La segunda jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio seguido contra miembros del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, inició con la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio asegurando que, cada testimonio y cada prueba presentada durante el juicio conducen a una conclusión inequívoca: en la Unidad Carcelaria 1 existió una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal y a cometer exacciones ilegales, apartándose deliberadamente —y en ocasiones hasta de manera omisiva— de toda la normativa que rige la función y misión del Servicio Penitenciario.
Para Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quedó demostrado sin lugar a dudas que los imputados, organizados y con jerarquías definidas, sostuvieron un sistema criminal con distribución de tareas y dos fines centrales: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los internos, y la comisión de exacciones ilegales. Subrayó que ambos hechos “siempre reportaron un beneficio económico para los acusados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa”.
“Insisto en este punto -remarcó la fiscal- porque la defensa intenta instalar que determinadas acciones no pueden ocurrir porque así lo dice la norma. Pero justamente lo que probamos es que los hechos ocurrieron al margen de lo que establece la norma”.
A partir de testimonios y prueba documental, la fiscalía sostuvo que la conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo, con un único fin: obtener beneficios económicos y personales, violando la ley y desnaturalizando la función que se les encomendó.
“En vez de cumplir con la misión del Servicio Penitenciario, los imputados transformaron la institución en un espacio de negocios ilícitos. Y lo más grave: en su carácter de funcionarios públicos vulneraron derechos humanos reconocidos internacionalmente, sometiendo a personas privadas de libertad —ya vulnerables por su situación de encierro— a un régimen de violencia, arbitrariedad y mercantilización”, sostuvo Salinas Odorisio.
Los delitos de exacciones ilegales y comercialización de estupefacientes son, subrayó la fiscal, la manifestación más clara de una criminalidad funcional, que además se explica por su finalidad económica: la obtención de ganancias que permitieron a la red de corrupción monetizar su poder.
La fiscal recalcó que no se trató de episodios aislados y contextualizó las pruebas en períodos determinados. Explicó, por ejemplo, que si bien las escuchas se realizaron durante 60 días, el teléfono de Alarcón, por ejemplo, sólo estuvo intervenido la mitad de ese lapso. En ese período se constató que, en al menos siete oportunidades, acudió al domicilio de Méndez a retirar estupefacientes. Esto demuestra que sólo en un mes fue siete veces. Algo similar ocurrió con Castaño, quien fue detectado casualmente en tareas de campo, cumpliendo un rol análogo al de Alarcón.
Otros actos, como el ingreso indebido de alimentos, aparecieron en un principio como hechos “casuales”, pero la prueba demostró que se trataba de prácticas habituales. El episodio de la pizza, registrado de manera fortuita, dio cuenta de la naturalidad con que se repetían esas maniobras. Lo mismo sucedió con la carne destinada a los internos, desviada de manera sistemática.
En conclusión, todos estos hechos —sumados a las figuras de exacciones ilegales y comercialización agravada de estupefacientes— forman parte de un plan estable, permanente y organizado. Siempre se repitió el mismo modus operandi, con plena conciencia y aprovechando el poder conferido por la función pública. En lugar de cumplir con la custodia de los internos, los acusados usaron su rol como puente para el ingreso de sustancias y bienes prohibidos.

