El auxiliar fiscal Nicolás Alonso López representó a la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 51 años y una mujer de 40 años como coautores del delito de producción de material de abuso sexual infantil, previsto y reprimido por el artículo 128 primer párrafo del Código Penal.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal detalló la calificación legal, los hechos atribuidos a los detenidos, el grado de participación atribuido y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho investigado, junto con los elementos de prueba reunidos.
El juez del distrito Centro, Pablo Zerdán, controló la legalidad del procedimiento y, haciendo lugar a lo solicitado por la Fiscalía, dispuso la prisión preventiva de ambos detenidos.
Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia realizada por un particular, quien manifestó haber tomado conocimiento de la existencia de material de contenido sexual en el que intervenían los investigados junto con una menor de edad.
A partir de diversas tareas investigativas desplegadas, se realizó un allanamiento en el domicilio donde residen los sospechosos, en el Valle de Lerma. Allí se produjo su detención y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y otros elementos tecnológicos que pudieran contener evidencia de interés para la causa.

El juez Pablo Farah condenó a un hombre a la pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de sus tres hijas menores de edad.
Tras la lectura de la pena, el acusado fue trasladado a la Unidad Carcelaria 1 para su cumplimiento y se ordenó su inscripción en el Registro Provincial de Condenados vinculados a delitos contra la integridad sexual, previsto en la Ley 7775.
Durante sus alegatos de clausura, la fiscal Morales Torino sostuvo que “el hogar que debía ser refugio, se convirtió en una celda de silencio; el padre que debía ser protector, se transformó en el autor de su mayor trauma”. Expuso la gravedad de los hechos, la naturaleza de los delitos atribuidos y el profundo daño ocasionado a las víctimas en un contexto de violencia intrafamiliar sostenida y abuso de poder ejercido por quien debía garantizarles cuidado y protección.”
Relató que, si bien la denuncia fue efectuada en noviembre de 2024, la vulneración sexual a su hijastra de 13 años, con quien convivía desde sus primeros meses de vida, comenzó cuando la menor cursaba séptimo grado y se prolongaron en el tiempo. Asimismo, precisó que, de las declaraciones de las niñas, pudo establecerse que las abusos ocurrían cuando la madre debía ausentarse del hogar por razones laborales, al ser el único sostén económico de la familia.
Recordó que una de las hijas del acusado, de diez años, expresó no sólo haber sido abusada por su propio padre, sino también testigo de los abusos a su hermana mayor y a su hermanita de 7 años y cómo intentó protegerla.
La fiscal puntualizó que la prueba científica resultó contundente, ya que las pericias médicas realizadas a las tres niñas confirmaron indicadores compatibles con abuso sexual. Asimismo, advirtió la extrema vulnerabilidad de las víctimas por su edad y condición de género y, particularmente, por la situación de dos de ellas, quienes presentan retraso madurativo, circunstancia que incrementó significativamente su estado de indefensión frente al acusado.
Detalló además que, durante el debate, pudo conocerse cómo el acusado utilizaba mecanismos de terror psicológico para silenciar a las menores amenazando con matar a su madre y generaba situaciones destinadas a aislarlas, aprovechando las ausencias de la mujer y enviando a sus otros hijos fuera de la vivienda para impedir que advirtieran lo que ocurría.
Otro de los aspectos especialmente valorados por la Fiscalía fue la magnitud del daño psicológico ocasionado. Durante el juicio declararon profesionales de la salud mental que intervinieron en la asistencia de las niñas, quienes explicaron que el impacto emocional en víctimas de abuso sexual resulta considerablemente mayor cuando el agresor pertenece al entorno intrafamiliar y, particularmente, cuando se trata del propio padre. En ese contexto, una de las niñas manifestó incluso su deseo de suprimir el apellido paterno de su nombre.
Asimismo, la fiscal expuso las consecuencias que los hechos tuvieron en el desarrollo emocional y escolar de las víctimas, entre ellas secuelas psicológicas persistentes y afectaciones en su trayectoria educativa.
Cabe recordar que el viernes pasado, el juez Farah había encontrado culpable al hombre de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en perjuicio de sus hijas biológicas de 10 y 7 años (dos hechos). Asimismo, fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia (continuado) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y la convivencia, en perjuicio de su hijastra de 13 años, ambos en concurso real. Finalmente, también fue hallado culpable del delito de corrupción de menores agravada, en perjuicio de las tres niñas, en concurso ideal.

