Efectivos de la comisaría segunda del Distrito de Prevención 7 detuvieron a tres hombres sospechosos que circulaban a pie por la ruta provincial 11. Ante la presencia policial intentaron fugarse por una zona de monte. 
Fueron localizados y reducidos. A pocos metros del lugar encontraron tres mochilas con paquetes rectangulares. De inmediato dieron intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas de la jurisdicción.
Los paquetes contenían más de 10 kilos de marihuana. Los sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Federal correspondiente. 
La sustancia incautada equivale a más de 41 mil dosis de droga. En lo que va del año la Policía de Salta incautó, en distintos procedimientos, más de 855 kilos de droga.

El fiscal penal Leandro Flores, representó a la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, en la audiencia de debate contra Kevin Godoy y Pablo Iván Sosa como coautores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, y contra Fernando Rodrigo Godoy como partícipe necesario del mismo delito.
La audiencia de debate inició el pasado lunes 30 de junio y este lunes, declararon los últimos testigos y se produjeron los alegatos de las partes, donde el fiscal Flores sostuvo la acusación y solicitó la pena de prisión perpetua.
El juez Francisco Mascarello, tras deliberar, dio a conocer esta tarde el fallo, donde condenó a Kevin Godoy a la pena de 8 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva como autor del delito de homicidio simple. A Fernando Rodrigo Godoy y a Pablo Iván Sosa a la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva como partícipes secundarios del delito de homicidio simple.
En el mismo fallo, dispuso la revocación del arresto domiciliario de los ahora condenados y que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho ocurrió 21 de octubre de 2023, en la localidad de Vaqueros, donde un joven de 23 años resultó gravemente herido con un arma blanca. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, falleciendo a causa de un shock hipovolémico, producto de una herida grave de arma blanca en el miembro inferior.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Pena 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, tomó intervención tras el reporte del hallazgo de restos óseos que pertenecerían a un cuerpo humano, en un lote de la localidad de Vaqueros, cuando se realizaban tareas de campo en un terreno.
Entre las medidas dispuestas, la fiscal Sodero Calvet, dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para cumplir con las tareas de rigor en el lugar y el traslado de los restos óseos al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizarán las pericias pertinentes, que permitan esclarecer la situación.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda delictiva en el marco de una causa por asociación ilícita, suplantación de identidad y estafa en perjuicio de un ciudadano en Rosario de Lerma. La investigación inició con la denuncia del damnificado en el mes de junio.
En ese marco, se allanaron cuatro inmuebles en los barrios Ecosol, San Rafael y Palermo de la localidad. Se detuvieron a cuatro mujeres mayores de edad que fueron puestas a disposición de la Justicia.
Durante los procedimientos, se secuestraron 10 celulares, entre otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.
 

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, investiga un hecho ocurrido el pasado 20 de julio por la mañana en barrio Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Salta, donde un hombre de 27 años resultó gravemente herido con un arma blanca en la zona abdominal, por lo que debió ser hospitalizado.
Tras el reporte del hecho, trabajó en el lugar personal de Criminalística del CIF para realizar las tareas de rigor.
En el avance investigativo, la Unidad de Investigación UGAP logró individualizar a un hombre de 31 años como sospechoso de haber puesto en riesgo la vida del lesionado, por lo que se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria, su detención, la que se concretó en las últimas horas.

El fiscal penal Gabriel González, interino en la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, tomó intervención tras el reporte de un siniestro vial ocurrido el pasado 19 de julio en paraje Papachacra, a 15 kilómetros de Santa Victoria Oeste.
Según consta en las actuaciones, los dos adultos que viajaban junto a dos menores de edad, descendieron del vehículo, dejándolo en marcha y en circunstancias que se tratan de establecer, el automóvil comenzó a retroceder hacia una pendiente vertical.
El conductor del vehículo en el intento de detener su marcha, fue embestido y falleció. Los menores perdieron la vida tras la caída desde una altura de más de 100 metros, lo que fue constatado por un médico del hospital local y luego por el médico forense.
Tras tomar conocimiento del hecho, se dispuso el cumplimiento de todas las medidas de rigor para esclarecer lo sucedido.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) en el marco del Plan Piloto de Oralidad, para resolver el pedido de prisión preventiva para Carina Alejandra Carrizo como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Con el acuerdo de las partes, se arribó a un juicio abreviado y tras recibir la confesión de la acusada, el juez de Garantías 2 del distrito Centro, Ignacio Colombo, condenó a Carina Alejandra Carrizo a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.
