Efectivos de Seguridad Urbana de la Policía de Salta demoraron a un hombre de 36 años por el robo, bajo amenazas con arma blanca, a una joven que se encontraba en la parada de colectivos en barrio Vélez Sarsfield.
Con las características aportadas, se logró ubicar e identificar al sospechoso en calle Catamarca e Independencia.
Se recuperaron los elementos sustraídos y se secuestró un serrucho.
Intervino la Fiscalía Penal 5.

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, contra José María Cocimano como autor del delito de robo calificado por ser cometido con el uso de arma y de arma de fuego.
El juez Leonardo Feans, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó al cumplimiento de una pena única de 14 años de prisión de ejecución efectiva, ya que se unificó con una condena anterior que se le había impuesto en la provincia de Tucumán.
La investigación, bajo la dirección de la fiscal Guzmán, inició a partir de la denuncia realizada por una comerciante de la zona oeste de la ciudad de Salta, quien relata que el pasado 13 de agosto por la noche, ingresaron dos personas encapuchadas a su negocio y usando un arma blanca y un arma de fuego, se apoderaron de una suma superior al millón de pesos.
Mientras el padre de la damnificada forcejeaba con los dos sospechosos, uno de ellos efectuó dos detonaciones con arma de fuego y el otro, usando un cuchillo lo lesionó en una pierna.
Ambos huyeron con el dinero de la recaudación y con la colaboración del auxiliar fiscal Christian Medina, del jefe licenciado Comisario Sebastián Viveros, el oficial principal Franco Guaymas y del personal policial de la Dirección General de Investigaciones, a través del Grupo Investigativo del Sector 4A, se desplegaron numerosas medidas investigativas, tales como análisis de cámaras de seguridad, levantamiento de rastros en el lugar, de comunicaciones, relevamiento de testigos y otras, que permitieron individualizar al acusado y se lo detuvo en la vía pública.
Se trata de un hombre oriundo de Tucumán, quien registra antecedentes delictivos, con cuatro requerimientos judiciales de esa provincia por delitos contra la propiedad y que en el año 2023 había sido condenado a prisión efectiva y se fugó desde una dependencia policial.

La fiscal penal 6 interina, Mercedes de la Cuesta, imputó provisionalmente a dos mujeres y a seis hombres mayores de edad, por la presunta comisión del delito de lesiones graves en calidad de coautores, en perjuicio de un hombre de 27 años.
Una de las mujeres, de 43 años, fue imputada provisionalmente como autora del delito de lesiones leves  y por el delito de encubrimiento, fueron imputados como coauotres, ésta mujer y cinco de los hombres.
La noche del 12 de septiembre pasado, en barrio Libertad de la ciudad de Salta, uno de los damnificados había salido, junto a su sobrino, a comprar cigarrillos. Al regresar, estando a una cuadra de su domicilio, alcanzó a ver que un grupo de hombres se había trenzado en pelea.
Cuando pasó cerca de donde estos sujetos se encontraban, repentinamente, uno de los acusados se le acercó y con un elemento contundente lo habría golpeado en el rostro, en la zona de la mandíbula. Esto provocó que cayera pesadamente al suelo.
Luego, se acercó una mujer, quien habría comenzado a asestarle pisadas en el rostro al damnificado. Cinco de los otros acusados se acercaron también y le habrían propinado golpes hasta que el hombre perdió el conocimiento.
En el momento que la hermana del damnificado quiso intervenir para evitar que siguieran golpeándolo, habría recibido un golpe de puño del lado izquierdo, de parte de la mujer de 43 años.
A raíz de la gravedad de las lesiones recibidas, el hermano de la denunciante, fue trasladado al Hospital Papa Francisco y luego derivado al Hospital San Bernardo.
El certificado médico expedido por el profesional que asistió al damnificado, da cuenta de este presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, herida cortante en parte inferior del mentón, hematoma en ángulo externo de ojo derecho y fractura del maxilar inferior, con pérdida de piezas dentarias.