Efectivos del día Distrito de Prevención 4 realizaron un exitoso plan candado por un robo calificado, con uso de arma de fuego, registrado en una finca ubicada en el kilómetro 8 de la ruta nacional 86, en Tartagal.
El procedimiento fue coordinado por el director del Distrito de Prevención 4, Marcelo Contrera, quien dispuso un operativo candado en puntos estratégicos de la zona tras la alerta emitida por empleados del lugar, alrededor de las 2 de la madrugada.
Del operativo participaron de manera articulada el Centro de Coordinación Operativa, el sistema de Videovigilancia, motoristas y el Grupo de Intervenciones Conjuntas, lo que permitió una rápida respuesta y despliegue en distintas vías de circulación.
Habían sustraído una camioneta Ford Ranger, dinero en efectivo y herramientas, entre otros elementos, y se movilizaban en un auto particular Volkswagen que oficiaba como vehículo de apoyo.
En el marco del operativo, la camioneta robada fue localizada en la ruta provincial 54. Sus ocupantes intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que culminó con la recuperación del vehículo y la detención de dos mujeres mayores de edad.
Minutos después, en la zona de Campo Durán, se interceptó el automóvil Volkswagen logrando la detención de tres hombres. Todos los detenidos son mayores de edad, con domicilio en Salvador Mazza, y estarían vinculados entre sí.
Durante la requisa se recuperaron los elementos sustraídos y se secuestró más de un millón de pesos en efectivo.
Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal. La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas en el hecho.
El propietario de la finca radicó la denuncia correspondiente, mientras que los empleados del lugar reconocieron tanto los vehículos como los elementos robados.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo durante la última semana 133 procedimientos entre intervenciones en la vía pública y allanamientos, en el marco de la lucha contra el microtráfico de drogas.
Las acciones se desarrollaron en distintos barrios de Capital, Metán, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, Tartagal, Cafayate, Aguaray y el Valle de Lerma, entre otras localidades de la provincia.
Como resultado de los operativos, 14 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por presunta comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 6.900 dosis de cocaína y marihuana, evitando que fueran distribuidas y comercializadas.
Parte de las incautaciones se concretaron en el marco de los operativos de Protección Ciudadana, a partir de reportes realizados al Sistema de Emergencias 911 y denuncias efectuadas a través de la web.
Intervinieron las Fiscalías y juzgados competentes en cada jurisdicción.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, acusado como autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso real; y contra Ramiro Nicolás López, acusado como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.
Luego de un cuarto intermedio, y ante la ampliación de la calificación que realizó la fiscal Sodero Calvet para ambos imputados, los abogados defensores no realizaron planteos ni ofrecieron nuevas medidas probatorias, por lo que el juez Marcelo Rubio dio lugar a que el imputado Federico López brinde su declaración, según lo había solicitado.
López no aceptó responder preguntas, y en primer lugar se refirió a la acusación por el homicidio de Cabrera. Habló sobre los incidentes previos y del hecho en concreto, y sostuvo que la víctima le pateó la puerta del conductor del vehículo que conducía, y que lo incitaba a pelear.
Señaló que la pareja de su hermana abrió la puerta, dialogó con Cabrera y que luego se retiraron. Negó haberla embestido y afirmó que su hermano se encontraba en otro automóvil estacionado detrás.
El imputado dijo que, al retirarse del lugar, vio a la víctima de pie por el retrovisor y que partieron los dos autos tratando de evitar los controles policiales. Sostuvo que siempre estuvo a disposición de los requerimientos que se le hicieron en la causa.
Luego, respecto a los hechos de abuso sexual contra su expareja, hizo un relato pormenorizado de la relación que mantuvieron y negó haber ejercido violencia física y sexual en su contra.
Tras incorporarse la prueba producida, el juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 20 a las 10, para dar lugar a los alegatos de las partes.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, encabeza una investigación por el homicidio de un hombre de 28 años, ocurrido en el pabellón “A”, planta alta, de la Unidad Carcelaria 3 de esa ciudad.
Según consta en las actuaciones, la víctima fue herida con un elemento punzocortante en la zona torácica, y derivada al hospital local, donde, pese a la asistencia recibida, falleció.
Tras el deceso, se dio intervención a la fiscal Filtrín Cuezzo, quien dispuso el cumplimiento de todas las medidas de rigor tendientes al esclarecimiento del hecho; entre ellas, el traslado del cuerpo del fallecido al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para autopsia y la intervención de personal de la Unidad de Investigación UGAP.
La Fiscal señaló que de las primeras tareas investigativas desplegadas —entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y relevamiento de testigos—, se individualizó a dos internos como sospechosos de haber tenido participación en el hecho: uno como autor y el otro como partícipe.
Filtrín Cuezzo señaló que el informe preliminar de autopsia indica que la causa de muerte de la víctima es un shock hipovolémico por herida de arma blanca en el tórax, con daños en corazón y pulmón.

La Policía de Salta desarrolló diversos procedimientos con detenidos y secuestro de bienes robados en distintas jurisdicciones de la provincia. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de áreas especializadas como la Dirección General de Drogas Peligrosas, Seguridad Urbana, Motoristas, patrullas de dependencias y Seguridad Vial.
En ese contexto, 17 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por delitos contra la propiedad, conducción ilegal peligrosa, drogas, mientras que una fue detectada con pedido de captura.
Durante los procedimientos se recuperaron y secuestraron celulares, vehículos, dinero en efectivo y otros objetos de interés para las causas.
Intervinieron las Fiscalías Penales correspondientes de cada jurisdicción.

La Policía de Salta, por medio de la División Trata de Personas, concretó un importante procedimiento interfuerzas en Yacuiba, Bolivia, donde fue rescatada una adolescente de 16 años que había sido reportada con paradero desconocido por sus familiares. 
Tras la denuncia se activó el protocolo de búsqueda de personas. Se articularon las acciones con la Dirección General de Ciberseguridad. Con los datos obtenidos se hizo un trabajo coordinado entre la Policía de Salta, bajo las directivas de la Fiscalía Federal a cargo de Ricardo Toranzos, y autoridades judiciales bolivianas. Se activaron los mecanismos de cooperación internacional lo que permitió localizar y resguardar a la adolescente rescatada en el marco de un procedimiento conjunto con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Yacuiba. 
Un hombre fue detenido por la causa iniciada ante supuesto hecho de Trata de Personas con fines de explotación sexual.
El equipo policial de la provincia estuvo encabezado por la jefa de la División Trata de Personas, Janet Ale, quien luego de todas las diligencias judiciales correspondientes trasladó a la adolescente a Salta y fue restituida a su hogar.
A partir de este trabajo interfuerzas se inició una investigación en Bolivia con el rescate de dos mujeres más y la detención de un segundo hombre. 
La investigación en Salta continúa a fin de determinar la posible participación de otras personas en maniobras vinculadas a la captación, traslado y acogimiento de personas con fines delictivos.

