En audiencia de formalización de investigación penal, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de estafas reiteradas (10 hechos) en concurso real y amenazas con arma de fuego (3 hechos), en el marco de una causa por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la compraventa de autos usados.
Durante la audiencia, el denunciado fue asistido por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no prestar declaración ni contestar preguntas de la Fiscalía.
La intervención de la fiscalía especializada en delitos económicos complejos se inició a partir de distintas denuncias en las que los damnificados aseguraron que realizaron acuerdos con el ahora imputado, quien se presentaba como titular de la concesionaria de autos Next.
En el primero de los casos, un hombre denunció que entregó un automóvil marca Volkswagen Fox a cambio de un pago de $7.500.000, recibiendo solo $3.000.000. El saldo de $4.500.000 debía ser cancelado en 30 días, pero el denunciado no pagó, se mudó y perdió contacto, sin devolver el vehículo ni completar el pago acordado.
En otro caso, otro denunciante manifestó que vendió un Toyota Corolla por $25.000.000 pesos, quedando pendiente un saldo de $4.500.000. Para garantizar el pago, el acusado firmó pagarés en cuotas, pero no cumplió con los pagos ni entregó el vehículo.
Un tercer afectado relató que entregó un Volkswagen Fox con toda la documentación al acusado, quien inicialmente brindó excusas por la demora en la cancelación de la deuda. Aseguró que, finalmente, se enteró de que el auto había sido vendido a un tercero y no pudo recuperarlo ni obtener el dinero.
En otro reclamo, un denunciante narró que acordó la entrega de un automóvil y realizó negociaciones verbales con el vendedor, quien le prometió pagos y mostró opciones para créditos prendarios con el fin de cancelar una deuda, sin llegar a formalizar contratos firmados. El vehículo no estaba a nombre de la víctima y, tras la entrega, este dejó de recibir pagos y perdió contacto con el responsable .
Un quinto caso involucró la venta de un Toyota Corolla, en la que el denunciante manifestó que recibió pagarés y algunos pagos parciales, pero el saldo quedó impago. El vehículo habría sido vendido en otra provincia sin autorización.
Otra víctima aseguró que su camioneta Fiat Toro fue entregada en consignación para su venta y que, aunque se firmaron documentos preliminares, no hubo contratos certificados ante escribano público. Precisó que le había prometido la entrega de otro vehículo y pagos parciales, pero ello no sucedió.
Además, tres mujeres denunciaron que habían sido amenazadas de muerte con un arma por el vendedor, al reclamarle por la fallida operación de venta; mientras que en otros dos casos, las damnificadas le habrían realizado préstamos de dinero, que no fue devuelto. Ante el reclamo, el sujeto las habría amenazado.
Personal de la Unidad de Investigaciones UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales analizó los contratos de compraventa y documentos relacionados con las operaciones entre los damnificados y el denunciado, copias simples de comunicaciones por WhatsApp, así como comprobantes de transferencias bancarias vinculados con las operaciones. También se incorporaron informes de dominio emitidos por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, que permitieron constatar la titularidad y situación registral de los vehículos involucrados.
Teniendo en cuenta los testimonios de los damnificados y los informes de los investigadores, la fiscal Salinas Odorisio imputó provisionalmente al hombre.

Los fiscales penales María Soledad Filtrin y Santiago López Soto, junto al secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate bajo la modalidad de juicio por jurado, contra Héctor René Aparicio, acusado de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Ricardo Erva.
Luego de deliberar por más de dos horas, el Jurado Popular, dio a conocer el veredicto donde declaró a Hector René Aparicio, culpable del delito de homicidio calificado por alevosía, según lo había solicitado la Fiscalía en los alegatos finales. 
Luego, el juez técnico Mario Maldonado, en la audiencia de cesura, condenó al acusado, el cumplimiento de la pena de prisión perpetua y lo declaró reincidente por primera vez, según lo solicitado por los miembros de la Unidad Fiscal, y rechazando el planteo de inconstitucionalidad realizado por la defensa.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa.
Al reanudarse la audiencia de debate, declararon las dos psicólogas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que intervinieron en la investigación en relación con los menores hijos de la pareja, para la entrevista en circuito cerrado de televisión.
Luego brindó su testimonio un vecino, con quien realizaban «pool escolar» en relación con uno de los menores, quien relató que el 4 de agosto de 2023, según la organización que tenían, le correspondía al acusado realizar el traslado de los niños.
Señaló que a las 8.06 recibió un mensaje del imputado, diciéndole que no podía cumplir con la actividad y pidiéndole que lo reemplace y busque a su hijo. Minutos después fue hasta la casa de la pareja, bajó del vehículo y, al acercarse a la puerta principal, salió Figueroa con el niño en brazos, llorando.
Señaló que el padre se ocupó de subirlo al vehículo y trató por un tiempo considerable de calmarlo y se explayó sobre el comportamiento del menor ese día. Remarcó que notó al acusado muy nervioso y le llamó la atención que vestía un buzo con capucha en la parte superior y , según recuerda, en la parte inferior usaba ropa formal. A los pocos minutos se retiró de la vivienda con los niños.
Luego se reprodujeron las entrevistas realizadas durante la investigación a los niños en circuito cerrado de televisión, sin presencia de público, conforme lo solicitado por la Asesora de Incapaces.
Al finalizar la jornada, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, dispusieron un cuarto intermedio hasta este miércoles 15 de abril para continuar con la ronda de testimoniales.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, acusado como autor de los delitos de homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, y contra Ramiro Nicolás López, acusado como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.
Al reanudarse la audiencia, declararon tres testigos citados por la defensa técnica del imputado Federico López en relación con la causa por dos hechos de abuso sexual.
Estas personas declararon como testigos de concepto, aportando información de lo que conocían y sabían de la relación que mantenía la pareja.
El juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 14, cuando se prevé finalizar con la ronda de testimoniales y fijar la fecha para los alegatos de las partes.

