80 disertantes iniciales, 76 (95%) no respaldaron el proyecto tal como está redactado. De los cuatro restantes, tres son directivos de compañías mineras.
Las audiencias públicas se vieron envueltas, desde antes de su inicio, en una controversia por la falta de representatividad de la participación, lo que incluso provocó dos medidas cautelares -rechazados por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7- y un pedido de impugnación para expandir la cantidad de intervenciones dentro de los más de 120.000 inscriptos.
En la primera jornada el listado de habilitados se limitó a 196 personas, aunque sólo participaron 95, de los cuales 84 (88,42%) rechazaron la reforma. Aún así, las diputadas peronistas Sabrina Selva y Lucía Cámpora plantearon que tres representantes cercanos a las mineras pudieron tomar la palabra sin integrar esa lista. Hubo cuatro personas presentes en Diputados que, tras doce horas de espera, tuvieron que retirarse sin intervenir cuando se levantó el plenario, en conjunto con la interrupción de la transmisión oficial.
Tras la segunda jornada, confluyen dos intenciones: una propuesta de Unión por la Patria de convocar a una consulta popular vinculante, y otra oficialista de llamar a una sesión para convertir la iniciativa en ley el próximo 8 de abril. A su vez, se presume que el Gobierno intentará garantizar la participación de gobernadores con proyección de inversiones mineras, tal como ocurrió en el Senado. Anticipándose a ese movimiento, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) solicitó que se amplíe la convocatoria "a los gobernadores de aquellas provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse comprometidas como consecuencia de eventuales modificaciones al régimen vigente".
Nuevo rechazo por la ley de Glaciares