Efectivos de la División Investigaciones Sur demoraron a dos hombres y una mujer mayores de edad por infracción a la Ley de Drogas 23737.
La intervención fue en barrio Santa Ana en el marco una denuncia por la sustracción de elementos y personas ajenas en un inquilinato.
Durante la intervención detectaron entre sus pertenencias bolsas con sustancias estupefacientes, por lo que solicitaron la personal de Drogas Peligrosas.
Secuestraron más de 1100 dosis droga, entre cocaína y marihuana, celulares, una balanza, entre otros elementos de interés para la causa.
Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Fiscalía Penal 3.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 40 años como presunto autor del delito de tentativa de homicidio.
El imputado fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar durante la audiencia.
El juez del distrito Centro, Guillermo Pereyra, controló la legalidad del procedimiento y, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, conforme a la Ley N.º 8.520/25, hizo lugar a la solicitud del Fiscal y dictó la prisión preventiva del imputado.
El hecho investigado ocurrió el pasado viernes 29 por la tarde en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad de Salta. Allí, en circunstancias que se investigan, el imputado conducía un camión con el que embistió a un adolescente de 14 años.
El menor fue trasladado en código rojo al hospital Materno Infantil, donde fue asistido y, debido a la gravísima lesión sufrida en una de sus piernas, se le realizó la amputación del miembro. Permanece internado en terapia intensiva, con riesgo de vida e imposibilitado de declarar.
La intervención de la Fiscalía Especializada se produjo a partir de la magnitud del siniestro y al presumirse un accionar doloso del conductor.
Personal de Criminalística de la Policía de la Provincia realizó las tareas de abordaje del lugar del hecho y efectivos de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF se encuentran cumpliendo las tareas investigativas.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, tomó intervención tras el reporte de un hecho en el que un hombre fue herido con arma blanca, en la localidad de El Potrero, quien fue trasladado para una mejor atención, al hospital Melchora Figueroa de Cornejo.
Horas después, se notificó el deceso del hombre herido y el fiscal López Ibarra se trasladó hacia el hospital, donde un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Metán, realizará la autopsia, para determinar de forma fehaciente la causa del deceso.
Explicó que se impartieron las directivas de rigor, tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho e informó que se logró la detención de un hombre mayor de edad como sospechoso de haber tenido participación en el homicidio. Confirmó que será imputado el próximo lunes.

La Policía de Salta, por medio de la Subdirección General de Investigaciones, realizó en las últimas 48 horas un importante operativo en Orán del que participaron más de 240 efectivos de distintas unidades especiales de los Distritos de Prevención de Orán, Pichanal, Tartagal y Embarcación. 
Se hicieron 27 allanamientos simultáneos en diferentes barrios de la Ciudad por distintas causas relacionadas a delitos contra la propiedad bajo diversas modalidades.
El procedimiento se ejecutó en barrio Taranto, Constituyente, Aeroparque, 4 de Junio, Estación y Patrón Costa. 
En este contexto, 11 personas fueron demoradas, de las cuales ocho quedaron detenidas. 
Asimismo, se secuestraron una camioneta, seis motos, teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego, armas de utilería, cartuchos, puntas, picanas y otros elementos de interés para las investigaciones. Además, intervino personal de Drogas Peligrosas para la incautación de una planta de marihuana.
Intervinieron las Fiscalías Penales 1 y 2 de Orán y el Juzgado de Garantías 2.

Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el abogado Santiago Pedroza, en el marco de una investigación que se lleva adelante por la presunta comisión de los delitos de estafa (40 hechos) y asociación ilícita en la comercialización de terrenos inundables e inhabitables.
Durante la audiencia, los fiscales detallaron la calificación legal, los hechos atribuidos al detenido, el grado de participación que se le atribuye y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados, junto con los elementos de prueba reunidos.
Una vez formalizada la investigación penal preparatoria, los miembros de la Unidad Fiscal solicitaron la prisión preventiva del imputado, en atención a los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga considerando la expectativa de pena en abstracto.
Solicitaron además que se realicen informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales del imputado y la extracción física de los celulares secuestrados en relación a las comunicaciones con los denunciantes o los coimputados.
La jueza audiencista del distrito Centro, Victoria Montoya Quiroga, luego de escuchar a las partes, dispuso el arresto domiciliario de Pedroza con una consigna fija en la puerta de la vivienda familiar, hasta tanto se le asigne una tobillera electrónica.
Entre las restricciones impuestas, se le prohibió mantener cualquier tipo de contacto y por cualquier medio, con los denunciantes o los coimputados y el contacto con los medios masivos de comunicación y las publicaciones en redes sociales en relación a la presente causa.
Se aceptó la caución personal ofrecida por su pareja y una caución real ofrecida por la defensa, de un inmueble sobre el que se trabará un embargo preventivo.