El fiscal penal interino de Cerrillos imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad por la presunta comisión del delito de robo simple y hurto simple, en concurso real.
El primero de los hechos se habría producido la madrugada del 18 de agosto, cuando el acusado, luego de romper el candado de seguridad de la puerta principal del salón, ingresó a la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.
Una vez en el interior, habría sustraído dos parlantes, dos micrófonos, una plancha, un espejo de pared y la recaudación de tres alcancías que contenían las limosnas.
El hecho fue denunciado por una de las secretarias de la parroquia, quien se enteró al día siguiente, tras recibir la novedad de parte de otra persona que trabaja en esa misma congregación.
El otro hecho se produjo un par de días después, cuando el acusado, que se encuentra en situación de calle,  ingresó a un inmueble del barrio Nuestra Señora de La Merced y, sin ejercer violencia, habría sustraído dos barras de hierro.
Ante estos hechos, se solicitó al Juzgado de Garantías en turno el mantenimiento de la detención del imputado.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia en la que, mediante acuerdo de juicio abreviado, se condenó a un hombre de 41 años, acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real, con el de abuso sexual simple.
La investigación por parte del fiscal de la UDIS dio comienzo en marzo de 2023, cuando la madre de una de las víctimas, que por entonces tenía 15 años, denunció al acusado, de profesión odontólogo.
Al momento de la denuncia, la mujer manifestó que el hombre, además de insinuaciones de carácter sexual, había realizado tocamientos, vulnerando su integridad sexual.
La otra denuncia se produjo luego de que la joven mujer tomara conocimiento del primer caso. De acuerdo a lo manifestado, el profesional había vulnerado su integridad sexual en más de una oportunidad.
Tras permanecer prófugo por unos días, el acusado fue detenido y permaneció con prisión preventiva.
El juez Maximiliano Troyano, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. En el mismo fallo, se dictó la inhabilitación especial perpetua para ejercer la profesión y se dispuso el registro en el Banco de Datos Genéticos, ofreciendo  el condenado una reparación económica para ambas damnificadas.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió juicio al Juzgado de Garantías contra un hombre de 57 años, imputado por dos hechos de abuso sexual simple agravado por la guarda y por ser cometidos contra una menor de 18 años en contexto de convivencia preexistente, en concurso real; y por abuso sexual con acceso carnal, agravado por las mismas circunstancias, en forma continuada.
La intervención de la UDIS inició con la denuncia de la Asesora de Menores e Incapaces 3, en representación de una adolescente de 13 años, contra su padrastro.
En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la menor de edad ratificó lo denunciado y precisó que la pareja de su mamá abusaba sexualmente de ella desde que tenía diez años.
Teniendo en cuenta los informes psicológicos, médicos y sociales, además de los distintos testimonios recabados durante la investigación penal, el fiscal Obeid requirió que el hombre sea juzgado.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a un hombre de 26 años por el delito de robo mediante el empleo de arma, quien fue detenido tras protagonizar un violento asalto y una intensa persecución en horas de la madrugada del pasado 22 de agosto.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 04:30 hs., cuando el damnificado circulaba a bordo de su vehículo particular por Ruta Nacional 51, a la altura del kilómetro 6,5, y observó a un sujeto que solicitaba ser trasladado. Movido por una intención solidaria, detuvo su marcha y permitió que el hombre subiera al automóvil.
Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la rotonda de ingreso a la localidad de San Luis, el pasajero extrajo de entre sus ropas un cuchillo tipo Tramontina, con el cual intimidó al conductor y le exigió la entrega de sus pertenencias. Tras un breve forcejeo, logró sustraer un teléfono celular y una billetera, para luego huir a pie hacia un descampado.
Alertado el personal de la Comisaría N.º 9 de San Luis, se activó un operativo cerrojo en la zona. El sospechoso intentó escapar corriendo por pasajes oscuros, pero finalmente fue localizado cuando abordó un colectivo de la línea 6 de SAETA, en un intento por abandonar el lugar.
Uno de los efectivos, que se encontraba a pie, solicitó la colaboración de un motociclista para alertar al conductor del colectivo y lograr su detención. El vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 2,5 de la misma ruta. Allí, el acusado fue reducido, identificado y requisado, encontrándose en su poder los objetos sustraídos.
Evaluados los elementos de prueba incorporados al legajo, y considerando la gravedad del hecho, el uso de un arma blanca y la conducta evasiva del imputado, el fiscal Escalante consideró fundada la solicitud de mantenimiento del estado de detención preventiva, en atención al riesgo procesal existente, particularmente en lo que respecta al peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

