El Gobierno nacional volvió a poner en marcha la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto con el que busca eliminar leyes que considera obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución. La iniciativa apunta a simplificar el sistema legal, recortar normas acumuladas durante décadas y reducir lo que el oficialismo define como un exceso de intervención estatal.
La iniciativa no es nueva, ya que había sido anunciada en 2024 cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un texto bajo el nombre formal de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, con la intención de dejar sin efecto decenas de normas que, según el oficialismo, habían quedado desactualizadas, vacías de contenido o superadas por legislación posterior. En aquel momento se hablaba de 63 leyes a derogar en su totalidad y otras a modificar, aunque el impulso original perdió visibilidad con el correr de los meses. Nunca se debatió en comisiones.
Ahora, el Gobierno retoma esa agenda y sostiene que la Argentina arrastra un conjunto de normas dictadas en contextos políticos, económicos y tecnológicos muy distintos a los actuales, lo que derivó en un sistema legal extenso, difícil de interpretar y oneroso para ciudadanos, empresas y el propio Estado.
Gobierno reimpulsa la ley "Hojarasca"