La intervención de la UFINAR comenzó en diciembre de 2024, a partir de una denuncia realizada a través de la web del Ministerio Público Fiscal, donde se señalaba que, en una vivienda del barrio Las Tunas, Cerrillos, se vendía “paco”. El fiscal Torres Rubelt encomendó al Grupo de Drogas 3A de la Policía de Salta el inicio de la investigación.
Los efectivos realizaron tareas de campo y lograron identificar la vivienda denunciada, registrando a Carrizo mientras intercambiaba droga por dinero en distintos días y horarios.
Con autorización del Juzgado de Garantías interviniente, el 28 de junio pasado se allanó la vivienda, donde se secuestraron 130 dosis de cocaína, una balanza gramera, un cuchillo y una tijera con restos de sustancia, un celular y dinero en efectivo.

El hecho sucedió el pasado 14 de julio en la localidad de Coronel Juan Solá, donde el acusado se presentó en el domicilio de su expareja y en circunstancias que se investigan, la lesionó con un arma blanca en distintas partes del cuerpo y también resultó herida una hija menor de edad de la mujer.
Inicialmente, la fiscal penal de Embarcación en feria, Gabriela Souto, lo imputó como autor del delito de lesiones graves agravadas por haber mediado violencia de género (dos hechos) y solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria, que permanezca detenido.
A partir de las primeros informes obtenidos en la investigación, donde se cuenta la entrevista con la expareja del acusado, la fiscal Souto giró las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, debido a la gravedad que reviste el hecho, para que se amplíe la acusación por la posible comisión del delito de tentativa de homicidio calificado.

La fiscal penal 1 de Orán en feria, Daniela Murúa, encabeza investigaciones por la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo en esa ciudad, denunciadas en forma anónima por los vecinos y en ese contexto, habiendo reunido los elementos de convicción suficientes en relación a distintos puntos de venta activos, solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, orden de allanamiento, secuestro y detención para 5 domicilios vinculados a las personas investigadas.
En cumplimiento de la medida autorizada, mas de 100 efectivos de distintas unidades especiales del Distrito de Prevención 2, encabezados por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda y el subjefe de Policía, Walter Toledo, se logró la detención de tres mujeres y dos hombres y el secuestro de alrededor de mil microdosis de pasta base y marihuana, dinero, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés.
La fiscal Murúa señaló que los detenidos serán imputados este viernes, luego del control de legalidad.

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán en feria, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra Maite Magdalena Armella como autora de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil en concurso real.
El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Raúl Fernando López, luego de recibir la confesión de la acusado y con el acuerdo de las partes, la condenó a una pena de 4 años y 2 meses de prisión de ejecución efectiva, al pago de una multa y la declaró reincidente en atención a sus antecedentes condenatorios.
La investigación inició a partir de la sospecha de que la acusada estaría comercializando sustancias estupefacientes en su domicilio en la ciudad de Orán. Con los elementos de convicción suficientes, se realizó un allanamiento en la vivienda y se se secuestraron terrones de pasta base, marihuana, un arma de fuego, dinero, celulares, una balanza gramera y otros elementos de interés.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Gabriel González, imputó de forma provisional a dos hombres de 26 y 35 años como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.
Ambos fueron asistidos por defensa particular y prestaron declaración durante la audiencia de imputación, dando su versión de los hechos.
Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, la prisión preventiva de los acusados en atención a la gravedad del hecho y de sus antecedentes delictivos.
El hecho investigado ocurrió el pasado sábado por la madrugada, cuando un hombre de 43 años fue lesionado en el interior de su vivienda, en barrio Ciudad del Milagro, zona norte de la ciudad, en un contexto de comercialización y consumo de sustancias estupefacientes.
El lesionado fue asistido y falleció en el hospital San Bernardo por la gravedad de la herida sufrida. Los sospechosos fueron individualizados a partir del trabajo de la Unidad de Investigación UGAP y fueron detenidos el mismo día.

La Justicia Civil Ordinaria dispuso el desalojo en territorio de los ex Lotes Fiscales 55 y 14, en la causa sobre/Reivindicación, Expediente Nº 393.179/12, luego de más de 13 años de litigio. Los usurpadores se habían apoderado de una finca ubicada en el paraje denominado Hito 5 del municipio de Santa Victoria Este, colindante con la frontera con Bolivia. Además, uno de los codemandados, en el año 2021, había sido condenado en la Justicia Penal Federal por delitos vinculados al tráfico ilegal cometidos en el mismo predio.