Tras las tareas investigativas desplegadas por personal del Grupo Investigativo del Sector, la fiscal De la Cuesta solicitó orden de allanamiento para cinco domicilios vinculados a los sospechosos, en barrio Libertad y en barrio Solidaridad.
En un primer domicilio de barrio Libertad, se detuvo a tres de los acusados, dos hombres de 23 y 25 años y una mujer de 23, y se secuestraron un machete; un arma hechiza, tipo machete y una barra de hierro, de 50 cms.
En otra vivienda del mismo barrio, se logró la detención de la mujer de 43 años y se secuestraron tres machetes, dos cuchillos tipo puñal y una barra de hierro.
En un tercer domicilio, se detuvo a un hombre de 22 años y se secuestró un arma tumbera, de hierro; un cuchillo, de 20 cms.; una llave saca bugía, tipo T, entre otros elementos de interés para la causa.
Durante los allanamientos realizados en dos viviendas de barrio Solidaridad, se detuvo a un sospechoso de 28 años y se secuestraron cuchillos de metal, un caño hueco de 1 metro de largo y una varilla de metal, envoltorios de plástico, con sustancia blanquecina y uno con sustancia verde disecada, entre otros elementos.
Durante las audiencias de imputación, dos acusados se abstuvieron de declarar, en tanto que los otros seis dieron su versión de los hechos. La fiscal De la Cuesta, por su parte, solicitó el mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías en turno, para todos los acusados.
 

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Metán, Susana Redondo Torino, imputó de manera provisional a un hombre de 29 años por la presunta comisión del delito de amenazas con arma.
La expareja del acusado denunció que el 21 de noviembre el hombre se presentó en su domicilio e ingresó por la parte trasera de la vivienda. Una vez en el interior, la habría amenazado con un cuchillo.
El hecho fue advertido por un sobrino de la damnificada, quien alertó al personal policial. Al arribar los efectivos al lugar, el acusado ya se había dado a la fuga.
La mujer manifestó que no se trata de un hecho aislado y que ha sufrido situaciones similares con anterioridad. Señaló además que teme por su integridad física y la de su hija, ya que el acusado presenta conductas violentas y consume sustancias.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Redondo Torino solicitó el mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías en turno.

La Policía demoró a un hombre de 30 años por robo, lesiones, y resistencia a la autoridad en Villa María Esther. La situación fue alertada por la damnificada tras pedir auxilio ante la sustracción de su celular por parte de un ciclista en las calles Damaso Uriburu y Manuel Eusebio Abdo.
En ese marco, un efectivo de Infantería que se encontraba de franco de servicio que presenció la situación procedió a la demora del sospechoso tras una persecución.
El celular fue recuperado y restituido a la propietaria. Intervino la Fiscalía Penal 4.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado para Camila Trinidad Naranjo y Florencia Juliana Casasola, como autoras del delito de tenencia de estupefacientes.
El juez Mario Dilascio, luego de recibir la confesión de las acusadas y con la conformidad de las partes, les impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la observancia de reglas de conducta.
La investigación se originó a partir de numerosas denuncias web efectuadas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que ambas mujeres eran sindicadas como vinculadas a la comercialización de sustancias estupefacientes.
El pasado mes de octubre fueron detenidas durante un allanamiento realizado a solicitud del fiscal Gómez Amado, ocasión en la que fueron encontradas en posesión de sustancia estupefaciente.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a dos hombres, de 28 y 30 años, como coautores de los delitos de encubrimiento y coacción, en concurso real.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, la ratificación de la detención y de los secuestros efectuados.
El pasado 6 de diciembre, un vecino de Orán dejó su motocicleta estacionada en la vereda, con traba de seguridad. A los pocos minutos escuchó un ruido y, al salir, notó que había sido robada.
Con el aporte de una cámara de seguridad particular, pudo detectar que dos personas desconocidas llegaron al lugar en una motocicleta de alta cilindrada y se apoderaron de su rodado, para luego huir.
Días después, a partir de una publicación que realizó el damnificado en redes sociales, fue contactado por una persona que le ofrecía información sobre la motocicleta a cambio de dinero, e incluso le mandó una fotografía del rodado.
