La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó una pena de 14 años de prisión efectiva para Nelson Leonardo Cositorto, a quien considera autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, y responsable de estafas en modalidad de delito continuado, todo en concurso real.
Asimismo, requirió penas de prisión efectiva para Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, de ocho años; para Jorge Federico Vilardel, de seis años; para Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, de cuatro años de prisión; y para Vilma Griselda Albornoz, de tres años y seis meses, todos ellos por asociación ilícita y estafas en modalidad continuada, en concurso real. La fiscal solicitó además, la prisión preventiva para los cinco imputados hasta que la sentencia quede firme, y pidió que se investigue a Daniel Flores Jiménez por posible falso testimonio.
Salinas Odorisio, quien alegó durante tres horas, precisó que los acusados ocasionaron un perjuicio económico actualizado de $776.834.153.
Para la fiscal, quedó demostrado que, tras casi un mes de debate y cerca de cien testimonios, la autoría de los acusados en los delitos imputados está acreditada. Señaló que se comprobó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cositorto, quien diseñó un esquema con roles específicos para familiares y colaboradores, entre ellos los hermanos Vilardel.
Según la fiscal, esta organización operó con planificación y continuidad, con oficinas en Salta, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y un sistema para reclutar inversores y sostener la maniobra fraudulenta.
Salinas Odorisio describió que el modus operandi consistía en un esquema Ponzi, donde el dinero de los nuevos aportates servía para pagar a los anteriores, sin respaldo ni garantía real.
Para la fiscal, los integrantes de la red, especialmente los Vilardel, persuadían a los inversores con discursos convincentes y falsas garantías, ocultando los riesgos y prometiendo rendimientos inalcanzables. Destacó que en ningún momento se advirtió sobre el riesgo, solo se habló de ganancias.
La fiscal recordó que la burbuja explotó en Córdoba en enero de 2022, cuando cesó el ingreso de nuevos aportantes, generando un perjuicio millonario a los damnificados.
A pesar de ello, en marzo de 2022 los Vilardel seguían asegurando a los inversores que en Salta no había problemas. Señaló que, como responsables de la empresa, continuaban recibiendo dinero de la gente, aun sabiendo que Cositorto estaba prófugo de la Justicia en otro país.
Para la fiscalía, los Vilardel tuvieron un papel protagónico y directo en el esquema, actuando cara a cara con los inversores.
Salinas Odorisio afirmó que la gran habilidad de Cositorto era el coaching ontológico, una técnica para manejar el discurso, pero utilizada con fines maliciosos para manipular y engañar a los damnificados.
El juicio, que se desarrolla en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, es presidido por el juez Martín Pérez, acompañado por los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar.
Tras un cuarto intermedio, continuará con los alegatos de las partes.