En audiencia de formalización de investigación penal, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de estafas reiteradas (10 hechos) en concurso real y amenazas con arma de fuego (3 hechos), en el marco de una causa por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la compraventa de autos usados.
Durante la audiencia, el denunciado fue asistido por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no prestar declaración ni contestar preguntas de la Fiscalía.
La intervención de la fiscalía especializada en delitos económicos complejos se inició a partir de distintas denuncias en las que los damnificados aseguraron que realizaron acuerdos con el ahora imputado, quien se presentaba como titular de la concesionaria de autos Next.
En el primero de los casos, un hombre denunció que entregó un automóvil marca Volkswagen Fox a cambio de un pago de $7.500.000, recibiendo solo $3.000.000. El saldo de $4.500.000 debía ser cancelado en 30 días, pero el denunciado no pagó, se mudó y perdió contacto, sin devolver el vehículo ni completar el pago acordado.
En otro caso, otro denunciante manifestó que vendió un Toyota Corolla por $25.000.000 pesos, quedando pendiente un saldo de $4.500.000. Para garantizar el pago, el acusado firmó pagarés en cuotas, pero no cumplió con los pagos ni entregó el vehículo.
Un tercer afectado relató que entregó un Volkswagen Fox con toda la documentación al acusado, quien inicialmente brindó excusas por la demora en la cancelación de la deuda. Aseguró que, finalmente, se enteró de que el auto había sido vendido a un tercero y no pudo recuperarlo ni obtener el dinero.
En otro reclamo, un denunciante narró que acordó la entrega de un automóvil y realizó negociaciones verbales con el vendedor, quien le prometió pagos y mostró opciones para créditos prendarios con el fin de cancelar una deuda, sin llegar a formalizar contratos firmados. El vehículo no estaba a nombre de la víctima y, tras la entrega, este dejó de recibir pagos y perdió contacto con el responsable .
Un quinto caso involucró la venta de un Toyota Corolla, en la que el denunciante manifestó que recibió pagarés y algunos pagos parciales, pero el saldo quedó impago. El vehículo habría sido vendido en otra provincia sin autorización.
Otra víctima aseguró que su camioneta Fiat Toro fue entregada en consignación para su venta y que, aunque se firmaron documentos preliminares, no hubo contratos certificados ante escribano público. Precisó que le había prometido la entrega de otro vehículo y pagos parciales, pero ello no sucedió.
Además, tres mujeres denunciaron que habían sido amenazadas de muerte con un arma por el vendedor, al reclamarle por la fallida operación de venta; mientras que en otros dos casos, las damnificadas le habrían realizado préstamos de dinero, que no fue devuelto. Ante el reclamo, el sujeto las habría amenazado.
Personal de la Unidad de Investigaciones UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales analizó los contratos de compraventa y documentos relacionados con las operaciones entre los damnificados y el denunciado, copias simples de comunicaciones por WhatsApp, así como comprobantes de transferencias bancarias vinculados con las operaciones. También se incorporaron informes de dominio emitidos por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, que permitieron constatar la titularidad y situación registral de los vehículos involucrados.
Teniendo en cuenta los testimonios de los damnificados y los informes de los investigadores, la fiscal Salinas Odorisio imputó provisionalmente al hombre.

Los fiscales penales María Soledad Filtrin y Santiago López Soto, junto al secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate bajo la modalidad de juicio por jurado, contra Héctor René Aparicio, acusado de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Ricardo Erva.
Luego de deliberar por más de dos horas, el Jurado Popular, dio a conocer el veredicto donde declaró a Hector René Aparicio, culpable del delito de homicidio calificado por alevosía, según lo había solicitado la Fiscalía en los alegatos finales. 
Luego, el juez técnico Mario Maldonado, en la audiencia de cesura, condenó al acusado, el cumplimiento de la pena de prisión perpetua y lo declaró reincidente por primera vez, según lo solicitado por los miembros de la Unidad Fiscal, y rechazando el planteo de inconstitucionalidad realizado por la defensa.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, encabeza una investigación tras el reporte del fallecimiento de un hombre de 52 años.
El hombre fue encontrado inconsciente junto a un vehículo durante la madrugada de este 25 de mayo, en inmediaciones de la ruta nacional 9, altura Cabañas Las Tunas de la ciudad de Salta. Luego fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció horas después.
Desde la Unidad de Graves Atentados se dispuso la intervención de personal médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF para dar cumplimiento a las tareas de rigor.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicó la autopsia y se solicitó la realización de estudios complementarios para determinar la causa del deceso de manera científica.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, acusado como autor de los delitos de homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, y contra Ramiro Nicolás López, acusado como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.
Al reanudarse la audiencia, declararon tres testigos citados por la defensa técnica del imputado Federico López en relación con la causa por dos hechos de abuso sexual.
Estas personas declararon como testigos de concepto, aportando información de lo que conocían y sabían de la relación que mantenía la pareja.
El juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 14, cuando se prevé finalizar con la ronda de testimoniales y fijar la fecha para los alegatos de las partes.