El juez Maximiliano Troyano presidirá desde hoy las audiencias de debate contra el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel, quien está imputado por abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 15 años, y abuso sexual simple continuado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal contra otra joven de 16 años al momento de los hechos.
La representación del Ministerio Público estará a cargo del fiscal Federico Obeid, mientras que la defensa del acusado correrá por cuenta de los abogados Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto. La querella será ejercida por el letrado Luciano Romano.
Según informó la prensa del Poder Judicial, Abrebanel permanece bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. El caso involucra delitos graves cometidos contra dos víctimas menores de edad en diferentes circunstancias.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito realizada ante el Juzgado de Garantías 7,  en el marco de una causa por hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública cuyos acusados fueron un hombre y una mujer mayores de edad.
El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de agosto pasado, cuando los imputados sustrajeron ilegítimamente una camioneta Ford F100 que se encontraba estacionada en las inmediaciones de un boliche bailable, al que había asistido el propietario del vehículo.
Al salir del local, el damnificado advirtió la desaparición del rodado, y de inmediato dio aviso al Servicio de Emergencias 911. Junto a personal policial, se inició un operativo de búsqueda que permitió interceptarla camioneta en Ruta Provincial 26, a la altura de avenida Pontussi, donde se procedió a la demora de los dos acusados.
Durante la inspección del vehículo, el damnificado encontró en su interior una herramienta tipo ganzúa metálica,utilizada para violentar el tambor de la cerradura de la puerta del acompañante. También se constató la sustracción de documentación que se encontraba en la gaveta.
El juez Pablo Zerdán, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a la mujer a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, y al hombre a un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, atento a que registra antecedentes condenatorios. En el mismo fallo, se ordenó que ambos se sometan a tratamiento por su adicción a sustancias estupefacientes.

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de una mujer de 27 años, con la que mantenía una relación de pareja.
Los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, recibieron la declaración de tres peritos de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, un Criminalista de la Policia y un efectivo policial, quienes expusieron acerca de su participacion durante la investigación de la causa.
Finalizada las declaraciones de la jornada de doble horario, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes 25 a las 13, donde según lo fijado por la agenda de la Sala, declararán cuatro testigos citados por las partes.
Cabe recordar que por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, la audiencia está siendo grabada.

Un hombre acusado de lesiones leves, amenazas y resistencia a la autoridad, en los hechos ocurridos en el paraje Fuerte Alto, Cachi deberá reparar el daño realizando donaciones al hospital zonal.
La intervención policial se originó a partir de una alerta por violencia familiar. En el domicilio señalado, residía una mujer con embarazo de riesgo, quien se encontraba en una situación de tensión provocada por su padre, en estado de ebriedad. 
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al imputado junto a su hermano consumiendo bebidas alcohólicas en el exterior de la vivienda. Según consta en las actuaciones, el hombre se mostró hostil desde el primer momento e intentó agredir verbal y físicamente a los policías.
Cuando el personal intentó calmarlo, el acusado empujó a uno de los efectivos, lo insultó y amenazó de muerte con frases intimidatorias. Luego, durante el procedimiento de demora, le propinó un cabezazo en el rostro y una patada al sargento interviniente, quien debió ser asistido en el hospital local por lesiones en la mandíbula y la cavidad oral.
El imputado, fue acusado formalmente por lesiones leves, amenazas y resistencia a la autoridad, todos en concurso real.
Durante la audiencia, se resolvió la suspensión del juicio a prueba. Como forma de reparación, el imputado ofreció la donación de productos de limpieza durante dos meses, y la entrega de una suma de dinero o su equivalente en artículos de higiene al hospital local.
La propuesta fue aceptada por el Juzgado interviniente. El cumplimiento de las condiciones impuestas será supervisado por el Ministerio Público Fiscal.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda que cometía delitos contra la propiedad en Cafayate. La investigación inició hace cuatro meses por múltiples causas por hurto y robo bajo la modalidad descuidistas y violentadores en barrios privados y viviendas alejadas de la ciudad en Cafayate.
En ese marco, los investigadores realizaron 11 allanamientos en los barrios Socorro, El Recreo, Prelatura, Los Módulos y La Esperanza de la localidad. Nueve hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
Se secuestraron bicicletas, electrodomésticos, celulares, entre otros elementos de interés para la causa. Se recuperaron además armas de fuego como escopetas, revólveres y fusiles de avancarga.
Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Cafayate.

La fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte de un hombre y una mujer, ambos efectivos policiales, ocurrida durante la noche del miércoles en una vivienda de calle Bustamante al 1200, en la ciudad de Orán.
El informe preliminar de autopsia realizado por el Servicio de Tanatología Forense del CIF reveló que ambos presentaban heridas de arma de fuego. La mujer falleció por shock hipovolémico como consecuencia de una lesión en la aorta, sin otras lesiones ni signos de defensa. El hombre, por su parte, presentaba un disparo en la cabeza, con orificio de entrada en el parietal derecho y salida en el izquierdo.
Por disposición de la fiscal Filtrín Cuezzo, intervino Criminalística del CIF y la investigación se encuentra a cargo de la Unidad de Investigación GAP, Orán.
Se aplicó el protocolo UFEM, conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece la presunción de femicidio u homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente. Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito.
En resguardo de la objetividad pericial, y dado que los involucrados pertenecían a la fuerza provincial, se consideró conveniente disponer una consigna de la Policía Federal para custodiar la escena. En horas del mediodía de este jueves, el lugar fue entregado a autoridades superiores de la División de Drogas Peligrosas y se ordenó el levantamiento de la consigna.