Finalmente, se acordó un encuentro para concretar el intercambio y, con intervención de personal policial, se logró la detención de los dos sospechosos y el secuestro de la motocicleta denunciada como robada.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, interviene a fin de esclarecer las circunstancias en que se habría producido el fallecimiento de una mujer trans, alojada en la comisaría de Rosario de Lerma.
Según los primeros informes, habría sido abordada por personal policial mientras se encontraba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas. Durante el procedimiento, al negarse a aportar datos de identificación, fue trasladada al destacamento policial para la realización de los trámites correspondientes.
Al momento de comunicarle su liberación, luego de la verificación de sus antecedentes, el personal policial detectó que la mujer trans habría atentado contra su vida, por lo que se procedió de inmediato a efectuar maniobras de reanimación (RCP) y a trasladarla posteriormente al hospital zonal. 
La Fiscalía intervino de forma inmediata para iniciar las actuaciones correspondientes, con el fin de determinar las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga la muerte de un menor de 17 años, ocurrida el lunes 10 de noviembre por la mañana en el hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad.

El fiscal Vega, dispuso que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para que se realice la autopsia, el secuestro de la historia clínica del adolescente para ser analizada y otras medidas de rigor, tendientes a esclarecer lo sucedido.

El padre del menor denunció que el día 18 llevó a su hijo al hospital local para ser atendido por dolores abdominales. Fue atendido por la médica de guardia, quien le indicó el suministro de calmantes, recomendó que permanezca internado en observación hasta el mediodía, y le otorgó el alta.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, informó que, en el avance de la investigación, se cuenta con el informe definitivo de autopsia (realizado en junta médica) y con el informe de anatomopatología elaborado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde se concluye que la muerte del adolescente se produjo por falla multiorgánica – sepsis – pelviperitonitis apendicular.

El Fiscal explicó que se encuentran en cumplimiento otras medidas solicitadas, tales como el análisis de la historia clínica, que permitirán analizar el proceder de los profesionales que lo atendieron, y de los protocolos aplicados, para así determinar si les cabe alguna responsabilidad en la muerte del menor de edad

Cabe recordar que el padre del menor denunció que, el 18 de octubre, llevó a su hijo al hospital local por dolores abdominales. Fue atendido por la médica de guardia, quien indicó el suministro de calmantes, recomendó que permaneciera internado en observación hasta el mediodía, y le otorgó el alta.

Ya en su domicilio, continuaba con los malestares, por lo que durante la tarde fue trasladado nuevamente al nosocomio, donde quedó internado hasta el día siguiente. El domingo 19, cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue derivado a terapia intensiva sin ser operado y falleció durante la mañana del lunes 20 por falla multiorgánica – shock séptico.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra una mujer de 31 años como autora del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento.
Durante los alegatos, el fiscal González sostuvo la acusación contra la mujer y solicitó que sea condenada a una pena de 11 años de prisión.
A su turno, el defensor, solicitó que sea absuelta por la duda y de forma subsidiaria, que sea condenada por el delito de lesiones graves agravadas por la relación de pareja, con el mínimo de la pena prevista.
En el veredicto, el juez Leonardo Feans, condenó a Verónica Nieto a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional como autora del delito de lesiones graves. Deberá observar el cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta la prohibición de contacto con la víctima y realizar tratamiento psicológico.
En noviembre de 2024, un hombre de 38 años fue ingresado al hospital San Bernardo con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo. Su madre y hermana denunciaron que el día 24 de noviembre, en una vivienda de alquiler ubicada en la zona macrocentro de la ciudad, el damnificado fue rociado con alcohol y prendido fuego por la mujer con quien mantenía una relación de pareja.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (U.G.A.P.), Santiago López Soto, imputó formalmente a un hombre de 35 años como presunto autor del delito de homicidio simple, en relación con un hecho ocurrido el pasado 23 de noviembre, en la intersección de las calles Chazarreta y Fortín San José de Pocoy, en el barrio Norte Grande.