Los fiscales penales María Soledad Filtrín y Santiago López Soto, junto al secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate bajo la modalidad de juicio por jurado, contra Héctor René Aparicio, acusado de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Ricardo Erva.
El juez técnico Mario Maldonado, luego de brindar las instrucciones iniciales a los miembros del jurado, dio lugar a la fiscal penal Filtrín Cuezzo para que realice los alegatos iniciales ante el jurado.
En los alegatos iniciales, Filtrín Cuezzo destacó que la víctima y el acusado se conocieron en un contexto de detención en la cárcel federal de General Güemes, donde forjaron una relación de amistad y confianza.
Mantenían contacto por la venta de un vehículo y los días previos al 25 de septiembre de 2024, para lo cual Erva viajó desde Salvador Mazza a Orán, se reunieron para intentar vender una camioneta y al no poder hacerlo, la víctima se decide volver a Salvador Mazza y previamente se dirigió hacia la vivienda de Aparicio.
Ya en el domicilio del acusado, Erva fue atacado por Aparicio con tres golpes con un elemento contundente en la cabeza y un elemento filocortante, con el que le provocó 27 puñaladas en el cuerpo, dos de ellas letales.
La fiscal sostuvo que el imputado actuó sobre seguro, aprovechando una relación de confianza previa con la víctima. La agresión se produjo de manera sorpresiva, anulando toda posibilidad de defensa. “Obró totalmente a traición porque Erva estaba indefenso” aseguró.
Destacó que, para deshacerse del cuerpo, Aparicio cargó a la víctima en una camioneta sobre un cartón que correspondía a una cocina que había comprado, y lo trasladó 15 km por la ruta 5, hasta una zona rural, donde lo arrastró hasta una cortina de árboles, donde dejó abandonado el cuerpo, cubriéndolo con troncos y ramas.
El cuerpo fue encontrado el día 29 de septiembre, con un detalle considerado fundamental, la caja usada para el traslado, que pertenecía al imputado.
“En el camino de la impunidad”, la Fiscal señaló que Aparicio se traslada a Embarcación, donde busca a un amigo que le guarda por dos días el vehículo usado para el traslado, y luego lo vende para saldar sus numerosas deudas. Se mudo de domicilio y se deshizo de su línea telefónica.
Luego fue el turno de la defensa técnica de Aparicio, de hacer sus alegatos iniciales y plantear su teoría del caso ante el Jurado.
Ya en la etapa de producción de prueba, comenzaron las testimoniales con la declaración de un Licenciado en Criminalística, quien con imágenes previamente seleccionadas con acuerdo de las partes, explicó las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, las huellas que llamaron la atención, tales como de arrastre, de un vehículo y que le permitían concluir que el hecho no se produjo en el sitio donde fue dejado.
En este contexto, en el domicilio del acusado se encontró una mancha de sangre, que fue sometida a pericias.
Los siguientes testigos fueron la pareja de Ervas, se refirió a la última vez que lo vio con vida; dos primos del fallecido que coincidieron en que el 25 de septiembre éste debía volver a Salvador Mazza a dejar una camioneta con Aparicio y no supieron nada más de él.
La quinta testigo fue una médica del CIF Orán, quien se refirió a la autopsia realizada al cuerpo de Ervas, y su exposición fue con un soporte de gráficos (sin exhibir imágenes). De esta manera explicó al jurado que presentaba 3 hematomas en en el cráneo, que habrían sido producidas con un elemento duro y contundente. Las describió como lesiones graves y de tamaño considerable y que eran aptas para provocar la pérdida de conocimiento y constató las 27 puñaladas en distintas partes del cuerpo, tres de ellas vitales en la zona torácica. También aclaró que el cuerpo de Ervas no presentaba signos de defensa.
Durante la tarde, declaró un efectivo policial de la Unidad de Investigación UGAP, quien tuvo a su cargo el análisis de comunicaciones y de impactos de antenas entre la víctima y el acusado. Señaló que, durante los tres días previos al homicidio, Erva y Aparicio coincidían en ubicación debido a sus encuentros, y que el 25 de septiembre es la última fecha en la que se registran comunicaciones de la víctima. Indicó que, según el informe, el teléfono de la víctima se dirige hacia la vivienda del imputado y luego no registra más movimientos. Posteriormente, explicó los desplazamientos del celular del acusado, primero hacia el lugar del hallazgo y luego hacia el sitio donde se guardó la camioneta que intentaba vender.
También se refirió a las comunicaciones de la pareja de Aparicio, de las que surge la preocupación existente por las deudas familiares y cómo, repentinamente, estas fueron saldadas, además de la mudanza del domicilio. Mencionó asimismo otros mensajes en los que el acusado señalaba que ya había terminado “el trabajo” y que esperaba cobrar.
Se exhibieron videos extraídos de los teléfonos, en los que se observa la caja de una cocina que luego fue hallada con sangre junto al cuerpo, así como otros registros fílmicos posteriores al hecho, en los que ya no se la visualiza.
Finalmente, el testigo se refirió a un allanamiento realizado en la vivienda donde residía el acusado al momento del hecho, en el que se encontró sangre humana que, según declaró una profesional del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, pertenecía a la víctima.
Otro efectivo policial expuso sobre el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911 realizado. Se exhibieron registros en los que se observa la circulación del acusado junto a la víctima, particularmente el 25 de septiembre. Confirmó además que, en un allanamiento realizado en la nueva residencia del acusado, se secuestró una cocina nueva que coincidía, por numeración y datos de referencia, con la caja hallada en el lugar donde fue abandonado el cuerpo.
Una médica anatomopatóloga del CIF se refirió a su intervención en los análisis complementarios de la autopsia practicada a la víctima y sostuvo que se encontraba con vida al momento de recibir los golpes en la cabeza.
También declararon testigos que compartieron con el acusado momentos previos y posteriores al hecho, quienes se refirieron, entre otros aspectos, a los intentos de venta de la camioneta. Finalmente, prestaron testimonio un testigo que tomó contacto con Aparicio cuando guardó el vehículo entre el 27 y el 29 de septiembre en una cochera, lo acompañó hasta Aguas Blancas —donde lo entregó—, y otro que presenció el paso del rodado por la zona fronteriza.
Finalizados los testimonios previstos para la jornada, se dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles para recibir las últimas declaraciones y dar lugar a los alegatos finales de las partes.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, inició actuaciones de oficio a partir de la difusión de hechos vinculados al accionar de personal policial durante el encuentro disputado entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en la ciudad de Salta.
En el marco de la investigación preliminar, se dispuso la realización de diversas medidas tendientes a la recolección de información y resguardo de evidencia.
En ese sentido, se libró oficio a la Jefatura de Policía a fin de que informe, con carácter urgente, si por los hechos difundidos en medios de comunicación se habrían recepcionado denuncias policiales vinculadas al episodio.
Asimismo, se requirió la remisión de la nómina del personal policial afectado a servicio adicional durante el partido disputado el 24 de mayo de 2026, con el objeto de individualizar a los efectivos intervinientes en el operativo de seguridad.
De igual manera, se solicitó la identificación del o los efectivos que, de acuerdo a las actuaciones preliminares, habrían incurrido en presuntas conductas irregulares, tales como el daño de una bandera y la eventual agresión o provocación hacia simpatizantes de la parcialidad visitante, así como la identificación de otro agente que habría incitado a pelear a un jugador del equipo de Jujuy. La información deberá consignar datos personales, número de legajo y lugar de revista actual.
Finalmente, la fiscal Claudia Geria requirió la remisión de registros fílmicos al Centro de Coordinación Operativa 911, al Club Gimnasia y Tiro y a los fines de su resguardo y análisis, así como a eventuales medios o plataformas que hubieran difundido material audiovisual del hecho, a efectos de su incorporación a la causa.