En una audiencia histórica para la lucha contra el crimen organizado en el norte de la provincia, Cristian Gabriel Palavecino fue condenado a 28 años de prisión efectiva por su participación en múltiples hechos delictivos de extrema gravedad. La condena fue resultado de una investigación compleja, sostenida y coordinada por la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, que logró reunir pruebas contundentes que permitieron arribar a un juicio abreviado con confesión de los imputados.
El proceso judicial se llevó a cabo en el marco del Plan Piloto de Oralidad, en una audiencia desarrollada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde intervinieron los fiscales penales Claudia Carreras, Soledad Filtrín y Daniel Espilocin, representando al Ministerio Público Fiscal. La jueza de la Sala 1 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán, Roxana Palomo, homologó el acuerdo alcanzado por las partes con confesión de los imputados y reconocimiento de su responsabilidad en los hechos imputados, y dictó sentencia.
Cristian Palavecino fue declarado penalmente responsable de delitos como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio doblemente calificada, asociación ilícita, robos armados en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tenencia de armas y lesiones, entre otros. Todos estos hechos fueron acreditados en cinco causas acumuladas, y se enmarcan en el funcionamiento de una estructura delictiva organizada, con división de tareas y participación de menores.
Además de Cristian Gabriel Palavecino, otros seis integrantes de esta red criminal —Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval, Javier Antonio Romero, Carlos Esteban Lami, María Haydée Torres y Julio Antonio Tolaba— fueron condenados, con penas que van desde prisión efectiva hasta condenas condicionales. En todos los casos, el trabajo fiscal permitió reconstruir los hechos, identificar a los responsables, asegurar evidencia técnica y testimonial clave, y articular las estrategias necesarias para llevar cada uno de los casos a una resolución judicial.
Los delitos que motivaron las condenas incluyen un abanico de hechos violentos que afectaron tanto a víctimas individuales como a empresas de la zona: robos a mano armada, secuestros extorsivos, agresiones físicas con armas, amenazas y homicidios. En algunos casos, se aplicó la excusa absolutoria prevista por la ley, al tratarse de encubrimientos cometidos entre familiares directos del autor principal.
Fueron víctimas de estos hechos, Alejandro Abandillo, Raúl Martínez, Ricardo Gerónimo, José Luis Rufino, la empresa Abra del Sol, Fabián Martínez, Jessica Ibarra, Roberto Clenci y Efraín Paredes.
Cabe destacar el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, las distintas áreas de investigación del CIF, y las fuerzas de seguridad, que permitió avanzar sobre una red de crimen organizado que venía actuando con violencia y total impunidad en el norte de la provincia.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.
Habiendo finalizado la ronda de testimoniales, a solicitud de la defensa técnica de la acusada, este jueves se realizó una inspección judicial en la vivienda de barrio Solidaridad, donde residían la madre y su hijo.
Al finalizar la medida, el Tribunal, integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dispuso que la audiencia se reanude este viernes 5 a las 9 horas, oportunidad en la que prestará declaración la imputada, según solicitó su defensor.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.
Durante la primera jornada, se leyó el requerimiento a juicio fiscal y al ser consultada, la acusada decidió no prestar declaración.
A continuación, el Tribunal conformado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dispuso la reproducción del video de la declaración que Cardozo realizó durante la etapa investigativa, donde se refería a la muerte de su hijo como un hecho accidental.
La ronda de testimoniales inició con la declaración del padre del menor de edad, quien reveló que no convivía con su hijo y la madre, pero que lo visitaba a diario, manteniendo un contacto fluido, aunque en muy pocas ocasiones compartieron tiempo a solas.
Reconoció haberle visto algunas lesiones o moretones en ocasiones pero que al consultarle, el niño adujo haber sufrido accidentes. También refirió que conocía que su hijo colaboraba con su madre en el negocio que ésta tenía y que lo vio cargando ladrillones.
En relación al vínculo que mantenía con la mujer acusada, dijo que tenía un trato «difícil», que era violenta y que cuando ambos peleaban, llegaba a impedir el contacto con su hijo.
Finalizado el testimonio del progenitor del niño, se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 21 a las 9, para seguir con la recepción de declaraciones de los testigos citados por las partes.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad, como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.
El hecho investigado ocurrió el pasado 22 de diciembre, cuando se reportó el hallazgo sin vida, de un hombre de 49 años en el interior de una vivienda en finca Las Yungas, a la vera de ruta nacional 50. En el lugar se verificó desorden y el faltante de una considerable suma de dinero.
Oportunamente, la fiscal Filtrín Cuezzo dispuso el trabajo de personal de la Unidad de Investigación UGAP Orán y de la Unidad de Investigación Especial Norte, como así también el cumplimiento de numerosas medidas tendientes a lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
En el avance investigativo y con autorización del Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, en las últimas horas, personal de las Unidades de Investigación UGAP Orán y Tartagal, de UNICROH y de Delitos Complejos; de la Unidad Especial de Investigaciones CIF Salta y de la Unidad Especial de Investigaciones Norte, se realizaron numerosos allanamientos en domicilios vinculados a las personas investigadas, y se logró la detención de los cuatro sospechosos de haber tenido participación en el hecho y el secuestro de elementos de interés para la causa.