Según la investigación preliminar, basada en denuncias y testimonios recabados, se estableció que la víctima, un hombre de 34 años, se encontraba junto al imputado cuando se produjo una discusión. Durante la gresca, el acusado habría empleado un elemento corto punzante, provocando lesiones graves en la víctima. Tras desplazarse aproximadamente 300 metros, el hombre cayó al suelo y fue trasladado por personal del SAMEC al Hospital San Bernardo, donde falleció debido a shock hipovolémico por herida de arma blanca, conforme al informe estadístico de defunción.
La investigación incluyó entrevistas a testigos, familiares de la víctima y del imputado, así como relevamientos de cámaras de seguridad y patrullajes en procura del presunto agresor. Tras el hecho, el imputado se presentó voluntariamente en la Comisaría Segunda de Santa Cecilia, donde fue demorado y trasladado a la Alcaldía General, previo examen médico y toma de muestras para análisis toxicológicos.
Con base en los elementos de prueba recabados, la Fiscalía solicitó ante el Juzgado de Garantías correspondiente el mantenimiento de la detención del acusado, a fin de asegurar el correcto avance del proceso judicial.

La Fiscal Penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó que, en el marco de la investigación iniciada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer ocurrido en asentamiento San Javier, se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de las pericias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se llevó a cabo la autopsia. El informe preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, y se descartó la presencia de signos visibles de violencia que permitan presumir la intervención de terceros.
La Fiscalía continúa, conforme al protocolo, con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (U.G.A.P.), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se arribó a un acuerdo de juicio abreviado para Diego Gonzalo Olmedo como autor del delito de homicidio simple, por un hecho ocurrido el pasado 23 de noviembre, en la intersección de las calles Chazarreta y Fortín San José de Pocoy, en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta.
La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de nueve años de prisión de ejecución efectiva, lo declaró reincidente por tercera vez, y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El acusado expresó su arrepentimiento por lo sucedido y pidió disculpas a la familia de la víctima.
El hecho ocurrió cuando el acusado se encontraba junto a la víctima, un hombre de 34 años, y tras una discusión, lo lesionó con un elemento corto punzante, causándole la muerte por shock hipovolémico por herida de arma blanca.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, investiga las circunstancias en torno a la explosión y posterior incendio registrado la tarde del domingo 23, en un campamento de trabajo rural ubicado en el Centro 25 de Junio, departamento Anta.
Como consecuencia del siniestro, se confirmó el fallecimiento de un trabajador de 36 años de edad, quien fue identificado y es oriundo de Río del Valle. Se practicó el examen cadavérico correspondiente y posteriormente el cuerpo fue entregado a sus familiares. 
Un segundo trabajador, de 39 años, fue derivado al hospital de Joaquín V. González con heridas leves, mientras que el resto de sus compañeros logró evacuar a tiempo y recibió asistencia médica por quemaduras de menor consideración.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el incendio se habría iniciado a partir de una fogata realizada por los propios trabajadores, ubicada muy cerca de las estructuras del campamento, que contaba con dos habitaciones, un comedor y un depósito de combustible. La presencia de este material inflamable fue decisiva en la rápida propagación del fuego.
Alertados por la empresa agropecuaria, acudieron al lugar efectivos del Destacamento Policial 25 de Junio, junto a personal de la División Seguridad Urbana 5 y de la Sección Técnica de Bomberos 5, dándose inmediata intervención a la Fiscalía.
La fiscal García Pisacic continúa con la investigación y dispuso diversas medidas tendientes a determinar con precisión las causas del hecho y establecer eventuales responsabilidades, entre ellas la inspección ocular y el peritaje técnico en el lugar, el secuestro de restos y materiales vinculados al foco ígneo, la toma de muestras para análisis pericial, el relevamiento fotográfico y planimétrico del campamento, la recepción de declaraciones testimoniales a los trabajadores y personal de la empresa, así como el requerimiento de documentación relacionada con las condiciones laborales y de seguridad en el predio.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, realizó un procedimiento con detenciones en el marco de una causa por estafa y falsificación de documentos en la venta de vehículos en la localidad de General Güemes. 