Los fiscales penales María Soledad Filtrín y Santiago López Soto, junto al secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate bajo la modalidad de juicio por jurado, contra Héctor René Aparicio, acusado de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Ricardo Erva.
El juez técnico Mario Maldonado, luego de brindar las instrucciones iniciales a los miembros del jurado, dio lugar a la fiscal penal Filtrín Cuezzo para que realice los alegatos iniciales ante el jurado.
En los alegatos iniciales, Filtrín Cuezzo destacó que la víctima y el acusado se conocieron en un contexto de detención en la cárcel federal de General Güemes, donde forjaron una relación de amistad y confianza.
Mantenían contacto por la venta de un vehículo y los días previos al 25 de septiembre de 2024, para lo cual Erva viajó desde Salvador Mazza a Orán, se reunieron para intentar vender una camioneta y al no poder hacerlo, la víctima se decide volver a Salvador Mazza y previamente se dirigió hacia la vivienda de Aparicio.
Ya en el domicilio del acusado, Erva fue atacado por Aparicio con tres golpes con un elemento contundente en la cabeza y un elemento filocortante, con el que le provocó 27 puñaladas en el cuerpo, dos de ellas letales.
La fiscal sostuvo que el imputado actuó sobre seguro, aprovechando una relación de confianza previa con la víctima. La agresión se produjo de manera sorpresiva, anulando toda posibilidad de defensa. “Obró totalmente a traición porque Erva estaba indefenso” aseguró.
Destacó que, para deshacerse del cuerpo, Aparicio cargó a la víctima en una camioneta sobre un cartón que correspondía a una cocina que había comprado, y lo trasladó 15 km por la ruta 5, hasta una zona rural, donde lo arrastró hasta una cortina de árboles, donde dejó abandonado el cuerpo, cubriéndolo con troncos y ramas.
El cuerpo fue encontrado el día 29 de septiembre, con un detalle considerado fundamental, la caja usada para el traslado, que pertenecía al imputado.
“En el camino de la impunidad”, la Fiscal señaló que Aparicio se traslada a Embarcación, donde busca a un amigo que le guarda por dos días el vehículo usado para el traslado, y luego lo vende para saldar sus numerosas deudas. Se mudo de domicilio y se deshizo de su línea telefónica.
Luego fue el turno de la defensa técnica de Aparicio, de hacer sus alegatos iniciales y plantear su teoría del caso ante el Jurado.
Ya en la etapa de producción de prueba, comenzaron las testimoniales con la declaración de un Licenciado en Criminalística, quien con imágenes previamente seleccionadas con acuerdo de las partes, explicó las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, las huellas que llamaron la atención, tales como de arrastre, de un vehículo y que le permitían concluir que el hecho no se produjo en el sitio donde fue dejado.
En este contexto, en el domicilio del acusado se encontró una mancha de sangre, que fue sometida a pericias.
Los siguientes testigos fueron la pareja de Ervas, se refirió a la última vez que lo vio con vida; dos primos del fallecido que coincidieron en que el 25 de septiembre éste debía volver a Salvador Mazza a dejar una camioneta con Aparicio y no supieron nada más de él.
La quinta testigo fue una médica del CIF Orán, quien se refirió a la autopsia realizada al cuerpo de Ervas, y su exposición fue con un soporte de gráficos (sin exhibir imágenes). De esta manera explicó al jurado que presentaba 3 hematomas en en el cráneo, que habrían sido producidas con un elemento duro y contundente. Las describió como lesiones graves y de tamaño considerable y que eran aptas para provocar la pérdida de conocimiento y constató las 27 puñaladas en distintas partes del cuerpo, tres de ellas vitales en la zona torácica. También aclaró que el cuerpo de Ervas no presentaba signos de defensa.
Durante la tarde, declaró un efectivo policial de la Unidad de Investigación UGAP, quien tuvo a su cargo el análisis de comunicaciones y de impactos de antenas entre la víctima y el acusado. Señaló que, durante los tres días previos al homicidio, Erva y Aparicio coincidían en ubicación debido a sus encuentros, y que el 25 de septiembre es la última fecha en la que se registran comunicaciones de la víctima. Indicó que, según el informe, el teléfono de la víctima se dirige hacia la vivienda del imputado y luego no registra más movimientos. Posteriormente, explicó los desplazamientos del celular del acusado, primero hacia el lugar del hallazgo y luego hacia el sitio donde se guardó la camioneta que intentaba vender.
También se refirió a las comunicaciones de la pareja de Aparicio, de las que surge la preocupación existente por las deudas familiares y cómo, repentinamente, estas fueron saldadas, además de la mudanza del domicilio. Mencionó asimismo otros mensajes en los que el acusado señalaba que ya había terminado “el trabajo” y que esperaba cobrar.
Se exhibieron videos extraídos de los teléfonos, en los que se observa la caja de una cocina que luego fue hallada con sangre junto al cuerpo, así como otros registros fílmicos posteriores al hecho, en los que ya no se la visualiza.
Finalmente, el testigo se refirió a un allanamiento realizado en la vivienda donde residía el acusado al momento del hecho, en el que se encontró sangre humana que, según declaró una profesional del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, pertenecía a la víctima.
Otro efectivo policial expuso sobre el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911 realizado. Se exhibieron registros en los que se observa la circulación del acusado junto a la víctima, particularmente el 25 de septiembre. Confirmó además que, en un allanamiento realizado en la nueva residencia del acusado, se secuestró una cocina nueva que coincidía, por numeración y datos de referencia, con la caja hallada en el lugar donde fue abandonado el cuerpo.
Una médica anatomopatóloga del CIF se refirió a su intervención en los análisis complementarios de la autopsia practicada a la víctima y sostuvo que se encontraba con vida al momento de recibir los golpes en la cabeza.
También declararon testigos que compartieron con el acusado momentos previos y posteriores al hecho, quienes se refirieron, entre otros aspectos, a los intentos de venta de la camioneta. Finalmente, prestaron testimonio un testigo que tomó contacto con Aparicio cuando guardó el vehículo entre el 27 y el 29 de septiembre en una cochera, lo acompañó hasta Aguas Blancas —donde lo entregó—, y otro que presenció el paso del rodado por la zona fronteriza.
Finalizados los testimonios previstos para la jornada, se dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles para recibir las últimas declaraciones y dar lugar a los alegatos finales de las partes.