En una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, prestaron testimonio tres familiares de detenidos.
El primero de ellos, primo del detenido involucrado en el delivery de las pizzas dentro de la UC1, manifestó que su primo no consumía la comida del penal porque no es muy saludable, por lo que su tía le cocinaba y él le llevaba en grandes cantidades. Señaló además que realizaba transferencias bancarias —a distintos CBU o alias— para la compra de alimentos, y que recibía envíos de dinero de su primo destinados a la adquisición de materiales, como madera, tanto para él como para algunos compañeros de celda.
Durante la audiencia, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— informó al testigo que su primo había declarado que le enviaba dinero para su libre disposición. Frente a ello, el familiar negó haberse quedado con los fondos y sostuvo que las transferencias siempre tenían un destino específico.
Luego prestó testimonio la madre de otro interno, quien también admitió haber realizado transferencias de dinero a distintos CBU. Precisó que su hijo la llamaba desde el teléfono público del penal o desde algún celular y le solicitaba el dinero para madera. Consultada sobre si su hijo era adicto a alguna sustancia, manifestó que cuando se encontraba en libertad, sí, pero que desconocía su situación adentro del penal.
También declaró la novia de un interno, hermano de uno de los imputados en la causa. Contó que su pareja le solicitaba transferencias para compra de comida.
Luego, Rubén Guaymás -imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) (4 hechos) y miembro de asociación ilícita- hizo uso de su derecho a declarar.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención ante el reporte del fallecimiento de un operario de 52 años, de una empresa instalada a la vera de ruta nacional 34, en la localidad de General Mosconi, como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo.
Tras tomar conocimiento, se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de Medicina Legal en el lugar y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene pertinentes.
La zona fue vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de Bomberos de la jurisdicción, expertos en explosivos de la División Bomberos de la Policía de la Provincia, a cargo del Comisario López, y ambulancias, en protección de la integridad del personal interviniente.
El operario fallecido es de nacionalidad africana y se encontraba cumpliendo tareas como contratado en una empresa en el país.
El fiscal Vega señaló que se trabaja en determinar las circunstancias en que se produjo la detonación que terminó con la vida del trabajador y aseguró que se dispusieron todos los recursos pertinentes.

Efectivos de la comisaría segunda del Distrito de Prevención 7 detuvieron a tres hombres sospechosos que circulaban a pie por la ruta provincial 11. Ante la presencia policial intentaron fugarse por una zona de monte. 
Fueron localizados y reducidos. A pocos metros del lugar encontraron tres mochilas con paquetes rectangulares. De inmediato dieron intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas de la jurisdicción.
Los paquetes contenían más de 10 kilos de marihuana. Los sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Federal correspondiente. 
La sustancia incautada equivale a más de 41 mil dosis de droga. En lo que va del año la Policía de Salta incautó, en distintos procedimientos, más de 855 kilos de droga.