La investigación inició a mediados de octubre por denuncias de damnificados al detectar que los rodados adquiridos tenían pedido de secuestro por robo en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Los vehículos fueron secuestrados.
En ese marco, los investigadores allanaron un inmueble en barrio San Roque y detuvieron a dos hombres de 75 y 31 años.  Hubo secuestro de boletas de compra y venta, constancias de seguros, verificación técnica con irregularidades, entre otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes y el Juzgado de Garantías 8.

Efectivos de Seguridad Urbana de la Policía de Salta realizaron un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencia 911 por un masculino en actitud sospechosa en avenida Felipe Varela de barrio Democracia.
En ese contexto, al identificarlo se detectó que tenía entre sus prendas de vestir un teléfono con pedido de secuestro por robo. Se demoró a hombre de 18 años y el celular fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal 6.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, encabeza una investigación a partir de un hecho ocurrido  en una finca ubicada en el kilómetro 10 de la ruta nacional 86, donde 4 hombres fueron detenidos con autorización del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, y serán imputados en las próximas horas por la presunta comisión del delito de robo en despoblado y en banda.
Según consta en las actuaciones, el encargado de la finca, dio aviso a personal de la Policía Rural, de la presencia de un grupo de personas desconocidas en el interior de la propiedad, quienes habían cortado un alambrado e ingresaron con motosierras y comenzaron a talar árboles.
Al hacerse presente los efectivos, encontaron en flagrancia a un grupo de personas, quienes estaban talando árboles dentro del predio y cargaban la madera en dos acoplados.
Con la colaboración de personal de Infantería, se logró la demora de 4 hombres mayores de edad y el secuestro de dos motosierras y una motocicleta de alta cilindrada.
El fiscal Medina señaló que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido e identificar a todas las personas vinculadas a la actividad ilícita.
Cabe destacar que es política del Ministerio Público Fiscal, combatir la tala ilegal en la provincia, que incluye la extracción clandestina de especies protegidas en zonas despobladas, causando graves daños ambientales y sociales, como la deforestación, que a su vez provoca inundaciones y desertificación, además del despojo de territorios de comunidades originarias que dependen del monte para su sustento.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó a una mujer por el presunto delito de comercialización de estupefacientes. Durante la audiencia, la acusada, asistida por un abogado particular, optó por no declarar ni responder preguntas. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías 5 el mantenimiento de su detención.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima realizada a través de la web del Ministerio Público Fiscal, en la que se alertaba sobre la venta de drogas en una panchería de barrio Ceferino. Con base en esa información, el Fiscal dispuso que el grupo SINAR 6 de la Policía de la Provincia de Salta realizara tareas de vigilancia y recolección de pruebas.
Los investigadores identificaron a la sospechosa, constataron que residía en barrio Primera Junta y que se trasladaba diariamente a Ceferino, donde fue registrada en reiteradas oportunidades intercambiando dinero por pasta base de cocaína. Las transacciones se realizaban preferentemente en horario nocturno, mediante la modalidad de pasamanos en el exterior de la vivienda, adonde acudían compradores en vehículos, motocicletas, bicicletas o a pie. También se acreditó que utilizaba la fachada de la panchería y el apoyo de personas con consumo problemático que actuaban como «campanas» a cambio de dosis.
Con las pruebas reunidas, desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de los dos domicilios vinculados a la investigación. El operativo se concretó el 31 de octubre pasado y permitió el secuestro de más de 4700 dosis de pasta base de cocaína, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, un aire comprimido y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de la sustancia.
La mujer fue detenida y quedó alojada en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

La Dirección General de Investigaciones de la Policía realizó un importante procedimiento en el marco de una causa por explotación y organización de juegos de azar en perjuicio del Ente Regulador de Juegos de Azar.
En ese marco, policías de distintas áreas allanaron 24 inmuebles en Las Lajitas, Río del Valle, Coronel Mollinedo y Apolinario Saravia. Una mujer fue detenida. Se secuestraron celulares, notebooks, posnet, entre otros elementos de interés para la causa. 
Los procedimientos se realizaron con más de 100 efectivos de Investigaciones, Infantería, Gopar, comisaria, entre otras áreas.