El fiscal penal Daniel Espilocín representa a la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en la audiencia de debate contra Luciano Nahir López como autor de los delitos de homicidio simple en perjuicio de cinco personas, lesiones graves en perjuicio de dos personas  y lesiones leves en perjuicio de cuatro personas, en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.
La ronda de testimoniales, inició con la declaración de un familiar de las cinco víctimas fatales, quien se refirió al hecho en el que perdió la vida su hermana y al daño sufrido tras el siniestro.
Luego prestaron declaración cuatro mujeres y un hombre, quienes resultaron lesionados luego de ser embestidos por el automóvil conducido por el acusado.
Fueron consultados sobre lo que recordaban de aquella madrugada y sobre cómo habían repercutido en sus vidas las lesiones sufridas.
Los jueces del distrito Centro, Claudia Romero Nayar, Victoria Montoya Quiroga y Pablo Farah, al finalizar la jornada, dispusieron un cuarto intermedio hasta este miércoles 15, para continuar con la ronda de testimoniales.
Desde la Fiscalía se sostiene que, en la madrugada del 17 de marzo de 2024, López condujo su automóvil alcoholizado, infringiendo varias normas de seguridad vial a lo largo del trayecto y a una velocidad de 103 km/h, lo que ocasionó la pérdida del control del vehículo, tal como se detalla en la pericia accidentológica. Esto derivó en la colisión a peatones que salían de locales bailables de la zona, ocasionando la muerte de cinco de ellos y lesiones de distinta consideración a otras seis personas.

