El exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, se entregó de forma espontanea y volvió a poner sobre la mesa un tema delicado para la provincia.
Los allanamientos extendieron el mapa de la pesquisa hasta la capital salteña: fueron 32 procedimientos, según la información difundida tras la audiencia, y alcanzaron domicilios, empresas y espacios comerciales.
Entre ellos, la sede de El Huayra S.A.S., vinculada al catering para la actividad minera; el club de campo Altos de San Lorenzo y un inmueble de Caseros al 1300 donde funcionan un centro fonoaudiológico y un estudio jurídico. Se secuestraron teléfonos, computadoras, discos rígidos, documentación y remitos. «No son empresas personales del señor Martínez, están relacionados con otros imputados, entre ellos un contador», dijo el abogado del ex jefe comunal.
La Fiscalía sostiene que detrás de esa trama habría existido una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y el contrabando, y que el municipio de Aguas Blancas habría sido utilizado para darle apariencia legal al movimiento de fondos. La acusación habla además de contrataciones municipales utilizadas como pantalla, compra de votos y una estructura que habría continuado operando incluso después de la salida de Martínez de la intendencia. Once personas fueron imputadas y siete quedaron con prisión preventiva.
Luego de entregarse, la Justicia imputó al exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez como jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos y disponen su prisión preventiva por dos meses. Así lo decidió al mediodía el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya en una nueva audiencia de formalización de la investigación penal, requerida por la PROCUNAR NOA.
La defensa de Martínez presentaría el pedido de prisión domiciliaria por “motivos de salud”, en referencia de un tumor en la cabeza por el que fue operado. Su abogado Sergio Herrera aseguró que su estado era “delicado” y que la última intervención fue hace alrededor de dos meses. Sin embargo, informaron desde fiscales federales que “la única certificación médica presentada era de hace cuatro meses”. Herrera informó que Martínez fue intervenido en el Imac y el hospital San Bernardo. La fiscalía aseguró que la información requerida a dichos centros sanitarios “daba cuenta de una recuperación exitosa del paciente”.
De la audiencia participaron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, por la PROCUNAR NOA; Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de PROCUNAR y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.
Para sostener la prisión preventiva luego de que el intendente se fugara, la fiscalía advirtió además la posibilidad de entorpecer la investigación y de una nueva fuga, por el antecedente reciente y por la ubicación de su domicilio, colindante con Bolivia. Además destacaron los contactos que el exintendente ya mostró y reforzaron su pedido por su “capacidad económica, influencia en la zona dado su paso por la intendencia y sus conexiones políticas”.
La fiscalía tendrá seis meses más para avanzar en la investigación que ya lleva dos años. El ex intendente quedó alojado ahora en el penal de Villas Las Rosas.
Imputaron al ex intendente de Aguas Blancas