Intervinieron la Fiscalía Penal de Las Lajitas y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.

La Dirección General de Investigaciones de la Policía desarticuló una banda delictiva en Capital en el marco de una causa por robo calificado. La investigación inició a partir de denuncias de damnificados por la sustracción de motos en la vía pública.
En ese marco, esta mañana los investigadores allanaron seis inmuebles en los barrios 26 de Marzo, San Calixto y Villa Lavalle, y detuvieron a tres hombres y una mujer mayores de edad.
Se secuestraron cuatro motocicletas, motopartes, un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.
Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 1.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Michel Jesús Suárez, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real; y contra José María Enrique Chávez Herrera, como autor del delito de homicidio calificado, criminis causa y por alevosía (dos hechos) en concurso real.
La audiencia iniciará este martes 11 de noviembre, será presidida por el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Eduardo Sángari, y, según lo previsto, se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre.
El hecho a ser juzgado ocurrió el 17 de febrero de 2024, cuando se reportó la presencia de dos adultos mayores, de 70 y 73 años, sin vida en su domicilio de la finca La Unión, en Coronel Moldes, ambos con evidentes signos de violencia.
Tras un exhaustivo trabajo de todo el personal de la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que incluyó tareas de campo, entrevistas, análisis de comunicaciones y de cámaras de seguridad públicas y privadas, se reunieron los elementos de convicción suficientes para la detención de los dos hombres sindicados como sospechosos.
En el requerimiento a juicio, el fiscal González explicó que los acusados se dirigieron en transporte público hasta la localidad de Coronel Moldes con la excusa de compartir una comida con los hermanos Suárez. En un momento determinado, aprovechándose de la discapacidad visual de uno de ellos y mediante engaños, lo condujeron hacia un lavadero donde fue reducido y esposado, exigiéndole la entrega de dinero e la información sobre cómo abrir la caja fuerte.
Ante la negativa del adulto mayor, los acusados lo agredieron con un arma blanca en la zona del cuello y rostro, provocándole la muerte por shock hipovolémico.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, informó que, por el hecho, el pasado lunes se imputó de forma provisional a un hombre de 33 años y, este miércoles, a uno de 25 años, como coautores de los delitos de estrago doloso por existir peligro de muerte para terceros y estrago doloso seguido de muerte en concurseo ideal.
En las audiencias de imputación, los acusados fueron asistidos por la defensa oficial y, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, prisión preventiva para ambos.
El incendio en el pabellón B1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta ocurrió durante la noche del pasado domingo 26 de octubre, con la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Bomberos de la Policía de la Provincia, que realizaron el abordaje de la escena y en procura de todo indicio que permitiera determinar el origen del foco ígneo.
Como consecuencia, se registraron 22 detenidos que resultaron con quemaduras en el cuerpo y signos de intoxicación por monóxido de carbono, y un fallecido tras permanecer en terapia intensiva.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministero Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se analizó el pedido de prisión preventiva presentado oportunamente para un hombre de 31 años, como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos, previsto y reprimido por el artículo 128 primer y quinto párrafo del Código Penal.
El juez de Garantías 3 del distrito Centro, Antonio Pastrana, luego de escuchar los fundamentos de las partes, hizo lugar a la solicitud de la fiscal Cornejo y dictó la prisión preventiva del acusado, ante los riesgos procesales de fuga y/o entorpecimiento de la investigación y la gravedad de los hechos endilgados.
La fiscal Cornejo, en sus fundamentos, sostuvo que la actividad desplegada por el acusado fue detectada por el sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.
De esta forma se obtuvo información relacionada al tráfico de imágenes de explotación sexual infantil a través de distintas redes del tipo P2P, como ser dirección de IP desde la cual se efectuó el intercambio de archivos, la empresa proveedora de servicios, titular de la misma, fecha y hora de la actividad, sitio o aplicación P2P utilizada, identificador o Hash de la imagen o video, usuario reportado y país y región de la misma.
En el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado en la ciudad de Salta, donde se secuestró toda evidencia digital, y se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que intercambiaba y distribuía a través de redes del tipo P2P.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa contra un hombre de 26 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado.