La Policía de Salta realizó un procedimiento contra el narcotráfico en Cafayate, en el marco de un control preventivo que llevaba a cabo la sección Motoristas del Distrito de Prevención N° 6, en la ruta nacional N° 68.
Los integrantes de la fuerza de seguridad provincial, detectaron que un pasajero de remis transportaba en una mochila casi medio kilo de marihuana, equivalente a más de 1900 dosis de droga. Inmediatamente dieron intervención a la Sección Narcocriminal de Cafayate y se realizó la incautación de la sustancia y el hombre, residente de Cafayate, quedó a disposición de la justicia. 
La Policía incautó más de 1900 dosis de marihuana en Cafayate
En el caso, intervino la Fiscalía Penal local.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa.
Al reanudarse la audiencia, declaró un tío materno del imputado, quien dijo que mantenía una relación de proximidad con la pareja; incluso manifestó que su esposa es madrina de bautismo de uno de los hijos de ambos. Comentó situaciones cotidianas y, al ser consultado sobre sus dichos, manifestó que le pareció mal que la víctima le pidiera a su esposo que cambiara los pañales a uno de los niños.
Luego lo hizo un trabajador de la finca del tío del imputado, quien se refirió a la relación que mantenía con Figueroa, la que describió como laboral pero cercana. Ponderó que su «patrón» no hacía diferencias e incluso permitía que uno de sus hijos jugara con uno propio y consideró que «no merecía terminar así». Respecto de la víctima, dijo que el trato era bastante formal pero, al ser consultado, dijo que era «mandonita».
La siguiente testigo fue una amiga de la familia, vinculada por las actividades deportivas de los hijos, con quien compartían actividades sociales en relación a los menores, tales como cumpleaños. Ella dijo que les parecían una «pareja perfecta» y que, por el grado de confianza que habían alcanzado, no conocía detalles de la intimidad de la pareja.
Sí mencionó que la noche previa al hecho, alrededor de las 20, fue al domicilio del imputado a buscar a su hijo y encontró a este bien, de buen ánimo, y que le hizo incluso bromas. De lo sucedido se enteró por los medios de comunicación.
Mediante videollamada se recepcionó la declaración de una prima del imputado, quien dijo tener una relación frecuente y cercana a la pareja. Comentó que, pese a vivir en provincias distintas, se visitaban mutuamente y que no había llegado a conocer conflictos en la pareja. Sobre la víctima dijo que era una «excelente persona».
También fueron convocadas una médica psiquiatra y una psicóloga particulares, quienes atendieron al imputado desde que fue ingresado a la Unidad Carcelaria 1, para velar por la integridad de su salud mental. Ambas fueron coincidentes en hablar de un cuadro presuntivo de depresión, con síntomas de estrés postraumático como el desánimo o el insomnio.
Sobre el hecho que es juzgado, también coincidieron en que recuerda hasta una discusión que habría servido de disparador, y que presenta lagunas mentales o faltas de recuerdo al respecto.
Señalaron que expresa sentir culpa y responsabilidad «por todo lo sucedido». Hablaron de emociones intensas, y en el caso de la médica psiquiatra, de un desborde emocional caracterizado como un «huracán».
Respecto al alcance de los sentimientos de culpa y angustia que les habría expresado el imputado y volcaron en sus informes, la fiscal Sodero Calvet hizo notar que en ellos hablan de la preocupación por sus hijos, por su bienestar, por su familia, pero en ningún informe se menciona ese sentimiento respecto por quien fuera su esposa o por el acaecimiento de su muerte, lo que fue reconocido por ambas profesionales.
En el caso de la psicóloga, fue cuestionada por expresar en un informe el término «emoción violenta», ya que es propio del ámbito jurídico e incluso por citar un texto de una criminalista que le da un marco científico, ajeno a su área de conocimiento.
Durante la exposición, señaló que la pareja tenía naturalizadas situaciones de violencia, y fue cuestionada por la Fiscal respecto al alcance de la expresión, ya que su abordaje se limita al imputado y no estaba en condiciones de referirse a la víctima, pues no la había conocido ni tratado.
Debió explicar además que el término «expresiones indecorosas» que había usado para referirse a cómo se comunicaba Kvedaras con su marido era una consideración propia y no algo que el imputado le había manifestado.
Al concluir la jornada, el Tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 24 a las 8.30.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa.
Al reanudarse la audiencia, se produjo el testimonio de una perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien, desde su rol como criminalista, realizó tareas en el lugar del hallazgo, en el domicilio de la pareja y en la casa del padre del acusado, los días 4 y 9 de agosto de 2023.
Realizó su exposición con un soporte multimedia, donde se pudieron observar los distintos indicios relevados, tanto en la vivienda de la pareja como en la del padre del acusado, así como en el lugar del hallazgo y, particularmente, en el vehículo donde ambos fueron encontrados.
Respecto al lugar del hallazgo y del vehículo, detalló los elementos y los indicios de interés encontrados, para luego referirse a la propiedad donde vivía la víctima y al lugar donde se habría producido el hecho.
Consultada por la reconstrucción realizada a solicitud de la defensa del acusado, de acuerdo con su versión de los hechos, sostuvo que ésta no se condice con respecto al lugar de la vivienda donde se habría producido, no se condice con la mécanica del hecho ni con la causa de muerte.
Luego, cuando declaró el médico forense que se desempeñaba como jefe médico del CIF y realizó la autopsia junto a los médicos presentados por la querella y la defensa, el imputado solicitó retirarse de la sala.
El médico expuso detalladamente cómo se realizó el procedimiento, sustentado en imágenes de la autopsia, que se realizó con la participación de médicos especialistas presentados por las partes Aclaró que el informe de autopsia fue firmado de manera conjunta porque no hubieron discrepancias.
En las conclusiones, el profesional señaló que la muerte de Mercedes Kvedaras se produjo de manera repentina y abrupta, por asfixia mecánica mixta por estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Enfatizó que, en la lucha por su vida, la víctima agonizó durante un lapso aproximado de entre 3 y 5 minutos, debido a la acción sostenida de su agresor.
Se refirió a las múltiples lesiones que presentaba el cuerpo, visibles y las obtenidas a partir de los resultados de la autopsia, y sostuvo que, tras haber participado de la reconstrucción solicitada por la defensa, puede asegurar que la muerte de Kvedaras no se produjo según los dichos del acusado.
La siguiente testigo fue la médica anatomopatóloga del CIF, quien realizó el estudio complementario con las muestras obtenidas de la víctima luego de la autopsia, y confirmó el informe realizado de manera conjunta por los médicos forenses, así como con la causa del deceso expresada.
Luego fueron citados los forenses de la querella y la defensa. El médico de la querella ratificó lo vertido en el informe de autopsia en todas sus partes y confirmó que la muerte fue por estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.
En tanto, el médico de la defensa, en su declaración, al incurrir en algunas discrepancias respecto de la causa de muerte que consta en el informe de autopsia, que oportunamente firmó de conformidad, fue interrogado por la fiscal Luján Sodero y manifestó retractarse respecto a la causa de muerte que consta en el informe de 2024.
Finalmente declaró un licenciado en Criminalística convocado por la defensa para realizar la reconstrucción del hecho, de acuerdo con la declaración del imputado, quien expuso su informe respecto del hecho, planteando una causa de muerte de la víctima distinta a la del informe conjunto de autopsia.
Fue indagado largamente por las partes, hasta cerca de las 21, y, a partir de la consulta de la fiscal Sodero, se pudo conocer que no se encuentra matriculado ni habilitado en la provincia de Salta para el desempeño profesional, pese a conocer la normativa vigente.
Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley Provincial 7918, sancionada el 3 de diciembre de 2015 y promulgada el 30 de diciembre del mismo año, en su artículo 14 se refiere al ejercicio ilegal de la profesión en la provincia, considerando tal el intentar o desarrollar la actividad regulada sin estar debidamente inscripto en la matrícula y habilitado por el Colegio de Profesionales de Criminalistas y Criminología de Salta.
Al finalizar, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans dispusieron un cuarto intermedio hasta este martes 14 para continuar con la ronda de testimoniales.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, acusado como autor de los delitos de homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, y contra Ramiro Nicolás López, como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.
En la nueva ronda de testimonios, el primer testigo fue un licenciado en Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien tuvo a su cargo la inspección ocular de prendas de vestir de la víctima, tales como un pantalón de jean, un par de zapatillas, un par de medias y una riñonera, que se encontraban secuestradas.
Señaló que, en forma coincidente, las prendas presentaban manchas negruzcas y suciedad, detalló que el pantalón tenía roturas compatibles con enganches y otros cortes propios del accionar del personal de Salud.
El calzado, además, presentaba signos de fricción y la riñonera tenía también, manchas de aspecto sanguinolento.
El segundo testigo fue otro licenciado en Criminalística, presentado como perito de la defensa, quien participó de la inspección ocular de las prendas de la víctima conjuntamente con el perito del CIF, realizó una pericia accidentológica conjunta con otro profesional y tomó parte de una inspección ocular del vehículo involucrado en el hecho.
Respecto de la inspección ocular de prendas, dijo que adhería a lo manifestado por el perito del CIF, ya que se firmó el informe de conformidad.
En relación a la pericia accidentológica realizada, sostuvo que se firmó de conformidad con el perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Sostuvo que el hecho se produjo durante la madrugada del 3 de diciembre de 2023, sobre una calle de ripio paralela a la ruta provincial 36, en la localidad de Campo Quijano.
Con la exhibición de material multimedia, se refirió a una huella de aceleración encontrada en el lugar, la cual tenía una longitud de 2.3 metros de longitud y que es compatible con una franca aceleración del vehículo. También mostró una zapatilla del pie izquierdo perteneciente a la víctima, que quedó en el lugar.
Respecto  al automóvil Fiat Súper Europa blanco, dijo que se encontraba en mal estado general de conservación, no apto para la circulación en la vía pública y que en la parte inferior, entre otras deficiencias, presentaba partes filosas.
Luego exhibió un video tomado por una cámara de seguridad del Sistema de Emergencias 911, donde se registra que el día de los hechos, a las 4.45 de la madrugada, pasaron en primer lugar un automóvil Fiat Blanco y, detrás, un Ford Escort, atravesando la ruta en dirección a la calle Castilla, así como las maniobras que realizaron.
También se observa el paso de la víctima caminando junto a un grupo de personas hacia el lugar, y aclaró que las imágenes no registran el hecho por encontrarse en una calle paralela.
Concluyó tras referirse a las intervenciones que tuvo, que se determinó con grado de probabilidad que el Fiat Súper Europa blanco fue el vehículo embistente, fundamentando su opinión profesional en lo reflejado en los registros fílmicos, análisis de indicios y en el relevamiento de testigos.
En cuanto al dictamen, dijo que al momento de la pericia tuvieron acceso al informe de autopsia y sostuvo que las lesiones en el hígado y en el abdomen que presentaba la víctima, en general, son compatibles con el paso por encima de al menos una rueda de vehículo.
También prestaron declaración un efectivo policial que realizó una planimetría del lugar del hecho el día en que ocurrió y otro que realizó una inspección del vehículo, horas más tarde, alrededor de las 14.35, en la vivienda de los imputados.
Finalizada la ronda de testimoniales, el juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 12 de mayo para continuar con las declaraciones previstas.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención tras un hecho reportado en una vivienda de barrio Solís Pizarro de la ciudad de Salta, donde una mujer de 35 años resultó gravemente lesionada con un arma blanca y debió ser trasladada al hospital San Bernardo, donde se confirmó que corrió riesgo de vida y permanece internada.
Su pareja, un hombre de 37 años sindicado como principal sospechoso del ataque, huyó del lugar y fue detenido en barrio Ceferino, donde fue encontrado con heridas propias de haber intentado autolesionarse mediante ahorcamiento y con un arma blanca. Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde horas más tarde falleció por causas que serán investigadas.
Su cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde se realizó la autopsia.
La fiscal Sodero Calvet señaló que, tras el reporte del hecho, se dispuso el cumplimiento de todas las medidas de rigor, a cargo de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP.

