El Gobierno oficializó la puesta en marcha de una profunda reestructuración institucional para eficientizar el funcionamiento de la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objetivo de reducir el gasto público. Esta decisión se da horas después de que se diera a conocer el descubrimiento de la venta de información del juicio por YPF al fondo Burford, el que comenzó el proceso judicial contra Argentina.
Según precisaron desde el Poder Ejecutivo, el ajuste de personal implicará más de 60 desvinculaciones y una "drástica reducción de áreas técnicas". El Gobierno remarca que busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar la estructura al principio de austeridad.
Este recorte se suma a un achicamiento de personal que ya había comenzado en febrero de este año cuando ingresaron las nuevas autoridades. Desde ese momento, hubo una reducción del 20% de la plata. Ahora, pasará a haber cuatro en vez de seis Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
