La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Dra. Teresa Ovejero Cornejo, y el intendente capitalino, Dr. Emiliano Durand, mantuvieron una reunión de trabajo con el propósito de analizar los avances en la implementación de los convenios específicos de colaboración suscritos el pasado 15 de abril entre ambas instituciones. El encuentro sirvió además para coordinar las acciones a seguir en el marco del nuevo Código Procesal Penal.
Los acuerdos alcanzados buscan optimizar los recursos disponibles de ambos organismos para maximizar los servicios prestados a la sociedad, permitiendo que los magistrados cuenten con herramientas concretas y articuladas al momento de imponer reglas de conducta en causas penales. Para el Poder Judicial, resulta estratégica esta colaboración institucional debido a que la Municipalidad de Salta cuenta con la capacidad operativa y la cobertura territorial necesarias para hacer posible y descentralizar la implementación efectiva de estos programas en los diferentes barrios de la ciudad.
Inclusión en capacitaciones y tareas comunitarias
Uno de los ejes principales de la mesa de trabajo fue el seguimiento del convenio que establece un marco de cooperación institucional para la inclusión formativa y laboral. A través de esta articulación, los jueces penales podrán incorporar a aquellas personas declaradas culpables en juicio que se encuentren sujetas al cumplimiento de reglas de conducta impuestas judicialmente –sea como alternativa al encierro efectivo o durante regímenes de libertad–.
Asimismo, la medida alcanzará a personas señaladas formalmente como presuntas autoras o partícipes de un delito cuyo juicio se encuentra suspendido y condicionado al cumplimiento de pautas de comportamiento y al ofrecimiento de reparación del daño. Los ciudadanos incluidos bajo estas órbitas participarán en los programas de capacitación en oficios gestionados por la comuna o en el cumplimiento de tareas comunitarias.
La gestión operativa de estos acuerdos estará centralizada en la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas del Poder Judicial (OMAS). Este organismo será el encargado de tramitar formalmente las solicitudes de inclusión, remitir los perfiles de habilidades de los justiciables y evaluar, junto al municipio, la factibilidad técnica y la disponibilidad de cupos de manera previa a la asignación de las tareas.
Programa de abordaje para varones que ejercieron violencia
El segundo convenio específico analizado aborda de manera prioritaria la problemática de la violencia de género, en consonancia con los mandatos de normativas internacionales y nacionales vigentes, tales como la Convención de Belém do Pará. En este sentido, las autoridades coordinaron las acciones para la puesta en marcha del "Programa de Abordaje Preventivo y Reeducativo en Varones que Ejercieron Violencia de Pareja".
Este dispositivo de reeducación psicosocial tiene como objetivos fundamentales disminuir las conductas violentas hacia la mujer, sensibilizar sobre la perspectiva de género, deconstruir el mandato patriarcal y reducir de forma efectiva la reincidencia penal mediante la reeducación.
Respecto al perfil de los participantes, el programa está destinado a varones que se encuentren en situaciones procesales de condena de ejecución condicional —cuando la asistencia sea impuesta como regla de conducta—, libertad condicional o bajo medidas alternativas a la prisión preventiva. Por el contrario, quedan expresamente excluidos aquellos agresores que registren condenas previas por delitos de género (configurando reincidencia penal específica), quienes presenten patologías mentales graves diagnosticadas que impidan el trabajo grupal, o bien aquellos con consumos problemáticos de sustancias que obstaculicen su permanencia.
Finalmente, la implementación y la coordinación general del programa estará a cargo de la Municipalidad de Salta, mientras que el Poder Judicial de Salta asumirá el acompañamiento técnico y la supervisión profesional de los equipos de ejecución.
Con este espacio de diálogo y planificación, ambas instituciones ratifican su compromiso de modernizar los procesos y consolidar canales digitales seguros que garanticen la trazabilidad, integridad y confidencialidad de la información en materia penal.