La fiscal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó que, en el marco de tres averiguaciones preliminares iniciadas a partir de reportes sobre la posible comisión de delitos vinculados a la producción, distribución y tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil a través de Internet (MASI), se produjo la detención de tres hombres como sospechosos.
Los operativos, bajo la dirección de la fiscal Cornejo, fueron realizados por personal de la Dirección de Ciberseguridad y de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, con autorizaciones solicitadas ante los Juzgados de Garantías de los distritos Orán y Tartagal.
Los tres investigados fueron detenidos y se les secuestraron todos los dispositivos y bienes informáticos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a un profundo análisis.
La fiscal Cornejo señaló que las audiencias de imputación de los detenidos se realizarán en las próximas horas.
En Tartagal, se identificaron dos usuarios de una misma localidad como sospechosos de desplegar la actividad ilícita. En uno de los casos, este habría subido a la plataforma de Google archivos con contenido de abuso sexual infantil con menores de 13 años, y se trabaja bajo la presunción de que podría tratarse de material de producción local.
En la ciudad de Orán, el allanamiento se realizó en el domicilio de un sospechoso de poner a disposición de terceros material de abuso sexual infantil a través de Internet.

Por disposición del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se conformó de inmediato una Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal 1 del Distrito Judicial Tartagal, Pablo Alejandro Cabot, competente en el caso por menores, a fin de intervenir en estas actuaciones originadas a partir de información remitida por la Unidad Fiscal 505 de la Fiscalía Nº 5 de la ciudad de Rafaela, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
Los informes fueron remitidos el pasado viernes a la Procuración General de Salta, en el contexto de la investigación por el homicidio de un adolescente ocurrido en una institución educativa de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y daban cuenta de elementos que requerían la profundización investigativa respecto de un menor residente en una localidad del norte provincial.
En ese marco, y conforme a la evidencia digital analizada, se advirtieron manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial de las autoridades competentes, en relación con posibles interacciones en entornos virtuales donde se habrían detectado expresiones asociadas a la normalización discursiva de la violencia y a procesos de radicalización en comunidades digitales.
A partir de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y con la debida autorización del Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, durante el día de ayer se llevaron adelante allanamientos, registros e inspecciones en dos domicilios del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal, bajo la supervisión del Fiscal Pablo Cabot, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación y preservar evidencia digital potencialmente relevante.
En el lugar se procedió al secuestro e inspección de dispositivos informáticos y soportes tecnológicos, realizándose las constataciones técnicas necesarias para identificar posibles archivos o datos alcanzados por la orden judicial. Del análisis preliminar de los elementos secuestrados surgieron referencias vinculadas únicamente a la investigación que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, descartándose en principio, la existencia de algún hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad en la provincia de Salta.
En el marco de la investigación, se adoptaron de manera inmediata todas las medidas urgentes de resguardo y protección consideradas necesarias. En ese contexto, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces, organismo que articuló actuaciones con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Asimismo, se dispuso consigna policial fija en el domicilio y está prevista una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación del adolescente involucrado, sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía.
Por tratarse de actuaciones que involucran a personas menores de edad, mas también la existencia de víctimas, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva y con resguardo de los derechos y garantías correspondientes.

En el marco de diversas investigaciones por el delito de Intimidación Pública en establecimientos educativos de la provincia, la Policía de Salta concretó durante la última semana la detención de seis estudiantes. Las más recientes se llevaron a cabo en el Colegio 5037 de Las Lajitas.
Las actuaciones se originaron a partir de denuncias realizadas por autoridades escolares, lo que derivó en intervenciones de Fiscalías Penales, Asesorías de Menores y Juzgados correspondientes.
Los estudiantes detenidos pertenecen a los colegios 5037 de Las Lajitas, Técnica República de India y Walter Adet de la ciudad de Salta. Asimismo, en el marco de hechos de similares características, otros 11 alumnos fueron demorados e identificados en establecimientos educativos de Capital, General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.
Como parte de las medidas dispuestas por las Fiscalías intervinientes, se realizaron requisas domiciliarias y se procedió al secuestro de teléfonos celulares en los casos donde hubo detenciones e imputaciones.
Las investigaciones continúan en curso bajo la órbita de la Justicia provincial.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa.
El Tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, y las partes se convocaron en el barrio El Tipal, donde, a solicitud de la defensa de Figueroa, se desarrolló la reconstrucción del hecho ocurrido el 4 de agosto de 2023, conforme a la versión vertida por el imputado a lo largo de la investigación.
Dando cumplimiento a la medida, el imputado Figueroa protagonizó la representación y, ante la ausencia de un muñeco con características antropométricas similares a la víctima —que debía ser aportado por la defensa—, se requirió la colaboración de una funcionaria judicial presente en el lugar, para la recreación de algunas escenas y para otras, se utilizó un muñeco tipo maniquí.
Según lo solicitado por la fiscal Sodero, participaron además personal de Criminalística y profesionales médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que tuvieron intervención en el hecho.
La audiencia de debate se reanudará este jueves 9 con la declaración de cinco testigos pertenecientes al entorno más cercano a la pareja.
 