La ejecución de la medida de desalojo ordenada por la Justicia de Salta se llevó a cabo con el auxilio de la fuerza policial, conforme fuera ordenado en el oficio judicial. Todo ello en virtud de  los antecedentes del caso, la oposición realizada por parte de los demandados y la ubicación fronteriza del predio, finalmente se pudo llevar adelante la desocupación en forma voluntaria y pacífica. De esta manera, la Provincia recuperó 3.500 hectáreas usurpadas, que ahora fueron incorporadas al proceso de regularización de tierras, a favor de familias campesinas criollas, que acreditaron derechos posesorios.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado para Juan Pablo Lambertucci como autor del delito de robo doblemente agravado por cometerse en poblado y en banda y desobediencia judicial en concurso real, y a Adrián Gustavo Albornoz como partícipe secundario del mismo delito.
El juez Mario Dilascio, luego de recibir la confesión de los acusados y con el acuerdo de las partes, que incluyó una querella en representación del damnificado, condenó a Lambertucci a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta y a Albornoz, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.
En la audiencia se dejó presente que las partes alcanzaron un acuerdo particular respecto a la reparación del daño causado.
Según consta en las actuaciones, el 29 de octubre de 2024, en esa ciudad, personas desconocidas irrumpieron en la vivienda de un comerciante y le robaron una millonaria suma de dinero en pesos argentinos y moneda extranjera.
El personal policial afectado, en cumplimiento de las tarea investigativas, analizó cámaras de seguridad y relevó testigos, logrando así identificar a los sospechosos, uno de ellos familiar político del damnificado.
El fiscal Gómez Amado destacó el minucioso trabajo de la Brigada Investigaciones Nº3 de Metán, que permitió lograr el esclarecimiento del hecho, donde no se descarta la imputación de otros participantes.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra Noelia Herrera y Ana Ramos como coautoras del delito de falsificación de documento público (cinco hechos) en concurso real.
La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, Sandra Sánchez, luego de recibir la confesión de las acusadas y con el acuerdo de las partes, condenó a Herrera a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta y a Ramos a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución efectiva, declarándola reincidente por primera vez.
La denuncia fue realizada por un médico del hospital de Tartagal, quien tomó conocimiento de que se habían vendido certificados médicos y completado formularios para trámites con su nombre.
La Brigada de Investigaciones individualizó a las dos mujeres, una de ellas empleadas del nosocomio y en allanamientos realizados en sus domicilios, se le secuestraron sello, recetarios y otros elementos de interés.
Llegaron a juicio acusadas de confeccionar certificados médicos y completar documentación de carácter público, usando un sello falso y firmando en nombre del profesional denunciante.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones,  desarticuló una banda delictiva que operaba en El Quebrachal, departamento Anta. La causa inició por múltiples denuncias por delitos contra la propiedad ocurridas en inmuebles particulares y establecimientos educativos.
En ese contexto, policías de la Brigada de Investigaciones de Joaquín V. González con el apoyo de recursos del Distrito de Prevención 5, allanaron simultáneamente 12 viviendas en los barrios Santa Rosa de Lima, Aborigen, Evita, San Ceferino y San Isidro. Se secuestraron electrodomésticos, armas,  herramientas, entre otros elementos de interés para la causa.
Los investigados, 6 jóvenes mayores de edad, fueron puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal de El Quebrachal y el Juzgado de Garantías jurisdiccional.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de juicio abreviado contra Rubén Leonardo Torina, imputado como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por encontrarse en estado de emoción violenta.
El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, Ricardo Martoccia, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a una pena de 15 años de prisión de ejecución efectiva y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho investigado ocurrió el pasado 1 de febrero en una vivienda de barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Embarcación, cuando se reportó la presencia sin vida de un hombre de 25 años.
De las tareas investigativas desplegadas por la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, se pudo identificar como sospechoso a Torina, con quien la víctima mantenía una relación de pareja.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) llevó adelante el secuestro de un perro de raza pitbull, de color negro, luego de un incidente que involucró a un niño de cinco años, ocurrido en el barrio Siglo XXI.
