La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, deberá pagar más de mil millones de dólares al Estado.
Concretamente, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430.
Con la firma de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, el fallo aseguró que Tabacalera Sarandí no logró probar la afectación al derecho de propiedad ni la irrazonabilidad de la Ley de Impuestos al Tabaco, impuesta durante el gobierno de Mauricio Macri y que generó la larga batalla judicial.
La empresa de Otero no presentó “comprobante alguno de la supuesta adhesión”, aseguró la Corte.
Los jueces explicaron que los impuestos son un “valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general” y que resulta razonable que ciertas actividades tengan un tributo diferenciado.
