La Justicia ordenó que las familias de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, desalojadas el pasado 12 de junio del paraje San Gabriel, en Cachi, puedan regresar a sus viviendas. Ahora impulsarán un jury contra la jueza que intervino en la causa.
La decisión representa un cambio de rumbo en una causa que generó una fuerte repercusión en Salta, ya que alrededor de 60 personas quedaron fuera de sus hogares en plena ola de frío.
La abogada Verónica Huber, que acompaña el reclamo de la comunidad diaguita, dijo que la Policía ya recibió la orden para avanzar con la restitución de las viviendas y sostuvo que el procedimiento se ejecutó sobre una interpretación incorrecta de la resolución judicial. “Había una sentencia que ordenaba el desalojo de un potrero de cuatro hectáreas donde había vacas y una hectárea sembrada, pero terminó ejecutándose el desalojo de sesenta personas”, explicó al periodista Daniel Díaz entrevistada en el programa El Día Perfecto (FM Capital 97.7).
Huber sostuvo que la disputa excede el reciente desalojo y recordó que llevan más de veinte años reclamando que el Estado reconozca la posesión ancestral de esas tierras.
“Para ser dueño de un inmueble no alcanza solamente con una escritura. También existe la posesión, y estas comunidades viven allí desde hace generaciones, incluso antes de la conformación del Estado argentino”, concluyó.
Pese a la decisión judicial, Ariel Prieto de la comunidad adelantó que el conflicto de fondo sigue siendo el reconocimiento definitivo de los derechos territoriales de las familias indígenas y que resistirán para defender sus tierras, a la vez que cargó contra los legisladores por su falta de compromiso y gestión para frenar el desalojo.
Solución parcial al desalojo en Las Pailas