El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo, aproximadamente a las 19:15, cuando el menor circulaba por la vía pública acompañado por su madre, en dirección a un comercio local. De manera sorpresiva, el perro salió de una vivienda del barrio y se abalanzó sobre el niño, mordiendo su pierna derecha.
La madre trasladó de inmediato al niño al Hospital Materno Infantil, donde fue asistido de urgencia y sometido a una intervención quirúrgica. Debido a la gravedad de las lesiones, el menor permaneció internado varios días para su valoración y recuperación, ya que se le realizó una reconstrucción en la pierna derecha.
Según declaró la denunciante, el animal ya había protagonizado incidentes similares en el pasado. Incluso, en 2024, ella misma sufrió una mordida del mismo perro en el pie izquierdo, aunque en esa ocasión no realizó la denuncia correspondiente.
Tras recibir la denuncia, UFICON solicitó al Juzgado de Garantías en turno la autorización para allanar la vivienda donde se encontraba el animal y proceder a su secuestro. Asimismo, solicitó que el perro fuera trasladado al Hospital Público de Mascotas de la Municipalidad de Salta para su evaluación.
Personal policial se presentó en el lugar para constatar los hechos, tomando fotografías del animal y del entorno, además de realizar un relevamiento entre los vecinos.
Con la información recabada  y el informe médico, UFICON concretó el secuestro del animal, como medida preventiva.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que la jueza Ada Zunino, del Juzgado de Garantías 1, condenó a cuatro años de prisión efectiva a Gisel Marlene Anahí Velázquez, por comercialización de estupefacientes.
La mujer fue detenida el 28 de mayo en su domicilio del barrio Santa Teresita, en la localidad de General Güemes. El operativo fue el resultado de una investigación iniciada meses atrás, cuando el padre de una persona con problemas de adicción informó a un oficial que realizaba patrullaje preventivo que había seguido a su hijo hasta el lugar donde adquiría droga.
Con esa información, personal de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, bajo la dirección de los fiscales de la UFINAR, inició una investigación que permitió documentar a la acusada en diferentes días y horarios intercambiando sustancias estupefacientes por dinero.
Una vez reunidas las pruebas, se solicitó al Juzgado de Garantías la autorización para el allanamiento del domicilio. Durante el procedimiento se secuestraron siete plantas de cannabis sativa, más de cien dosis de cocaína acondicionadas para la venta, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación Colonia Santa Rosa, imputó de forma provisional a un hombre de 34 años como autor del delito de robo simple.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que el acusado permanezca detenido.
El hecho sucedió el pasado 26 de junio en un club deportivo de Colonia Santa Rosa, donde tras violentar un portón, ingresaron a predio, dañaron el soporte de la cámara de seguridad y sustrajeron el aparato empleado para vigilancia.
Un miembro del club se topó con el sospechoso en el lugar, pero al sentir temor, no impidió que se retirara y realizaron la denuncia en forma posterior.

La fiscal penal Celina Morales Torino, subrogante en la Fiscalía 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia realizada mediante trámite abreviado, en la que el juez Federico Diez, de la Sala 7 del Tribunal de Juicio, condenó a un hombre a ocho años de prisión efectiva.
La Fiscalía lo acusó como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y la convivencia. Tras conocer las pruebas en su contra, el imputado admitió haber cometidos el delito.
En 2023, una mujer se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 y solicitó la presencia policial en su domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos fueron informados por la denunciante que acababa de tomar conocimiento de que su pareja había abusado sexualmente de su hija de 12 años. La mujer solicitó la exclusión del hogar del hombre.
En sede fiscal, tanto la maestra como la directora del establecimiento educativo al que asistía la menor declararon que la niña le contó a su docente lo que estaba ocurriendo. A partir de esa revelación, la institución se comunicó con la madre para informarle sobre la situación familiar.
La mujer, que se encuentra en tratamiento por una enfermedad, conversó con su hija, quien le relató los abusos que venía sufriendo por parte de su padrastro. En Circuito Cerrado de Televisión, la niña brindó detalles sobre los hechos. Manifestó que no se había animado a hablar antes porque su padrastro financiaba el tratamiento de salud de su madre y temía que dejara de hacerlo.
Teniendo en cuenta los informes médicos, psicológicos y ambientales, así como los testimonios reunidos, se acusó formalmente al hombre de 55 años.