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, como autor del delito de homicidio simple, y contra Ramiro Nicolás López, como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.
Al reanudarse la audiencia de debate, ayer declaró un conocido de la víctima, quien se encontraba en el lugar momentos después del hecho. Dijo haberla visto tendida en la calle y en forma posterior, por un amigo, supo lo que había sucedido. También manifestó haber visto el auto del imputado y refirió conocer a Ramiro López porque era su compañero de estudios.
Luego declaró una prima de la víctima, quien tomó conocimiento del hecho horas después y se abocó a buscar información de lo sucedido, entre testimonios y consultando por las cámaras de seguridad privadas que había en la zona. Sobre los detalles del hecho, dijo que los conoció por terceras personas que le acercaron información, la cual aportó a la investigación.
La siguiente testigo fue una vecina de Quijano, quien ese día estuvo en el boliche, vio a la víctima en el interior y refirió que, cuando ella se retiraba, presenció cómo desde el grupo de los imputados insultaban a Cabrera. Luego la vio tendida sobre la cinta asfáltica, mientras un automóvil blanco, de tamaño pequeño, se alejaba del lugar.
Contó que se acercó a ella, escuchó que se quejaba y señaló que «el problema comenzó adentro del boliche», aunque dijo desconocer el motivo.
El cuarto testigo fue un vecino de la zona donde ocurrió el hecho, quien se desempeña como remisero. Dijo que tenía el auto estacionado en la vía pública y que, al escuchar ruidos de «autos bramando», se preocupó por el vehículo y, desde la ventana, vio cuando pasó un auto blanco con una persona sobre el capot. Relató que, tras una frenada, el cuerpo cayó sobre la calle, a la altura de su garage. Señaló que notó que el conductor frenó, la pasó por encima y luego se retiraron del lugar.
La siguiente testigo fue una sobrina de la víctima, quien esa noche concurrió al boliche. Dijo que, mientras tocaba una banda, notó la presencia de un grupo donde estaba uno de los acusados, a quien identificaba por sus características físicas y por no ser de esa localidad. Agregó que esta persona se encontraba «exaltada» y que tomó conocimiento de lo sucedido con posterioridad.
Finalmente, brindó su testimonio un amigo de la víctima, quien esa noche se encontraba afuera del boliche cuando ocurrió el hecho. Dijo que estaba  comprando en un negocio 24 horas y que vio a la víctima cruzando la calle junto a otras personas. En determinado momento, se dio vuelta al escuchar un ruido y pudo ver cuando Cabrera fue embestida, le pasan por encima con el vehículo y se retiran del lugar. Agregó que, al advertir lo sucedido, arrojó un envase contra el automóvil.
Finalizada la ronda de testimoniales, el juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 8 de mayo para continuar con la declaraciones previstas.

La Policía de Salta desarticuló una banda delictiva que operaba en San Lorenzo Chico y en la Capital robando objetos de vehículos bajo la modalidad “violentadores”.  La investigación se originó la semana pasada por la denuncia de dos hechos.
En ese marco, distintas tareas investigativas de campo uno de los investigados fue interceptado en flagrancia cuando intentaba sustraer elementos del interior de una camioneta en el centro de la Ciudad.
Posteriormente, fueron detenidos tres integrantes de la banda cuando intentaban fugarse de un hotel.  Eran oriundos de la provincia de Tucumán.
Durante el procedimiento, en presencia de testigos civiles se secuestraron más de tres millones de pesos, dólares, teléfonos celulares y un vehículo. Intervinieron la Fiscalía UNICROH y el Juzgado de Garantías 5.

El fiscal penal 5 del Distrito Centro, Federico Jovanovics, solicitó la prisión preventiva de un hombre de 30 años que cumplía prisión domiciliaria en la ciudad de Salta por causas de lesiones leves, amenazas con arma y robo agravado en grado de tentativa. El pedido se sustenta en su evasión del arresto domiciliario, la resistencia al momento de su detención y la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la investigación.
El hecho ocurrió el 4 de abril, alrededor de las 5 de la mañana, cuando su madre encontró la tobillera electrónica cortada en el domicilio y advirtió que el acusado ya no se encontraba allí, por lo que dio aviso al sistema de emergencias 911.
La fuga fue corroborada por el sistema de monitoreo electrónico, que detectó la salida del acusado del domicilio y la manipulación del dispositivo, el cual presentaba signos de haber sido violentado mediante torsión o presión, con daños en su estructura, según el informe técnico policial.
El hombre fue localizado al día siguiente en inmediaciones de calle Córdoba y pasaje Vicente Solá. Al ser interceptado, intentó huir y opuso resistencia, arrojando puntapiés contra el personal policial. Finalmente, fue demorado y trasladado a la Comisaría 2.
El fiscal lo imputó por el delito de evasión (Art. 280 del Código Penal).
Además, Jovanovics solicitó la prisión preventiva en carácter cautelar, al considerar acreditada la peligrosidad procesal y el riesgo de fuga. Señaló que el acusado incumplió una medida judicial previa y mantuvo una conducta evasiva incluso al ser localizado por la policía. 
En ese marco, sostuvo que la detención es la única medida eficaz para asegurar su comparecencia, resguardar a las víctimas y garantizar el avance del proceso. Asimismo, requirió la acumulación de la causa a otra en trámite, en virtud de la conexidad existente y la mayor gravedad del nuevo hecho.

