El Gobierno trabaja sobre los argumentos jurídicos para vetar las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo descarta judicializar las iniciativas antes de rechazarlas a través del Boletín Oficial y asegura que hará foco en el reglamento del Senado para argumentar que la sesión fue inválida.
Los equipos técnicos de la Casa Rosada están preparando las medidas y sostienen que buscarán reforzar los contenidos de los vetos para que tengan un marco de aplicación para evitar una posible denuncia futura. En Nación reconocen además que evalúan oficializarlos recién el décimo día hábil luego de la sanción -el 24 de julio- para dilatar los procesos.
La estrategia jurídica la encabeza la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, en conjunto con su mesa de abogados y con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
En Balcarce 50 rechazan el argumento de que vetar la ley la valide y mantienen la intención de agotar todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria.
“Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar”, expresan en el oficialismo. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, es el encargado de negociar con los gobernadores y los aliados para intentar conseguir 86 votos, que le permitan sostener los vetos en Diputados.
El Gobierno busca hacer foco en su argumento de que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y en que lo aprobado durante la sesión del jueves no tiene validez. Es por eso que se escuda en el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que fija la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias entre las atribuciones del Presidente.
Otro de los argumentos que tiene en carpeta el Ejecutivo es el impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del último veto sobre un aumento jubilatorio. “El proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, expresa el decreto 782/2024.
La Casa Rosada sostiene también que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que manifiesta que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
En Balcarce 50 mantienen la postura de que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la “herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental” y que es atribución de Nación fijar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración. Apelan además a que la iniciativa implica un “agravamiento del estado de emergencia del sistema previsional”.