La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó una pena de 14 años de prisión efectiva para Nelson Leonardo Cositorto, a quien considera autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, y responsable de estafas en modalidad de delito continuado, todo en concurso real.
Asimismo, requirió penas de prisión efectiva para Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, de ocho años; para Jorge Federico Vilardel, de seis años; para Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, de cuatro años de prisión; y para Vilma Griselda Albornoz, de tres años y seis meses, todos ellos por asociación ilícita y estafas en modalidad continuada, en concurso real. La fiscal solicitó además, la prisión preventiva para los cinco imputados hasta que la sentencia quede firme, y pidió que se investigue a Daniel Flores Jiménez por posible falso testimonio.
Salinas Odorisio, quien alegó durante tres horas, precisó que los acusados ocasionaron un perjuicio económico actualizado de $776.834.153.
Para la fiscal, quedó demostrado que, tras casi un mes de debate y cerca de cien testimonios, la autoría de los acusados en los delitos imputados está acreditada. Señaló que se comprobó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cositorto, quien diseñó un esquema con roles específicos para familiares y colaboradores, entre ellos los hermanos Vilardel.
Según la fiscal, esta organización operó con planificación y continuidad, con oficinas en Salta, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y un sistema para reclutar inversores y sostener la maniobra fraudulenta.
Salinas Odorisio describió que el modus operandi consistía en un esquema Ponzi, donde el dinero de los nuevos aportates servía para pagar a los anteriores, sin respaldo ni garantía real.
Para la fiscal, los integrantes de la red, especialmente los Vilardel, persuadían a los inversores con discursos convincentes y falsas garantías, ocultando los riesgos y prometiendo rendimientos inalcanzables. Destacó que en ningún momento se advirtió sobre el riesgo, solo se habló de ganancias.
La fiscal recordó que la burbuja explotó en Córdoba en enero de 2022, cuando cesó el ingreso de nuevos aportantes, generando un perjuicio millonario a los damnificados.
A pesar de ello, en marzo de 2022 los Vilardel seguían asegurando a los inversores que en Salta no había problemas. Señaló que, como responsables de la empresa, continuaban recibiendo dinero de la gente, aun sabiendo que Cositorto estaba prófugo de la Justicia en otro país.
Para la fiscalía, los Vilardel tuvieron un papel protagónico y directo en el esquema, actuando cara a cara con los inversores.
Salinas Odorisio afirmó que la gran habilidad de Cositorto era el coaching ontológico, una técnica para manejar el discurso, pero utilizada con fines maliciosos para manipular y engañar a los damnificados.
El juicio, que se desarrolla en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, es presidido por el juez Martín Pérez, acompañado por los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar.
Tras un cuarto intermedio, continuará con los alegatos de las partes.

La Unidad Fiscal, creada por resolución 1597/25 del procurador general, Pedro García Castiella, para la búsqueda de Rosmery Aramayo Torres, e integrada por los fiscales penales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina, informó que se llevó a cabo una nueva jornada de búsqueda y rastrillaje con el objetivo de dar con su paradero.
Los fiscales Vega, Cabot y Medina, junto a la auxiliar fiscal de la UGAP Tartagal, Cecilia Pérez, coordinaron en el terreno, el trabajo de aproximadamente 50 efectivos policiales de distintas áreas operativas de la jurisdicción, personal dependiente de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal y la Unidad Especial de Investigación del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF a cargo del Comisionado Coadyuvante Crio. Gral. ®️ Juan R. Miranda; Policía Federal, efectivos de la Policía de Catamarca de División Canes a cargo del Crio. Insp. Oscar Barrientos con 2 canes adiestrados en especialidad RH (Detección de Restos Cadavéricos Humanos) y personal de Defensa Civil.
El operativo inició en el paraje El Pelícano, camino llamado El Quebrachal, para lo cual se conformaron grupos de trabajo, quienes se desplazaron a diferentes puntos cardinales, donde se verificaron diferentes lugares que presentaban desniveles y hundimiento de tierra.
Las tareas continuaron ampliando el margen hacia el norte y sur del camino, finalizando a las 17 de este martes, sin registrarse novedades.
Los fiscales Vega, Cabot y Medina, destacaron que en el operativo estuvieron presentes familiares de la mujer buscada.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio para 13 personas a las que acusa de explotación y organización de juegos de azar en la provincia de Salta, en calidad de coautores.