La investigación se inició el 10 de junio de 2024, a partir de la denuncia de una mujer que aseguró que su pareja había vulnerado su integridad sexual.
En sede fiscal, la denunciante relató diversas situaciones en las que había sido obligada a mantener relaciones sexuales contra de su voluntad y en las que recibía amenazas.
Tras ser entrevistada por peritos especializados en delitos sexuales y teniendo en cuenta sus informes, así como los testimonios aportados por distintas personas, el fiscal Obeid dispuso la imputación del acusado y solicitó que sea juzgado.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino condenó a una mujer a cuatro años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes.
Luego de conocer las pruebas reunidas por la Fiscalía durante la investigación penal, Yanina Elizabeth Serrudo admitió ser autora del delito por el que permanecía detenida desde el 11 de septiembre pasado.
La intervención de la UFINAR comenzó tras denuncias ingresadas a la web del Ministerio Público Fiscal, donde se señalaba que en barrio Santa Victoria una mujer comercializaba estupefacientes. El fiscal Torres Rubelt encomendó al Grupo de Drogas 5 de la Policía de Salta que llevara adelante la investigación. Mediante tareas de campo, los efectivos corroboraron lo denunciado, identificaron a la sospechosa y registraron ventas de droga en distintos días y horarios.
Con las pruebas reunidas, se solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento, medida que permitió secuestrar cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate, en el que la jueza Victoria Montoya Quiroga condenó a un hombre a ocho años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
El acusado fue hallado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y las circunstancias de realización, agravado por la guarda y convivencia con una menor de 18 años, y coacción, todo en concurso real.
En sus alegatos, la fiscal Morales Torino sostuvo que, aunque los hechos ocurrieron en un ámbito íntimo sin presencia de terceros, el relato de la víctima, los informes psicológicos y los testimonios reunidos permitieron acreditar la responsabilidad del imputado. Señaló que la situación se agravaba porque, al momento de los hechos (entre 2018 y 2020), la menor convivía con el acusado, pareja de su abuela, quien se aprovechó de esa posición para cometer los ilícitos, además de encontrarse bajo su cuidado. Por ello, solicitó una pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo.
La intervención de UDIS comenzó el 8 de agosto pasado, a partir de la denuncia presentada por la madre de una adolescente de 13 años en contra de la pareja de la abuela de la menor de edad.
Tras la denuncia, la Fiscalía inició la investigación. En la declaración en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la adolescente relató que, mientras vivió en la casa de su abuela, la pareja de ésta la abusó sexualmente en reiteradas oportunidades —al menos cuatro o cinco veces— durante la noche, en el dormitorio que compartían. También refirió que el imputado la mantenía amenada.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, investiga un hecho ocurrido en el interior de la Unidad Carcelaria N.° 4 de Villa Las Rosas, donde una interna subió a los techos. La investigación se realiza para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar a los responsables, en cumplimiento de las medidas dispuestas.
Ante el conocimiento de lo sucedido, el fiscal Ruiz de los Llanos dispuso la identificación de la interna que habría protagonizado el incidente, así como de otras que podrían haber participado, el relevamiento de las cámaras de seguridad y el examen médico de las guardiacárceles que intervinieron en el control de la situación y que podrían haber sufrido lesiones.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención ante el reporte de un siniestro vial con víctima fatal, ocurrido sobre la ruta nacional 68, en la localidad de Cerrillos.
La colisión se produjo entre una motocicleta y un camión y como resultado, el motociclista perdió la vida en el lugar.
La fiscal Sodero Calvet, en procura de esclarecer lo sucedido, dispuso el trabajo en el lugar de personal de Criminalística de la Policía, para dar cumplimiento a las tareas de rigor y el exámen médico del cuerpo del fallecido, entre otras diligencias.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate que se desarrolló en el distrito judicial Orán, contra un hombre de 33 años, imputado como autor de los delitos de grooming (dos hechos), distribución de material de abuso sexual infantil y como autor mediato de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real.
