Ante la media sanción de Diputados al Proyecto de Declaración que propone incorporar "psicólogos sociales" a los equipos técnicos de las unidades educativas de la provincia de Salta, para abordar problemáticas tales como el bullying, ciberbullying, grooming, convivencia escolar y manejo de emociones, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta manifestó su enérgico rechazo y preocupación institucional ante los términos en que fue abordado.
De acuerdo con las normativas internacionales, nacionales y locales vigentes, la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes debe constituir el eje central de toda política pública. Manifestaciones complejas que comprometen la salud mental requieren intervenciones de profesionales con formación universitaria específica, idoneidad acreditada y habilitación legal.
Resulta alarmante que una propuesta legislativa que asigna funciones vinculadas al abordaje de problemáticas emocionales y subjetivas haya sido impulsada sin considerar las funciones de este Colegio, organismo creado por ley para regular el ejercicio profesional, velar por las incumbencias de la profesión y resguardar el derecho de la comunidad a recibir prestaciones seguras.
Es imperativo señalar que la evaluación, orientación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del sufrimiento psíquico constituyen competencias exclusivas de las y los profesionales de la Psicología que cuentan con título universitario de grado y matrícula habilitante. La denominada "psicología social" es una vertiente teórica de nuestra disciplina, más no una habilitación para ejercer la clínica, coordinar grupos terapéuticos ni realizar intervenciones que requieran el amparo de una carrera de grado.
El uso del término "psicólogo" por parte de personas con formaciones técnicas o terciarias confunde deliberadamente a la comunidad, roza la ilegalidad y constituye un claro caso de intrusismo y usurpación de incumbencias que precariza el sistema de salud.
Frente a este atropello que pone en riesgo la salud mental de la población y vulnera los derechos de nuestros matriculados, este Colegio va a actuar con la mayor firmeza institucional. Siendo ésta, una tarea continua y presente de la institución que defiende nuestra profesión ante cada situación de ejercicio ilegal de la que toma conocimiento. Asimismo, intimamos a las instituciones públicas y privadas a revisar sus perfiles de contratación para no ser cómplices de esta situación, y pedimos a nuestros colegas mantenerse alertas y denunciar activamente estas irregularidades.
Exigimos que toda iniciativa legislativa vinculada a la conformación o fortalecimiento de equipos técnicos escolares sea elaborada con la participación real de las entidades competentes, sustentada en criterios científicos y orientada a garantizar los derechos de las infancias mediante profesionales debidamente habilitados.
A la sociedad salteña le recordamos que la salud mental es un asunto serio: exija siempre el número de matrícula profesional de su terapeuta.
Malestar de Psicólogos por un proyecto legislativo