Efectivos del día Distrito de Prevención 4 realizaron un exitoso plan candado por un robo calificado, con uso de arma de fuego, registrado en una finca ubicada en el kilómetro 8 de la ruta nacional 86, en Tartagal.
El procedimiento fue coordinado por el director del Distrito de Prevención 4, Marcelo Contrera, quien dispuso un operativo candado en puntos estratégicos de la zona tras la alerta emitida por empleados del lugar, alrededor de las 2 de la madrugada.
Del operativo participaron de manera articulada el Centro de Coordinación Operativa, el sistema de Videovigilancia, motoristas y el Grupo de Intervenciones Conjuntas, lo que permitió una rápida respuesta y despliegue en distintas vías de circulación.
Habían sustraído una camioneta Ford Ranger, dinero en efectivo y herramientas, entre otros elementos, y se movilizaban en un auto particular Volkswagen que oficiaba como vehículo de apoyo.
En el marco del operativo, la camioneta robada fue localizada en la ruta provincial 54. Sus ocupantes intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que culminó con la recuperación del vehículo y la detención de dos mujeres mayores de edad.
Minutos después, en la zona de Campo Durán, se interceptó el automóvil Volkswagen logrando la detención de tres hombres. Todos los detenidos son mayores de edad, con domicilio en Salvador Mazza, y estarían vinculados entre sí.
Durante la requisa se recuperaron los elementos sustraídos y se secuestró más de un millón de pesos en efectivo.
Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal. La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas en el hecho.
El propietario de la finca radicó la denuncia correspondiente, mientras que los empleados del lugar reconocieron tanto los vehículos como los elementos robados.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la OfiJu, donde se arribó a un juicio abreviado para Alan Fernando Benítez y Nestor Horacio Flores como coautores del delito de robo simple.
El juez de Garantías de ese distrito, Héctor Mariscal Astigueta, luego de recibir la confesión de los acusados y con el acuerdo de las partes, condenó a Benitez a la pena de 6 meses de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por cuarta vez, mientras que Flores fue condenado a 6 meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.
El hecho juzgado sucedió el pasado 14 marzo, cuando los acusados, tras romper el vidrio de un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública, se apoderaron ilegítimamente de un gato, llaves, un kit de emergencia y otros efectos personales desde su interior, para luego huir.
Más tarde fueron demorados por personal policial y solo se logró recuperar una riñonera del denunciante.

El Gobierno de la Provincia ofrece una recompensa de $10.000.000 para aquellas personas que aporten información relevante y verificable que permita dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La medida fue establecida mediante el Decreto N° 178, luego de que se registrara la fuga del detenido el pasado sábado 4 de abril desde la Alcaidía, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su ubicación.
Peloc se encontraba detenido en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. El hecho generó una fuerte conmoción social y un estado de preocupación en la comunidad.
En este marco, y a solicitud del Procurador General de la Provincia, el Gobierno provincial resolvió implementar esta medida con el objetivo de reforzar los mecanismos de búsqueda y contribuir a la tranquilidad de la sociedad.
Las personas que cuenten con información podrán aportarla ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, de manera personal o a través de terceros. Se garantiza la reserva de identidad.
Asimismo, se estableció que no podrán acceder a la recompensa funcionarios públicos ni personas que pertenezcan o hayan pertenecido a fuerzas de seguridad o a organismos de inteligencia del Estado.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, encabeza una investigación por el homicidio de un hombre de 28 años, ocurrido en el pabellón “A”, planta alta, de la Unidad Carcelaria 3 de esa ciudad.
Según consta en las actuaciones, la víctima fue herida con un elemento punzocortante en la zona torácica, y derivada al hospital local, donde, pese a la asistencia recibida, falleció.
Tras el deceso, se dio intervención a la fiscal Filtrín Cuezzo, quien dispuso el cumplimiento de todas las medidas de rigor tendientes al esclarecimiento del hecho; entre ellas, el traslado del cuerpo del fallecido al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para autopsia y la intervención de personal de la Unidad de Investigación UGAP.
La Fiscal señaló que de las primeras tareas investigativas desplegadas —entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y relevamiento de testigos—, se individualizó a dos internos como sospechosos de haber tenido participación en el hecho: uno como autor y el otro como partícipe.
Filtrín Cuezzo señaló que el informe preliminar de autopsia indica que la causa de muerte de la víctima es un shock hipovolémico por herida de arma blanca en el tórax, con daños en corazón y pulmón.

Por requerimiento de la fiscal penal Celina Morales Torino, interina en la Fiscalía 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), un hombre fue detenido en su vivienda del barrio Grand Bourg por personal de la Unidad de Investigación UDIS del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
La intervención de la Fiscalía inició con la denuncia radicada el 9 de marzo pasado por el padre de un niño de cuatro años contra la actual pareja de su exesposa. Expresó que, al retirar a su hijo de la vivienda de la madre, este le manifestó sentir dolor en sus partes íntimas y, al dialogar con él, le contó que el amigo de su mamá había abusado de él.
Inmediatamente se ordenó la realización de distintas medidas a fin de investigar lo denunciado. En entrevista en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), el niño confirmó lo manifestado por su padre.
Tras reunir informes médicos y psicológicos, y recibir declaraciones testimoniales de profesionales y personas del entorno del niño, desde la Fiscalía se requirió al Juzgado de Garantías 2 el allanamiento y la detención del hombre, así como el secuestro de su teléfono celular.
La fiscal Morales Torino fundamentó el pedido de detención al señalar que la situación investigada se enmarca en un contexto intrafamiliar de convivencia y confianza. En ese ámbito, el hombre, en su carácter de pareja de la madre del niño, mantenía contacto habitual, acceso directo y permanencia en el entorno doméstico donde se desarrollaba la vida cotidiana del menor, lo que incrementa su situación de vulnerabilidad y facilita la eventual reiteración de conductas lesivas.
El sujeto fue alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y en la mañana del jueves 16 de abril será trasladado a audiencia imputativa.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa.
Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal y de la querella, las partes plantearon cuestiones preliminares que el Tribunal debió resolver. Entre ellas se reprogramaron testigos y se fijó el día 8 de abril para realizar la reconstrucción del hecho, en el barrio privado, con la presencia del acusado y de las partes.
Luego, ya en horas de la tarde, al ser consultado, Figueroa no prestó declaración y a solicitud de su defensor, se reprodujo la grabación de su testimonio durante la audiencia de prisión preventiva.
La ronda de testimoniales comenzó con la declaración de la madre de la víctima, quien brindó su testimonio por algo de más de dos horas. En ella se refirió a las características personales de su hija y lo que conocía y sabía de la relación que mantenía con el acusado.
Sostuvo que no era de su agrado la forma en que Figueroa trataba a su hija y se refirió al dia del hecho, a la búsqueda que realizó de la mujer al no poder dar con su paradero y al momento en que la encontró sin vida.
Al finalizar, el Tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 6, para continuar con la ronda de testimoniales.