La fiscal Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos hombres y una mujer en el marco de la investigación por presuntas maniobras de estafa vinculadas a la financiera Alyson.
Durante las audiencias de imputación, los tres fueron asistidos por el mismo abogado particular y dieron su versión de los hechos. Permanecen detenidos en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
La intervención de UDEC inició con denuncias de personas que aseguraron haber entregado sumas de dinero -en algunos casos entre uno y dos millones de pesos- a los imputados, con la promesa de obtener retornos semanales que oscilaban entre el 40 y el 60 por ciento. Según los testimonios, las comunicaciones se realizaban principalmente a través de grupos de WhatsApp, mientras que los aportes se concretaban tanto en el domicilio de los investigados como mediante transferencias bancarias.
En una primera etapa los inversores recibieron lo prometido, lo que los llevó a incrementar sus aportes y atraer a nuevos interesados. No obstante, en las últimas dos semanas los responsables interrumpieron todo contacto, dejando a los denunciantes sin posibilidad de recuperar su capital.

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de una mujer de 27 años, con la que mantenía una relación de pareja.
Tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado martes por el Tribunal, integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, este lunes se reanudó el debate, para continuar con la ronda de testimoniales.
Durante la jornada prestaron declaración seis testigos, cinco de ellos, amigos y familiares del acusado, quienes fueron convocados por la defensa técnica y uno, citado por la Fiscalía.
Al final de la jornada se dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 19 a las 13, para continuar con la ronda de testimoniales.
Cabe recordar que por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, la audiencia está siendo grabada.

El fiscal penal Leandro Flores, representó a la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, en la audiencia de debate contra Kevin Godoy y Pablo Iván Sosa como coautores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, y contra Fernando Rodrigo Godoy como partícipe necesario del mismo delito.
La audiencia de debate inició el pasado lunes 30 de junio y este lunes, declararon los últimos testigos y se produjeron los alegatos de las partes, donde el fiscal Flores sostuvo la acusación y solicitó la pena de prisión perpetua.
El juez Francisco Mascarello, tras deliberar, dio a conocer esta tarde el fallo, donde condenó a Kevin Godoy a la pena de 8 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva como autor del delito de homicidio simple. A Fernando Rodrigo Godoy y a Pablo Iván Sosa a la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva como partícipes secundarios del delito de homicidio simple.
En el mismo fallo, dispuso la revocación del arresto domiciliario de los ahora condenados y que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho ocurrió 21 de octubre de 2023, en la localidad de Vaqueros, donde un joven de 23 años resultó gravemente herido con un arma blanca. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, falleciendo a causa de un shock hipovolémico, producto de una herida grave de arma blanca en el miembro inferior.

Los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, informa que en el marco de la investigación por el homicidio calificado de César “Oreja” Martínez, ocurrido en noviembre de 2023, se concretó el allanamiento y detención de un hombre, en su domicilio de Colonia Santa Rosa.
El detenido sería el conductor de una de las motocicletas utilizadas en el ataque y que, posteriormente, fue abandonada tras ser impactada por un automóvil. El operativo llevando adelante por la Unidad Especial GAP Orán, se activó en el marco de la celebración de las fiestas patronales de esa localidad, momento en que el sospechoso —quien tenía pedido de detención— regresó a su domicilio, donde fue finalmente detenido con apoyo de Infantería de la Policía, debido a la férrea resistencia de su grupo familiar.
César Daniel “Oreja” Martínez fue asesinado de 12 disparos frente al domicilio donde cumplía prisión domiciliaria, concedida por el exjuez Claudio Parisi, a pesar de tener dos resoluciones de prisión preventiva vigentes: una por violencia de género y otra por venta de drogas. El crimen fue cometido por cuatro personas con el rostro cubierto, que se movilizaban en dos motocicletas y dispararon reiteradamente contra la víctima.