La Policía de Salta realizó un procedimiento contra el narcotráfico en Cafayate, en el marco de un control preventivo que llevaba a cabo la sección Motoristas del Distrito de Prevención N° 6, en la ruta nacional N° 68.
Los integrantes de la fuerza de seguridad provincial, detectaron que un pasajero de remis transportaba en una mochila casi medio kilo de marihuana, equivalente a más de 1900 dosis de droga. Inmediatamente dieron intervención a la Sección Narcocriminal de Cafayate y se realizó la incautación de la sustancia y el hombre, residente de Cafayate, quedó a disposición de la justicia. 
La Policía incautó más de 1900 dosis de marihuana en Cafayate
En el caso, intervino la Fiscalía Penal local.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra José Eduardo Figueroa, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa.
Al reanudarse la audiencia, declaró un tío materno del imputado, quien dijo que mantenía una relación de proximidad con la pareja; incluso manifestó que su esposa es madrina de bautismo de uno de los hijos de ambos. Comentó situaciones cotidianas y, al ser consultado sobre sus dichos, manifestó que le pareció mal que la víctima le pidiera a su esposo que cambiara los pañales a uno de los niños.
Luego lo hizo un trabajador de la finca del tío del imputado, quien se refirió a la relación que mantenía con Figueroa, la que describió como laboral pero cercana. Ponderó que su «patrón» no hacía diferencias e incluso permitía que uno de sus hijos jugara con uno propio y consideró que «no merecía terminar así». Respecto de la víctima, dijo que el trato era bastante formal pero, al ser consultado, dijo que era «mandonita».
La siguiente testigo fue una amiga de la familia, vinculada por las actividades deportivas de los hijos, con quien compartían actividades sociales en relación a los menores, tales como cumpleaños. Ella dijo que les parecían una «pareja perfecta» y que, por el grado de confianza que habían alcanzado, no conocía detalles de la intimidad de la pareja.
Sí mencionó que la noche previa al hecho, alrededor de las 20, fue al domicilio del imputado a buscar a su hijo y encontró a este bien, de buen ánimo, y que le hizo incluso bromas. De lo sucedido se enteró por los medios de comunicación.
Mediante videollamada se recepcionó la declaración de una prima del imputado, quien dijo tener una relación frecuente y cercana a la pareja. Comentó que, pese a vivir en provincias distintas, se visitaban mutuamente y que no había llegado a conocer conflictos en la pareja. Sobre la víctima dijo que era una «excelente persona».
También fueron convocadas una médica psiquiatra y una psicóloga particulares, quienes atendieron al imputado desde que fue ingresado a la Unidad Carcelaria 1, para velar por la integridad de su salud mental. Ambas fueron coincidentes en hablar de un cuadro presuntivo de depresión, con síntomas de estrés postraumático como el desánimo o el insomnio.
Sobre el hecho que es juzgado, también coincidieron en que recuerda hasta una discusión que habría servido de disparador, y que presenta lagunas mentales o faltas de recuerdo al respecto.
Señalaron que expresa sentir culpa y responsabilidad «por todo lo sucedido». Hablaron de emociones intensas, y en el caso de la médica psiquiatra, de un desborde emocional caracterizado como un «huracán».
Respecto al alcance de los sentimientos de culpa y angustia que les habría expresado el imputado y volcaron en sus informes, la fiscal Sodero Calvet hizo notar que en ellos hablan de la preocupación por sus hijos, por su bienestar, por su familia, pero en ningún informe se menciona ese sentimiento respecto por quien fuera su esposa o por el acaecimiento de su muerte, lo que fue reconocido por ambas profesionales.
En el caso de la psicóloga, fue cuestionada por expresar en un informe el término «emoción violenta», ya que es propio del ámbito jurídico e incluso por citar un texto de una criminalista que le da un marco científico, ajeno a su área de conocimiento.
Durante la exposición, señaló que la pareja tenía naturalizadas situaciones de violencia, y fue cuestionada por la Fiscal respecto al alcance de la expresión, ya que su abordaje se limita al imputado y no estaba en condiciones de referirse a la víctima, pues no la había conocido ni tratado.
Debió explicar además que el término «expresiones indecorosas» que había usado para referirse a cómo se comunicaba Kvedaras con su marido era una consideración propia y no algo que el imputado le había manifestado.
Al concluir la jornada, el Tribunal, integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 24 a las 8.30.