Efectivos de la División Investigaciones Sur demoraron a dos hombres y una mujer mayores de edad por infracción a la Ley de Drogas 23737.
La intervención fue en barrio Santa Ana en el marco una denuncia por la sustracción de elementos y personas ajenas en un inquilinato.
Durante la intervención detectaron entre sus pertenencias bolsas con sustancias estupefacientes, por lo que solicitaron la personal de Drogas Peligrosas.
Secuestraron más de 1100 dosis droga, entre cocaína y marihuana, celulares, una balanza, entre otros elementos de interés para la causa.
Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Fiscalía Penal 3.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó dos procedimientos en el marco de controles preventivos en inmediaciones del puente del río Dorado, en Apolinario Saravia.
En ese contexto, efectivos de la Sección Investigación contra la Narcocriminalidad 2, al identificar a dos sujetos que se encontraban a bordo de dos motos, detectaron que tenían entre sus prendas de vestir envoltorios con sustancias estupefacientes.
Con intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, dos hombres de 27 años fueron detenidos y se incautaron 1249 dosis de droga, entre marihuana y cocaína, más de doscientos mil pesos, entre otros elementos de interés para las causas.

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, encabeza una investigación por la evasión de dos personas privadas de su libertad, ocurrida durante la madrugada de este sábado desde el pabellón A1 de la Alcaidía General 1. Tras el reporte, el Fiscal se constituyó en el lugar con personal de Criminalística del CIF y dispuso el cumplimiento de todas las medidas tendientes a lograr su recaptura y esclarecer las circunstancias del hecho.
Los evadidos fueron identificados como Jonathan Jordan Peloc, «Camboya», de 41 años, quien se encontraba detenido con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31, imputado en una causa por robo.
Como resultado de las primeras tareas desplegadas, se logró la aprehensión de Fernández, para quien el Juzgado de Garantías en turno hizo lugar al pedido de detención,  y será imputado el próximo lunes por el delito de evasión, previsto en el artículo 280 del Código Penal.
En el marco de la investigación, Paz dispuso la puesta en marcha de un amplio operativo para lograr la recaptura de Peloc, con la intervención de diversas unidades policiales, la intensificación de patrullajes y la instalación de controles en sectores estratégicos, además de rastrillajes.
Asimismo, ordenó la emisión de alertas, la notificación a organismos de seguridad y el relevamiento de registros fílmicos de cámaras de vigilancia públicas y privadas. También se dispuso la toma de testimonios y la verificación de posibles vínculos o lugares de ocultamiento, a fin de lograr la pronta recaptura del evadido.
Se solicita la colaboración de la comunidad, para que ante cualquier información en relación a la investigación, se comunique al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.

La Policía de Salta, por medio de la Subdirección General de Investigaciones, realizó en las últimas 48 horas un importante operativo en Orán del que participaron más de 240 efectivos de distintas unidades especiales de los Distritos de Prevención de Orán, Pichanal, Tartagal y Embarcación. 
Se hicieron 27 allanamientos simultáneos en diferentes barrios de la Ciudad por distintas causas relacionadas a delitos contra la propiedad bajo diversas modalidades.
El procedimiento se ejecutó en barrio Taranto, Constituyente, Aeroparque, 4 de Junio, Estación y Patrón Costa. 
En este contexto, 11 personas fueron demoradas, de las cuales ocho quedaron detenidas. 
Asimismo, se secuestraron una camioneta, seis motos, teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego, armas de utilería, cartuchos, puntas, picanas y otros elementos de interés para las investigaciones. Además, intervino personal de Drogas Peligrosas para la incautación de una planta de marihuana.
Intervinieron las Fiscalías Penales 1 y 2 de Orán y el Juzgado de Garantías 2.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa.
Al reanudarse la audiencia de debate, declaró una hermana de la víctima, con quien mantenía una relación muy cercana y de confidencias.
Dijo que conocía que la relación de la pareja había atravesado varios momentos de crisis, pero que en el último tiempo, se habían profundizado y la mantenían atemorizada. Señaló que si bien el tema de la separación estaba planteado desde hacía mucho tiempo, nunca había llegado a concretarse, pero que sabía que su hermana ya había tomado la decisión y que lo estaban conversado en la pareja.
Se refirió a cómo tomó conocimiento de la búsqueda de la pareja el día 4 de agosto y a su posterior hallazgo.
Profundizó sobre lo que conocía de la dinámica familiar a través de su hermana y dijo que sabía que el acusado no la trataba bien, que la humillaba con comentarios y con acciones, como arrojarle agua en la cabeza o salsa de soja en la cara. Relató que supo que en una oportunidad, en un intento de revisar su celular, lo rompió y que la ahorcó.
También hizo alusión a situaciones que involucraban a los menores de edad y confirmó que en los últimos días ella sentía mucho temor por la conducta de su marido, quien había llegado a seguirla con el vehículo.
Luego brindaron su testimonio dos psicólogos del Poder Judicial que tuvieron a su cargo la realización de un informe sobre el estado del imputado. Concluyeron que es una persona en uso de sus facultades, con capacidad reflexiva y que, a nivel emocional, ejerce un intenso control sobre sus emociones, tendiendo a racionalizarlas. Señalaron que tiende a negar y evadir las situaciones problemáticas, ya que estas le generan tensión interna.
Del abordaje realizado infirieron que, ante determinadas situaciones que movilizan aspectos de su vida anímica y lo trastocan internamente, se pueden generar comportamientos impulsivos y agresivos.
Finalmente declararon dos Licenciadas en Trabajo Social, una por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y otra del Poder Judicial, propuesta por la defensa.
Se refirieron al trabajo e informe conjunto que realizaron respecto al entorno socioambiental de la pareja y sus hijos, para lo cual entrevistaron a 16 personas de su entorno familiar, amigos y allegados.
En las conclusiones dijeron que la familia era provista económicamente por el imputado, pero que las decisiones sobre la economía del hogar eran tomadas en conjunto. Destacaron que el entorno conocía el deseo de la víctima de separarse y que incluso se hablaba de vender la propiedad que habitaban para adquirir dos viviendas.
Al finalizar la jornada los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves 16 de abril para continuar con la ronda de testimoniales.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet, investiga un hecho ocurrido en barrio La Fama de la ciudad de Salta,  donde se produjo el homicidio de un hombre.
Tras el reporte, la fiscal Sodero Calvet dispuso que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP, realicen todas las tareas de rigor en el lugar, tendientes a determinar lo sucedido.
El cuerpo del fallecido es trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.
En el avance investigativo, adelantó que se produjo la demora de 14 personas, entre ellas 2 menores de edad, como sospechosas de haber tenido participación en el hecho y que serán imputadas el próximo lunes en sede fiscal.