La expectativa de la sesión del Senado de estaba puesta en revertir el veto presidencial a la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional con criterio de coparticipación. Una vez que la oposición alcanzó ese objetivo, y ante la presencia de familias que impulsaron proyectos de ley, los legisladores acordaron dos propuestas que podrían modificar el paradigma de salud en la Argentina.
Así fue que el Senado sancionó la Ley de Calidad y Seguridad del Paciente, conocida como "ley Nicolás", que incentiva el reporte de los riesgos en los procedimientos sanitarios "a los fines de disminuir su incidencia futura en situaciones similares" y promueve el "acceso a la información" del paciente a la hora de recibir atención médica, entre otros objetivos. Contó con 69 votos a favor y uno en contra (de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del PRO).
El proyecto establece "protocolos de actuación del personal de salud", diseña "planes de auditoría de los sistemas de trabajo" de las instituciones sanitarias, propone "programas de autoevaluación" y "procesos estandarizados de vigilancia", instaura "una duración de los turnos y de las horas de trabajo del equipo de salud que eviten su agotamiento" y garantiza "una dotación del personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio". A través de la creación de un registro, se recabarán los informes de las instituciones y se divulgarán anualmente los resultados de las investigaciones.