Durante el fin de semana, la Policía de Salta realizó distintos operativos de Protección Ciudadana en barrios de los Distritos de Prevención 1 y 10. Trabajaron patrullas de dependencias y distintas áreas especiales.
Se hicieron controles integrales, entrevistas vecinales y patrullajes en zonas de mayor circulación y en puntos considerados críticos de los barrios Solís Pizarro, Tres Cerritos, Atocha, Villa Asunción, 20 de Junio, Villa El Sol, Democracia, Norte Grande, Solidaridad, La Paz, entre otros barrios de los Distritos.
En ese contexto, se labraron más de 500 actas contravencionales por consumo de bebidas alcohólicas, desorden, fiestas no autorizadas y ruidos molestos. A su vez, 58 personas fueron demoradas por delitos contra la propiedad, infracción a la Ley de Drogas, entre otros. Se detectó a 2 personas con código rojo, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia.
Los Operativos de Protección Ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa y se desarrollan en distintas jurisdicciones de la provincia, con el objetivo de potenciar la presencia policial en la vía pública, fortalecer la seguridad en los barrios y promover el diálogo con la comunidad.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, acusado como autor de los delitos de homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, y contra Ramiro Nicolás López, como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.
En la nueva ronda de testimonios, el primer testigo fue un licenciado en Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien tuvo a su cargo la inspección ocular de prendas de vestir de la víctima, tales como un pantalón de jean, un par de zapatillas, un par de medias y una riñonera, que se encontraban secuestradas.
Señaló que, en forma coincidente, las prendas presentaban manchas negruzcas y suciedad, detalló que el pantalón tenía roturas compatibles con enganches y otros cortes propios del accionar del personal de Salud.
El calzado, además, presentaba signos de fricción y la riñonera tenía también, manchas de aspecto sanguinolento.
El segundo testigo fue otro licenciado en Criminalística, presentado como perito de la defensa, quien participó de la inspección ocular de las prendas de la víctima conjuntamente con el perito del CIF, realizó una pericia accidentológica conjunta con otro profesional y tomó parte de una inspección ocular del vehículo involucrado en el hecho.
Respecto de la inspección ocular de prendas, dijo que adhería a lo manifestado por el perito del CIF, ya que se firmó el informe de conformidad.
En relación a la pericia accidentológica realizada, sostuvo que se firmó de conformidad con el perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Sostuvo que el hecho se produjo durante la madrugada del 3 de diciembre de 2023, sobre una calle de ripio paralela a la ruta provincial 36, en la localidad de Campo Quijano.
Con la exhibición de material multimedia, se refirió a una huella de aceleración encontrada en el lugar, la cual tenía una longitud de 2.3 metros de longitud y que es compatible con una franca aceleración del vehículo. También mostró una zapatilla del pie izquierdo perteneciente a la víctima, que quedó en el lugar.
Respecto  al automóvil Fiat Súper Europa blanco, dijo que se encontraba en mal estado general de conservación, no apto para la circulación en la vía pública y que en la parte inferior, entre otras deficiencias, presentaba partes filosas.
Luego exhibió un video tomado por una cámara de seguridad del Sistema de Emergencias 911, donde se registra que el día de los hechos, a las 4.45 de la madrugada, pasaron en primer lugar un automóvil Fiat Blanco y, detrás, un Ford Escort, atravesando la ruta en dirección a la calle Castilla, así como las maniobras que realizaron.
También se observa el paso de la víctima caminando junto a un grupo de personas hacia el lugar, y aclaró que las imágenes no registran el hecho por encontrarse en una calle paralela.
Concluyó tras referirse a las intervenciones que tuvo, que se determinó con grado de probabilidad que el Fiat Súper Europa blanco fue el vehículo embistente, fundamentando su opinión profesional en lo reflejado en los registros fílmicos, análisis de indicios y en el relevamiento de testigos.
En cuanto al dictamen, dijo que al momento de la pericia tuvieron acceso al informe de autopsia y sostuvo que las lesiones en el hígado y en el abdomen que presentaba la víctima, en general, son compatibles con el paso por encima de al menos una rueda de vehículo.
También prestaron declaración un efectivo policial que realizó una planimetría del lugar del hecho el día en que ocurrió y otro que realizó una inspección del vehículo, horas más tarde, alrededor de las 14.35, en la vivienda de los imputados.
Finalizada la ronda de testimoniales, el juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 12 de mayo para continuar con las declaraciones previstas.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención tras un hecho reportado en una vivienda de barrio Solís Pizarro de la ciudad de Salta, donde una mujer de 35 años resultó gravemente lesionada con un arma blanca y debió ser trasladada al hospital San Bernardo, donde se confirmó que corrió riesgo de vida y permanece internada.
Su pareja, un hombre de 37 años sindicado como principal sospechoso del ataque, huyó del lugar y fue detenido en barrio Ceferino, donde fue encontrado con heridas propias de haber intentado autolesionarse mediante ahorcamiento y con un arma blanca. Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde horas más tarde falleció por causas que serán investigadas.
Su cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde se realizó la autopsia.
La fiscal Sodero Calvet señaló que, tras el reporte del hecho, se dispuso el cumplimiento de todas las medidas de rigor, a cargo de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP.

Fortalecen la búsqueda de la salteña Lourdes Rosario Brizuela, de 23 años, que se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo de 2026 en Pichilemu, Región de O’Higgins, Chile. La alerta fue difundida por la Fundación Volviendo a Casa, que solicitó máxima difusión internacional debido al riesgo de su integridad física y psicológica.
Según la denuncia de su madre, Lourdes viajó a Chile en diciembre de 2025 y residía en Punta de Lobos. Días antes de desaparecer, advirtió vía WhatsApp que “había personas siguiéndola” y temía que pudiera sucederle algo. Desde entonces no respondió mensajes ni videollamadas.
Datos físicos y distintivos:
Edad: 23 años
Altura: 1,60 m aprox.
Contextura: delgada
Tez: blanca
Cabello: castaño claro, ondulado hasta los hombros
Ojos: marrón claro
Señales particulares: quemadura en mano izquierda, tatuajes (luna y dos astronautas en pierna izquierda, símbolo en la nuca), lunar marrón grande en el pecho.
La familia solicita que cualquier información se comunique de manera inmediata con las autoridades:
Teléfono: +54 9 387 457-0296
Emergencias: 911

Por disposición del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se conformó de inmediato una Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal 1 del Distrito Judicial Tartagal, Pablo Alejandro Cabot, competente en el caso por menores, a fin de intervenir en estas actuaciones originadas a partir de información remitida por la Unidad Fiscal 505 de la Fiscalía Nº 5 de la ciudad de Rafaela, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
Los informes fueron remitidos el pasado viernes a la Procuración General de Salta, en el contexto de la investigación por el homicidio de un adolescente ocurrido en una institución educativa de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y daban cuenta de elementos que requerían la profundización investigativa respecto de un menor residente en una localidad del norte provincial.
En ese marco, y conforme a la evidencia digital analizada, se advirtieron manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial de las autoridades competentes, en relación con posibles interacciones en entornos virtuales donde se habrían detectado expresiones asociadas a la normalización discursiva de la violencia y a procesos de radicalización en comunidades digitales.
A partir de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y con la debida autorización del Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, durante el día de ayer se llevaron adelante allanamientos, registros e inspecciones en dos domicilios del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal, bajo la supervisión del Fiscal Pablo Cabot, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación y preservar evidencia digital potencialmente relevante.
En el lugar se procedió al secuestro e inspección de dispositivos informáticos y soportes tecnológicos, realizándose las constataciones técnicas necesarias para identificar posibles archivos o datos alcanzados por la orden judicial. Del análisis preliminar de los elementos secuestrados surgieron referencias vinculadas únicamente a la investigación que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, descartándose en principio, la existencia de algún hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad en la provincia de Salta.
En el marco de la investigación, se adoptaron de manera inmediata todas las medidas urgentes de resguardo y protección consideradas necesarias. En ese contexto, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces, organismo que articuló actuaciones con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Asimismo, se dispuso consigna policial fija en el domicilio y está prevista una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación del adolescente involucrado, sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía.
Por tratarse de actuaciones que involucran a personas menores de edad, mas también la existencia de víctimas, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva y con resguardo de los derechos y garantías correspondientes.