La investigación realizada por la UDEC, en conjunto con el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), permitió detectar una compleja red dedicada a la captación de apuestas para un sitio web no autorizado, vinculado a la plataforma bet365. Esta actividad, desarrollada sin la correspondiente licencia para operar en la jurisdicción provincial, se dirigía a residentes en Salta, vulnerando así la normativa vigente sobre juegos de azar.
De acuerdo con los investigadores, la organización operaba mediante una estructura jerárquica que incluía a “respaldos” encargados de administrar los fondos y pagar los premios; “administradores”, responsables de reclutar a los operadores directos; y finalmente, “cajeros” que captaban apostadores y gestionaban las cargas de dinero a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Así, los “cajeros” recibían accesos a plataformas que simulaban ser sitios de apuestas oficiales, pero que en realidad operaban a través de dominios suplantados, lo que dificultaba su detección y control. En este esquema, los principales responsables de la gestión de fondos y la distribución de créditos virtuales eran personas ligadas a la firma AXON S.A.S., empresa que declara actividades distintas a los juegos de azar y se encuentra radicada en Buenos Aires.
Durante la investigación, se utilizó la figura del “Agente Encubierto Digital” en medios de comunicación informáticas y juegos en línea, con el fin de simular interés en los “casinos online”. Esta estrategia brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que permitieron conocer con mayor certeza la operatoria desplegada por los sospechosos tanto en nuestra ciudad como en el interior del país.
A través de entrecruzamiento de datos, intervención de líneas y el empleo del “Agente Encubierto Digital”, personal del grupo investigativo UDEC logró identificar a los imputados, quienes, sin contar con autorización del ENREJA, se encontraban a cargo de distintas áreas dentro de una red ilegal denominada “Las Únicas”. Entre ellos, Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín habrían ejercido roles de administradores generales, supervisando y coordinando las actividades, incluyendo la recepción y transferencia de fondos.
Asimismo, se detectó la participación de otros integrantes, como Mariela Andrea Mollo, quien cumpliría funciones administrativas y de promoción; Facundo Villalba, implicado en la facilitación de transferencias y en la adquisición de vehículos con fondos provenientes de la red; y operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, quienes se habrían encargado de la gestión de cajeros, capacitación y estrategias de captación.
En paralelo, la pareja integrada por Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco habría administrado redes internas de cajeros y utilizado vehículos adquiridos con recursos de la organización. Por su parte, Constanza María Di Leandro, vinculada sentimentalmente con Galván, sería responsable de los movimientos financieros entre los integrantes de la red.
Para la fiscal Salinas Odorisio, el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y ENREJA, basado en análisis contables, registros telefónicos, allanamientos y seguimientos virtuales, permitió recolectar pruebas que indican la operatividad de la red sin las autorizaciones legales pertinentes, generando un perjuicio económico para la provincia y comprometiendo la integridad del sistema regulatorio.
Roles dentro de la red “Las Únicas”
Roberto San Martín: Presunto administrador general y coordinador de la red, responsable de supervisar y recibir fondos. No registrado ante ENREJA.
Tomás Nahuel San Martín: Imputado como administrador general junto a su padre, colaborador en promoción y manejo de fondos. No registrado.
Mariela Andrea Mollo: Presunta administradora con funciones de promoción y administración de personal, vinculada a Roberto San Martín. No registrada.
Facundo Villalba: Imputado como administrador operativo, vinculado a la gestión de transferencias y adquisición de bienes con fondos ilícitos. No registrado.
Walter Marcelo Lobo: Presunto administrador a cargo de la red de cajeros y promoción de usuarios. No registrado.
Lucas Nicolás Galván: Supuesto administrador superior de grupos de cajeros, responsable de capacitaciones y estrategias de marketing. No registrado.
Adolfo Ignacio Rodríguez: Imputado con rol de administrador general junto a Galván, encargado de coordinación y motivación de cajeros. No registrado.
Andrea Celeste Verón: Presunta administradora y promotora en la provincia, responsable de la gestión de redes internas de cajeros. No registrada.
Juan José Carrasco: Imputado administrador y pareja de Verón, encargado de tareas de gestión y captación. No registrado.
Constanza María Di Leandro: Presunta administradora financiera, vinculada sentimentalmente a Galván, con participación en movimientos de fondos. No registrada.

El juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, hizo lugar al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y ordenó que elevar a juicio la causa que se sigue contra 27 imputados vinculados a la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, entre ellos, 13 efectivos de la Policía de la provincia.