Durante los alegatos, la fiscal Cornejo sostuvo la acusación contra el imputado y solicitó que sea condenado a la pena de 12 años de prisión efectiva, que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos y que realice tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos endilgados.
En su exposición, puso de relieve que la falta de contacto físico, el anonimato, la masividad de alcance en cuestión de segundos, la no necesidad de cercanía física, el no dar la cara en definitiva, plantea un combo perfecto para este tipo de delitos, en los que personas tan vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, son blanco fácil para los adultos que buscan influenciar, manipular y vulnerar su integridad, en busca de satisfacción propia, procurando un ámbito de anonimato e impunidad que los vuelve más avezados y crueles en sus modos de operar.
En el veredicto, el juez Raúl Fernando López, lo condenó a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos y que sea sometido a tratamiento psicológico.
La investigación de la Fiscalía inició en 2024, cuando fue imputado por un hecho de grooming en perjuicio de una menor de edad en la ciudad de Metán, a la que contactó a través de redes sociales y le solicitó el envío de fotografías con contenido íntimo.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra.
Al reanudarse la audiencia de debate, el Tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dio lugar a los alegatos de las partes.
Por la Unidad Fiscal, el fiscal penal Leandro Flores se refirió al análisis y valoración de la prueba producida y a la reconstrucción de los hechos ocurridos en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros. Dijo que la muerte de Salas fue un caso de violencia extrema contra una mujer, que se traduce en las 53 lesiones que presentaba su cuerpo y que dejan en claro que hubo una intención homicida, descartándose totalmente una situación accidental.
Luego, la fiscal penal Mónica Poma, realizó sus alegatos en relación a la segunda etapa de la investigación del hecho, que inició a partir de la creación de la Unidad Fiscal. Se refirió a las tareas que llevaron a identificar a los hermanos Saavedra como sospechosos y a los elementos de convicción que los vinculan a la muerte violenta de Jimena Salas.
Hizo alusión a la situación de intimidación que sufrieron distintos testigos durante la investigacion y durante el debate, y a cuestionamientos públicos realizados sobre las actuaciones y que no se reflejaron luego, en presentaciones judiciales.
Finalmente se refirió a los cambios de fisonomía y de forma de vestir de Javier Nicolás Saavedra tras hacerse públicas las fotos tomadas por la víctima y otras testigos y se trasladó a Santa Victoria Este, aduciendo distintos motivos.
Señaló además que, del análisis de los elementos secuestrados, se pudo verificar que Javier Saavedra se mantenía al tanto de las noticias vinculadas a la causa y que se agregó a un grupo de Facebook donde se pedía justicia para Jimena Salas.
A su turno, el fiscal penal Gabriel González, se refirió a los elementos de convicción que permiten sostener que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillero Saavedra tuvieron participación en el hecho, en base a los testimonios recogidos, el análisis de cámaras de seguridad, del análisis de comunicaciones y otras diligencias.
Enfatizó en los periodos de inactividad en las comunicaciones y tráfico de datos de los tres hermanos el día del hecho, días anteriores y posteriores, y que durante el debate, no se pudo demostrar que hubieran estado en otro lugar.
Para finalizar, González hizo una línea de tiempo del 27 de enero de 2017, con los últimos minutos de vida de Jimena Salas, en base a los testimonios de vecinos y el registro que se pudo recuperar desde su celular.
La Unidad Fiscal sostiene que Javier Nicolás Saavedra (fallecido) y el masculino identificado como H2, son los coautores del homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio de Jimena Beatriz Salas.
En tanto, que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra fueron partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, al prestar colaboración en la comisión del ilícito.
Se solicitó que los hermanos sean condenados a la pena de 12 años de prisión de ejecución efectiva y que el cumplimiento sea en una institución carcelaria. Además se requirió que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
También se solicitó al Tribunal que realice un pronunciamiento sobre la participación histórica de Javier Nicolás Saavedra en el hecho, ya que al realizar la reconstrucción objetiva del mismo, ésta resulta ineludible.
Al finalizar los alegatos de la Unidad Fiscal, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, para dar lugar a los alegatos de la querella y la defensa de los acusados.