Tras el pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, en representación de la Unidad Fiscal Salta, se declaró compleja una investigación que se lleva adelante desde mayo del año pasado sobre el posible fraude en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad en la localidad de Joaquín V. González. En el caso, se investiga a 22 personas y se realizaron 17 allanamientos, donde se secuestraron 8 millones de pesos.
La decisión fue tomada por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, durante una audiencia donde además rechazó el pedido de la defensa de dos personas investigadas, que pedían tener acceso al legajo de investigación, algo que está vedado por el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Allí se establece que la defensa recién podrá acceder a su contenido una vez que se formalice la investigación penal.
Sobre este aspecto, el fiscal y la jueza coincidieron y explicaron que el rechazo se basa en la jurisprudencia ya dispuesta por ambas salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que estableció la imposibilidad de superar el límite determinado por dicha norma, aunque sí validó el pedido de información en cuanto al hecho y las personas investigadas, como lo establece el CPPF en el artículo 233.
Al respecto, el fiscal sostuvo que cumplió con dicho requerimiento, pues las 22 personas investigadas fueron notificadas de las actuaciones que se llevan adelante. Además, reveló que se realizaron 17 allanamientos y que se secuestraron 8 millones de pesos, numerosa evidencia documental y dispositivos electrónicos sobre los que se está llevando adelante una labor pericial.
Fraude de pensiones por Discapacidad en J. V. González