En la octava jornada de la audiencia de debate contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, la actividad inició con el testimonio de dos peritos especializados en trabajo social.
Los profesionales —uno del Ministerio Público Fiscal y otro del Poder Judicial— elaboraron informes que describieron la situación sociofamiliar, laboral y educativa de varios imputados, así como sus condiciones de vida previas a la detención. Explicaron que el análisis incluyó antecedentes de crianza, redes de apoyo, vínculos comunitarios y posibles consumos problemáticos, con el fin de aportar al Tribunal un panorama integral sobre el contexto personal de cada uno.
En tercer lugar declaró el hermano de Lautaro Teruel, interno de la UC 1, mencionado por un testigo como una de las personas que habría obtenido beneficios a cambio de dinero. Relató que, debido a la notoriedad de su padre y a la exposición mediática del juicio, su familia recibió múltiples amenazas en su casa, en la vía pública y por redes sociales.
Afirmó que a su hermano le advertían que “lo iban a violar” y que, ante esa situación, decidió pedir ayuda a Baldomero Darío Córdoba, amigo suyo desde hace veinte años, quien también tiene un hermano alojado en el penal. Consultado sobre por qué no denunció las amenazas, respondió que la causa de su hermano fue “arbitraria” y que no confiaba en la justicia. Según su testimonio, tras recurrir a su amigo cesaron las agresiones y su hermano estuvo a salvo, por lo que consideró que la “protección” funcionó y que, de estar en la misma situación, volvería a actuar igual.
En su declaración admitió que le entregó a Córdoba dinero en efectivo en dos oportunidades y realizó una transferencia bancaria, a modo de «agradecimiento» por proteger a su hermano. «Como una propina que uno da en un lugar cuando te atienden bien», manifestó. Además, dijo suponer que el dinero llegó al funcionario del Servicio Penitenciario. “Estas personas nos ayudaron. Estamos agradecidos”, afirmó.
Agregó que no tenía contacto directo con el guardiacárcel, aunque sabía que lo apodaban “Chato”, y que muchas veces recibía de él información sobre el estado de su hermano o la llegada de insumos médicos que la familia enviaba.
Al finalizar este testimonio, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— anunció que reservaba la posibilidad de ampliar la imputación por el delito de cohecho.
Luego, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar dispusieron que los acusados fueran retirados de la sala para que prestara declaración un exinterno de la UC 1. Desde el inicio, este manifestó sentir gran temor por su vida y relató que días atrás dos hombres se presentaron en su vivienda, se identificaron como miembros de la Brigada y dijeron venir de parte de la fiscal Salinas Odorisio, con la intención de llevarlo. Señaló que logró ocultarse y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.
Explicó que cumplió una condena de cuatro años en los pabellones A1 y A2, donde convivió con el “Gordo” Méndez, a quien señaló como uno de los que comercializa drogas. Debido a su adicción, contrajo deudas que no pudo pagar, por lo que fue agredido y amenazado de muerte. Al no recibir ayuda de su familia, recurrió a su hermano. Indicó que, a cambio de perdonarle la deuda, Méndez le impuso que su hermano —uno de los acusados en la presente causa— debía cumplir sus órdenes, entre ellas llevar algo a la casa de su madre.
Durante más de una hora, el testigo describió numerosas vejaciones y humillaciones sufridas mientras estuvo detenido en el penal de Villa Las Rosas. Mencionó que, antes de acudir a su hermano, fue agredido de tal forma que pasó una semana internado en el hospital San Bernardo y que, al regresar a su celda, no podía moverse por los dolores.
También detalló cómo se obtienen beneficios, el ingreso de sustancias estupefacientes e identificó a miembros del Servicio Penitenciario involucrados. Al finalizar su declaración, el Tribunal dispuso asignarle una consigna permanente.
La jornada continuó por la tarde con el testimonio de otros seis testigos: otro exinterno y cinco familiares de detenidos, quienes admitieron haber realizado transferencias de dinero a Moya por pedido de los internos. Tras ello, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Pena 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, tomó intervención tras el reporte del hallazgo de restos óseos que pertenecerían a un cuerpo humano, en un lote de la localidad de Vaqueros, cuando se realizaban tareas de campo en un terreno.
Entre las medidas dispuestas, la fiscal Sodero Calvet, dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para cumplir con las tareas de rigor en el lugar y el traslado de los restos óseos al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizarán las pericias pertinentes, que permitan esclarecer la situación.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, dispuso medidas cautelares a partir de una denuncia radicada en barrio San Jorge de esa ciudad, en relación a un presunto caso de maltrato animal.
Según consta en la exposición, un vecino del mencionado barrio habría arrojado agua caliente contra una perra llamada Luna, propiedad de un residente del lugar. El hecho, que motivó la inmediata actuación de la Fiscalía, quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la propiedad. Al momento del incidente, el animal se encontraba dentro del jardín de la vivienda, separado del exterior por rejas, lo que impedía cualquier tipo de acción o agresión por parte de la mascota hacia el exterior.
El animal fue examinado por un médico veterinario, quien diagnosticó una irritación cutánea por lesión térmica. El informe indica que el pelaje de la perra actuó como aislante, lo que evitó lesiones de mayor gravedad. Se prescribió un tratamiento a base de antiinflamatorios, analgésicos y seguimiento clínico.
Conforme a lo dispuesto por el fiscal Escalante, con intervención del Juzgado de Garantías correspondiente, en la tarde del 28 de agosto, se notificó al acusado, un hombre de 27 años, de las medidas cautelares dictadas en el marco de la causa. Entre ellas, se estableció la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia o agresión hacia el animal y/o su tenedor responsable, así como la prohibición de arrojar elementos de cualquier naturaleza hacia el interior del domicilio del denunciante, en resguardo de los derechos de los animales y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, al tomar conocimiento de la situación, se trasladó al lugar junto a la auxiliar fiscal, Clelia Poma.
Allí, ya se encontraba personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP, realizando las tareas de rigor.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia, que permitirá determinar la causa y data del fallecimiento.
La fiscal Sodero Calvet explicó que se trata de una mujer de 52 años, quien había sido denunciada el pasado 7 de agosto, como ausente de su hogar, desde el 4 de agosto, con la intervención inicial de la Fiscalía Penal 3.
Al encontrarla sin vida, las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Especializada, conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que se pueda determinar científicamente la causa del fallecimiento.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda delictiva en el marco de una causa por asociación ilícita, suplantación de identidad y estafa en perjuicio de un ciudadano en Rosario de Lerma. La investigación inició con la denuncia del damnificado en el mes de junio.
En ese marco, se allanaron cuatro inmuebles en los barrios Ecosol, San Rafael y Palermo de la localidad. Se detuvieron a cuatro mujeres mayores de edad que fueron puestas a disposición de la Justicia.
Durante los procedimientos, se secuestraron 10 celulares, entre otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.
 

