De La Plata, Córdoba, Buenos Aires, Formosa, San Juan, Corrientes: la adhesión de al menos 31 universidades públicas de todo el país a un paro nacional provocará que miles de estudiantes no comiencen el primer cuatrimestre a término. ¿El motivo? Reclaman que la ley de Financiamiento Universitario, sancionada, vetada y revertida por las dos cámaras durante el 2025, aún no se implementa pese a una medida judicial. Ante ello, el Gobierno trazó un camino alternativo: presentar un proyecto propio y aprobarlo en un Congreso más amigable.
"Durante el mes pasado hubo varias reuniones con la cúpula de las universidades para avanzar en algunos aspectos de la nueva ley", señalan desde el oficialismo, en donde subrayan el encuentro del 5 de febrero que quedó registrado a través de un fotografía protocolar, en donde confluyeron Carlos Torrendell (secretario de Educación), Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias), Carlos Greco (UNSAM) y Franco Bartolacci (UNR y vicepresidente de la Consejo Interuniversitario Nacional).
Las declaraciones de las autoridades académicas tras la reunión mostraban un clima positivo que, un mes después, no se sostiene en la mayoría de los rectores. "No veo sostenible un acuerdo entre ellos porque nunca están unificados. Siempre hay sospechas de algunos dialoguistas que resuelven lo suyo y operan al conjunto, mientras que hay otros más alineados con los claustros docentes y estudiantiles", explicaron desde el sector que promovió la ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno parece haber percibido esta descoordinación entre los directivos universitarios -que contrasta con la postura unánime del personal docente y no docente que convoca al paro desde el 16 hasta el 22 de marzo- y elevó al Congreso un proyecto de ley durante el período de extraordinarias. Aunque la iniciativa no fue ni mencionada por Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones, distintos miembros del bloque libertario aseguran que es prioridad. "Queremos terminar con el tema judicial, el tema político y el tema económico financiero", plantearon para Ámbito, y consideraron que "el Gobierno quiere una ley que sea cumplible y pagable". La Comisión de Educación no fue constituida aún ni en Diputados ni en el Senado.


