Con el Aporte del IPPIS, la comisión de Derechos Humanos del Senado completó una extensa ronda de consultas a distintos actores involucrados en la temática. El proyecto tiene por objeto la prevención, visibilización, sensibilización y educación sobre crímenes de odio consistentes en agresiones sexuales a personas pertenecientes a los pueblos originarios.
Luego de recopilar la opinión de distintos actores, como la Universidades Nacional y Católica de Salta, estamentos de gobierno como la Secretaría de Derechos Humanos, de la Mujer, de Salud, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y de ONG vinculadas a la temática, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado recibió el aporte de la conducción del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, en torno al Proyecto de Ley de prevención, visibilización, sensibilización y educación sobre crímenes de odio consistentes en agresiones sexuales a personas pertenecientes a los pueblos originarios, en todo el territorio provincial.
El encuentro tuvo fue encabezado por el presidente de la Comisión, Walter Cruz; junto a los senadores, Luis Altamirano, Dani Nolasco, Alejandra Navarro, Leonor Minetti y Jorge Soto. Por el IPPIS participaron su presidente, Enrique Arello, de la etnia Guaraní, el vicepresidente, Ulises Yañez, Diaguita y los vocales, Juan José Vega, Tapiete, Gabriel Espinoza, Toba y Alicia Yurquina del pueblo Coya.
Cruz sostuvo que en estos dos años el proyecto original se fue perfeccionando con el aporte de muchas instituciones, restando solo la del IPPIS, que fue invitado en otras dos ocasiones y que recién ahora se hizo presente de la mano de su nueva conducción. Puso como ejemplo de ese aporte el cambio del término “chineo” por “crimen de odio”, que tipifica con mayor precisión las agresiones sexuales que sufren las personas pertenecientes a los pueblos originarios.
El proyecto plantea la creación de una Comisión Especial compuesta por referentes del IPPIS, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público y de las universidades, con el objeto de relevar cantidad de casos registrados en los últimos diez años; lugares de los hechos; edad y genero de las víctimas, además de zona de residencia; edad y residencia de los signados como agresores; situación procesal y cuántos se encuentran actualmente en libertad, y sus reincidencias.
También se relevará si los signados como agresores son funcionarios, empleados o contratados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal; la cantidad de sentencias condenatorias; penas recibidas; cantidad de sentencias absolutorias y las medidas de protección y asistencia a las víctimas y su situación actual en el marco de los procesos.
Además se prevé que el Ministerio de Educación confeccione un proyecto de sensibilización para ser aplicado en la currícula escolar de todos los niveles, en forma obligatoria, incluyendo una perspectiva intercultural y de diversidad, donde el material a producir se traduzca a las diferentes lenguas de pueblos originarios de Salta.