El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y desobediencia judicial, en perjuicio de la hija de su pareja.
Tras conocer las pruebas reunidas por la Fiscalía durante la investigación penal y reconocer los hechos, la jueza Ada Zunino, a cargo del Juzgado de Garantías 5, lo condenó a seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
Tras la denuncia inicial efectuada por la abuela de la víctima -quien presenta un leve retraso madurativo-, desde la UDIS se ordenaron distintas medidas a fin de avanzar en la investigación.
En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la menor de edad contó los abusos a los que la sometió el novio de su madre y que iniciaron dos años atrás.  Teniendo en cuenta el informe médico, psicológico y socioambiental y lo manifestado por la víctima, desde UDIS se solicitó que el hombre fuera juzgado.

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de una mujer de 27 años, con la que mantenía una relación de pareja.
Tras la lectura del requerimiento a juicio, García Viarengo prestó declaración ante el Tribunal integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos. Dio su versión de lo ocurrido el día en que ocurrió el hecho, y se refirió a su relación con la víctima.
La ronda de testimoniales inició con la declaración de la madre de la mujer de 27 años y luego, se dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 11.
Cabe recordar que por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, la audiencia está siendo grabada.
El hecho ocurrió durante la mañana del 19 de febrero de 2023, cuando se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de esa ciudad.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, investiga un hecho ocurrido el pasado 20 de julio por la mañana en barrio Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Salta, donde un hombre de 27 años resultó gravemente herido con un arma blanca en la zona abdominal, por lo que debió ser hospitalizado.
Tras el reporte del hecho, trabajó en el lugar personal de Criminalística del CIF para realizar las tareas de rigor.
En el avance investigativo, la Unidad de Investigación UGAP logró individualizar a un hombre de 31 años como sospechoso de haber puesto en riesgo la vida del lesionado, por lo que se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria, su detención, la que se concretó en las últimas horas.