En línea con lo solicitado por la fiscalía, el juez también dispuso el sobreseimiento de cinco personas.
Luego de evaluar los fundamentos presentados por la UDEC como resultado de la investigación penal preparatoria, el magistrado consideró que las pruebas resultan suficientes para considerar la probable participación de los imputados. Asimismo, rechazó los planteos de nulidad y solicitudes de sobreseimiento presentados por las defensas de Fabricio Nieva, Nidia de los Ángeles Valdéz, Zulma Yanina Joana Correa, María Eugenia Espinosa y Edgardo Ariel Velazco.
Cabe destacar que Cynthia Elizabeth del Valle Moya será juzgada como jefa u organizadora de una asociación ilícita, y por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado, en concurso ideal.
Por los mismos delitos también serán juzgados Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Exequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando.
Javier Maximiliano Juárez enfrentará cargos por una estafa, una falsedad documental y asociación ilícita. Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez serán juzgados por asociación ilícita y abuso de autoridad.
María Eugenia Espinosa, por asociación ilícita y peculado; Alberto Sebastián Giménez, por asociación ilícita; y Nidia de los Ángeles Valdéz, por encubrimiento agravado por su rol de funcionaria pública.
Emanuel Jonathan Pardo Tárraga irá a juicio por violación de secretos y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público. Juana Manuela Gorritti, Hugo Dante Carlos Moya Gorritti y Antonio Francisco Acosta enfrentarán cargos por encubrimiento, agravado por ánimo de lucro.
Según la acusación presentada por la fiscal Salinas Odorisio, Moya fue quien organizó y dirigió la financiera Ríos & Asociados, dedicada a captar inversores mediante la promesa de intereses del 100% en plazos breves —15, 30 o 60 días—. En realidad, se trataba de una maniobra defraudatoria: utilizaban el dinero de nuevos aportantes para pagar a los anteriores, dando una apariencia de solvencia que incentivaba nuevas inversiones. Para reforzar la confianza, se hacían firmar contratos de mutuo con información adulterada de un supuesto presidente, un abogado de apellido Figueroa, cuya identidad —firma, sello, CUIT y demás datos personales— fue completamente falsificada.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional a un hombre de 39 años como autor del delito de robo simple.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva del acusado, quien posee antecedentes delictivos.
El hecho sucedió el pasado mes de abril, cuando un ciudadano francés se alojó en un hostal de la ciudad de Salta y detectó que le habían sustraído prendas de vestir, dinero y otros bienes desde su casillero, al que accedieron a través de un boquete en la pared.
De las tareas llevadas a cabo por personal del Grupo Investigativo del Sector 2, se pudo establecer que el sospechoso es un hombre que estuvo alojado en el lugar y conocido en el ambiente delictivo.
Su detención se concretó en el área céntrica de Salta, en momentos en que el acusado realizaba tareas de cobro informal de estacionamiento en la vía pública.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, lleva adelante la averiguaciones necesarias a partir de la denuncia presentada por el director de la oficina de Anses de la ciudad de Metán, contra dos legisladores nacionales y un asesor político, por la presunta exigencia del pago de aportes partidarios como condición para mantener la designación en cargos políticos.
La denuncia fue formalizada el día 13 de junio, en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y motivó el inicio de la averiguación preliminar para determinar la sospecha o no de una conducta penal.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó de forma provisional a una mujer de 28 años y un hombre de 38 años, como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Durante la audiencia de imputación, ambos se abstuvieron de declarar y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de su detención.
Tras la denuncia anónima de vecinos de barrio Matadero, la Sección de Investigación Narcocriminal Sector Nº 44 de la ciudad de Embarcación, inició una investigación sobre la supuesta comercialización de sustancias estupefacientes que estarían realizando un hombre y una mujer desde un domicilio de ese grupo habitacional.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, la fiscal Souto solicitó orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de los investigados ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito.
En cumplimiento de la medida se detuvo a los sospechosos y se secuestraron estupefacientes, dinero, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 26 años como autor del delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública y violación de domicilio en concurso real.
Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías en turno, que se mantenga su detención.
El pasado 6 de junio, una mujer dejó estacionada su motocicleta en la vía pública al dirigirse a tomar un curso de capacitación. Al retirarse, se percató de que personas desconocidas se la habían sustraído.