En el marco de diversas investigaciones por el delito de Intimidación Pública en establecimientos educativos de la provincia, la Policía de Salta concretó durante la última semana la detención de seis estudiantes. Las más recientes se llevaron a cabo en el Colegio 5037 de Las Lajitas.
Las actuaciones se originaron a partir de denuncias realizadas por autoridades escolares, lo que derivó en intervenciones de Fiscalías Penales, Asesorías de Menores y Juzgados correspondientes.
Los estudiantes detenidos pertenecen a los colegios 5037 de Las Lajitas, Técnica República de India y Walter Adet de la ciudad de Salta. Asimismo, en el marco de hechos de similares características, otros 11 alumnos fueron demorados e identificados en establecimientos educativos de Capital, General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.
Como parte de las medidas dispuestas por las Fiscalías intervinientes, se realizaron requisas domiciliarias y se procedió al secuestro de teléfonos celulares en los casos donde hubo detenciones e imputaciones.
Las investigaciones continúan en curso bajo la órbita de la Justicia provincial.

La Policía de Salta llevó adelante un importante procedimiento en el sur provincial en el marco de una investigación por delitos de abigeato. Se desarticuló dos bandas delictivas que operaban en las zonas de Rosario de la Frontera y La Candelaria.
La investigación se originó a partir de denuncias radicadas por productores ganaderos por el robo de animales vacunos en fincas rurales.
Como resultado de las tareas investigativas y allanamientos realizados por efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera, siete personas fueron detenidas.
Se recuperaron 34 animales vacunos que posteriormente fueron restituidos a sus propietarios. También detectó un inmueble utilizado presuntamente para faena clandestina, donde se secuestraron más de 100 caravanas identificadoras, 20 kilos de carne vacuna sin documentación, armas de fuego, camionetas, tráileres, teléfonos celulares y herramientas utilizadas para el faenamiento.
Intervinieron la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera y el Juzgado de Garantías de San José de Metán.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, como autor del delito de homicidio simple, y contra Ramiro Nicolás López, como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.
Al reanudarse la audiencia de debate, ayer declaró un conocido de la víctima, quien se encontraba en el lugar momentos después del hecho. Dijo haberla visto tendida en la calle y en forma posterior, por un amigo, supo lo que había sucedido. También manifestó haber visto el auto del imputado y refirió conocer a Ramiro López porque era su compañero de estudios.
Luego declaró una prima de la víctima, quien tomó conocimiento del hecho horas después y se abocó a buscar información de lo sucedido, entre testimonios y consultando por las cámaras de seguridad privadas que había en la zona. Sobre los detalles del hecho, dijo que los conoció por terceras personas que le acercaron información, la cual aportó a la investigación.
La siguiente testigo fue una vecina de Quijano, quien ese día estuvo en el boliche, vio a la víctima en el interior y refirió que, cuando ella se retiraba, presenció cómo desde el grupo de los imputados insultaban a Cabrera. Luego la vio tendida sobre la cinta asfáltica, mientras un automóvil blanco, de tamaño pequeño, se alejaba del lugar.
Contó que se acercó a ella, escuchó que se quejaba y señaló que «el problema comenzó adentro del boliche», aunque dijo desconocer el motivo.
El cuarto testigo fue un vecino de la zona donde ocurrió el hecho, quien se desempeña como remisero. Dijo que tenía el auto estacionado en la vía pública y que, al escuchar ruidos de «autos bramando», se preocupó por el vehículo y, desde la ventana, vio cuando pasó un auto blanco con una persona sobre el capot. Relató que, tras una frenada, el cuerpo cayó sobre la calle, a la altura de su garage. Señaló que notó que el conductor frenó, la pasó por encima y luego se retiraron del lugar.
La siguiente testigo fue una sobrina de la víctima, quien esa noche concurrió al boliche. Dijo que, mientras tocaba una banda, notó la presencia de un grupo donde estaba uno de los acusados, a quien identificaba por sus características físicas y por no ser de esa localidad. Agregó que esta persona se encontraba «exaltada» y que tomó conocimiento de lo sucedido con posterioridad.
Finalmente, brindó su testimonio un amigo de la víctima, quien esa noche se encontraba afuera del boliche cuando ocurrió el hecho. Dijo que estaba  comprando en un negocio 24 horas y que vio a la víctima cruzando la calle junto a otras personas. En determinado momento, se dio vuelta al escuchar un ruido y pudo ver cuando Cabrera fue embestida, le pasan por encima con el vehículo y se retiran del lugar. Agregó que, al advertir lo sucedido, arrojó un envase contra el automóvil.
Finalizada la ronda de testimoniales, el juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 8 de mayo para continuar con la declaraciones previstas.

La Policía de Salta desarticuló una banda delictiva que operaba en San Lorenzo Chico y en la Capital robando objetos de vehículos bajo la modalidad “violentadores”.  La investigación se originó la semana pasada por la denuncia de dos hechos.
En ese marco, distintas tareas investigativas de campo uno de los investigados fue interceptado en flagrancia cuando intentaba sustraer elementos del interior de una camioneta en el centro de la Ciudad.
Posteriormente, fueron detenidos tres integrantes de la banda cuando intentaban fugarse de un hotel.  Eran oriundos de la provincia de Tucumán.
Durante el procedimiento, en presencia de testigos civiles se secuestraron más de tres millones de pesos, dólares, teléfonos celulares y un vehículo. Intervinieron la Fiscalía UNICROH y el Juzgado de Garantías 5.