Con el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se individualizó a un hombre como sospechoso, logrando su detención y el secuestro del rodado.
Además, se le imputó el ingreso sin autorización al domicilio de un tercero cuando intentaba huir.

La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa contra Matías Exequiel Sosa Geracaris, por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (39 hechos) en concurso real y estafa en grado de tentativa.
El imputado, titular de la agencia de viajes MSG Turismo, fue detenido el pasado 20 de marzo por pedido de la fiscal Salinas Odorisio, en el marco de una investigación por estafas vinculadas a la comercialización de paquetes turísticos.
La intervención de la UDEC comenzó en febrero de 2025, a partir de numerosas denuncias ingresadas al Ministerio Público Fiscal por la venta de paquetes turísticos que nunca se concretaron, en su mayoría con destino al exterior. Según relataron los damnificados, a pesar de haber abonado la totalidad de los pasajes y la estadía, no pudieron concretar los viajes, ya que ni las aerolíneas ni los hoteles habían recibido los pagos correspondientes.
Tras investigar las denuncias, la Fiscalía estableció que el titular de la firma Liberakis SAS -que opera bajo el nombre comercial MSG Turismo- contaba con una oficina céntrica en Salta, lo que le otorgaba una imagen de formalidad y solvencia. Aprovechaba ese marco para ofrecer paquetes turísticos con atractivas condiciones de pago.
En los allanamientos y con la documentación aportada por los damnificados, la Unidad de Investigación de UDEC logró reunir facturas emitidas desde el sistema de facturación digital ARCA, recibos, reservas de pasajes con membrete de “Producción de MSG Turismo” y capturas de pantalla de supuestas reservas de vuelos y alojamientos. Para la Fiscalía, estas pruebas son clave para demostrar el fraude, ya que muchas de las reservas resultaron ser falsas o, en algunos casos, parciales. Incluso entre quienes sí viajaron, los servicios fueron notablemente inferiores a los contratados, con menos noches de hotel, cambios de categoría y servicios no incluidos.
En su requisitoria, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que las sumas recibidas no se utilizaron para pagar a los proveedores turísticos, por lo que los paquetes nunca fueron efectivamente reservados.
Según el informe contable de UDEC, el perjuicio económico total asciende a $44.237.341,30, USD 95.646,20 y R$776 (setecientos setenta y seis reales), correspondientes tanto a quienes nunca viajaron como a quienes debieron afrontar gastos adicionales para completar sus viajes por servicios no cubiertos.
En cuanto a la acusación de estafa en grado de tentativa, el acusado ofreció -el 9 de marzo- como caución real un vehículo BMW con el objetivo de obtener una resolución judicial favorable que evitara una medida restrictiva de su libertad. Sin embargo, los investigadores descubrieron que el rodado había sido transferido el 5 de marzo —cuatro días antes del ofrecimiento— y que su titular registral era, en realidad, un tercero.
El jueves 5 de junio, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino rechazó el pedido efectuado por los abogados del imputado para obtener la libertad y resolvió que este continúe en prisión preventiva.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, inició actuaciones penales por la presunta violación a las leyes sanitarias animales (artículo 206 del Código Penal), tras detectarse el traslado irregular de 58 burros en un control vial realizado durante la madrugada del 6 de junio en el puesto ubicado en la zona de Pulares.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de Control Vial de la Policía de Salta, encabezado por el Oficial Principal Franco Heredia, quien, junto a cinco efectivos, fiscalizó un camión conducido por un hombre domiciliado en la provincia de Jujuy. Durante la inspección, se comprobó que los animales eran transportados sin el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) exigido por la normativa vigente y que carecían de marcas o señales identificatorias.
Ante esta situación, se dio intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El veterinario Luis Ossola, autoridad de control del organismo, se hizo presente en el lugar y labró el acta correspondiente en el marco de las Resoluciones 192/05, 6017/05 y 38/12. Asimismo, se dispuso el retorno inmediato de los animales al punto de origen, próximo a la localidad de Amblayo, bajo custodia policial.
Por disposición del Fiscal Escalante, se avanzó en la identificación del conductor, la extracción de fichas dactilares y la solicitud de antecedentes. La unidad de transporte se encontraba habilitada por SENASA, sin embargo, el incumplimiento en la documentación sanitaria obligatoria constituye una infracción penal, razón por la cual se instruyeron las actuaciones correspondientes.