El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, lleva adelante la averiguaciones necesarias a partir de la denuncia presentada por el director de la oficina de Anses de la ciudad de Metán, contra dos legisladores nacionales y un asesor político, por la presunta exigencia del pago de aportes partidarios como condición para mantener la designación en cargos políticos.
La denuncia fue formalizada el día 13 de junio, en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y motivó el inicio de la averiguación preliminar para determinar la sospecha o no de una conducta penal.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó de forma provisional a una mujer de 28 años y un hombre de 38 años, como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Durante la audiencia de imputación, ambos se abstuvieron de declarar y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de su detención.
Tras la denuncia anónima de vecinos de barrio Matadero, la Sección de Investigación Narcocriminal Sector Nº 44 de la ciudad de Embarcación, inició una investigación sobre la supuesta comercialización de sustancias estupefacientes que estarían realizando un hombre y una mujer desde un domicilio de ese grupo habitacional.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, la fiscal Souto solicitó orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de los investigados ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito.
En cumplimiento de la medida se detuvo a los sospechosos y se secuestraron estupefacientes, dinero, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 26 años como autor del delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública y violación de domicilio en concurso real.
Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías en turno, que se mantenga su detención.
El pasado 6 de junio, una mujer dejó estacionada su motocicleta en la vía pública al dirigirse a tomar un curso de capacitación. Al retirarse, se percató de que personas desconocidas se la habían sustraído.
Con el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se individualizó a un hombre como sospechoso, logrando su detención y el secuestro del rodado.
Además, se le imputó el ingreso sin autorización al domicilio de un tercero cuando intentaba huir.

La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa contra Matías Exequiel Sosa Geracaris, por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (39 hechos) en concurso real y estafa en grado de tentativa.
El imputado, titular de la agencia de viajes MSG Turismo, fue detenido el pasado 20 de marzo por pedido de la fiscal Salinas Odorisio, en el marco de una investigación por estafas vinculadas a la comercialización de paquetes turísticos.
La intervención de la UDEC comenzó en febrero de 2025, a partir de numerosas denuncias ingresadas al Ministerio Público Fiscal por la venta de paquetes turísticos que nunca se concretaron, en su mayoría con destino al exterior. Según relataron los damnificados, a pesar de haber abonado la totalidad de los pasajes y la estadía, no pudieron concretar los viajes, ya que ni las aerolíneas ni los hoteles habían recibido los pagos correspondientes.
Tras investigar las denuncias, la Fiscalía estableció que el titular de la firma Liberakis SAS -que opera bajo el nombre comercial MSG Turismo- contaba con una oficina céntrica en Salta, lo que le otorgaba una imagen de formalidad y solvencia. Aprovechaba ese marco para ofrecer paquetes turísticos con atractivas condiciones de pago.
En los allanamientos y con la documentación aportada por los damnificados, la Unidad de Investigación de UDEC logró reunir facturas emitidas desde el sistema de facturación digital ARCA, recibos, reservas de pasajes con membrete de “Producción de MSG Turismo” y capturas de pantalla de supuestas reservas de vuelos y alojamientos. Para la Fiscalía, estas pruebas son clave para demostrar el fraude, ya que muchas de las reservas resultaron ser falsas o, en algunos casos, parciales. Incluso entre quienes sí viajaron, los servicios fueron notablemente inferiores a los contratados, con menos noches de hotel, cambios de categoría y servicios no incluidos.
En su requisitoria, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que las sumas recibidas no se utilizaron para pagar a los proveedores turísticos, por lo que los paquetes nunca fueron efectivamente reservados.
Según el informe contable de UDEC, el perjuicio económico total asciende a $44.237.341,30, USD 95.646,20 y R$776 (setecientos setenta y seis reales), correspondientes tanto a quienes nunca viajaron como a quienes debieron afrontar gastos adicionales para completar sus viajes por servicios no cubiertos.
En cuanto a la acusación de estafa en grado de tentativa, el acusado ofreció -el 9 de marzo- como caución real un vehículo BMW con el objetivo de obtener una resolución judicial favorable que evitara una medida restrictiva de su libertad. Sin embargo, los investigadores descubrieron que el rodado había sido transferido el 5 de marzo —cuatro días antes del ofrecimiento— y que su titular registral era, en realidad, un tercero.
El jueves 5 de junio, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino rechazó el pedido efectuado por los abogados del imputado para obtener la libertad y resolvió que este continúe en prisión preventiva.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, inició actuaciones penales por la presunta violación a las leyes sanitarias animales (artículo 206 del Código Penal), tras detectarse el traslado irregular de 58 burros en un control vial realizado durante la madrugada del 6 de junio en el puesto ubicado en la zona de Pulares.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de Control Vial de la Policía de Salta, encabezado por el Oficial Principal Franco Heredia, quien, junto a cinco efectivos, fiscalizó un camión conducido por un hombre domiciliado en la provincia de Jujuy. Durante la inspección, se comprobó que los animales eran transportados sin el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) exigido por la normativa vigente y que carecían de marcas o señales identificatorias.
Ante esta situación, se dio intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El veterinario Luis Ossola, autoridad de control del organismo, se hizo presente en el lugar y labró el acta correspondiente en el marco de las Resoluciones 192/05, 6017/05 y 38/12. Asimismo, se dispuso el retorno inmediato de los animales al punto de origen, próximo a la localidad de Amblayo, bajo custodia policial.
Por disposición del Fiscal Escalante, se avanzó en la identificación del conductor, la extracción de fichas dactilares y la solicitud de antecedentes. La unidad de transporte se encontraba habilitada por SENASA, sin embargo, el incumplimiento en la documentación sanitaria obligatoria constituye una infracción penal, razón por la cual se instruyeron las actuaciones correspondientes.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, tomó intervención ante el reporte efectuado, de la presencia de un hombre de 45 años, sin vida en una calle paralela a la autopista de Circunvalación Oeste, próximo al acceso a San Luis, en la ciudad de Salta.
El fiscal González se constituyó en el lugar, desde donde coordinó las tareas de personal del equipo interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia.
La investigación se lleva a cabo conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que se pueda descartar razonadamente la comisión de un delito.
 

La causa, iniciada a raíz de reiteradas denuncias por daños provocados en las plantaciones de caña de azúcar de la empresa Seaboard en el distrito Tabacal, fue impulsada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien dispuso el urgente secuestro de los animales como elementos de prueba para la investigación del delito de daños (art. 183 del Código Penal).
La intervención conjunta con la División Caballería de Orán resultó clave para el resguardo inicial de los animales en un predio de siete hectáreas, puesto a disposición por la empresa damnificada. El personal policial estuvo a cargo de la alimentación, control y traslado de los vacunos bajo la supervisión de su estado sanitario, por parte del SENASA.
Al verificarse la ausencia de documentación válida que acredite la propiedad del ganado por parte de los supuestos responsables y, conforme a lo establecido por la Ley 7838, el Código Procesal Penal y las acordadas vigentes de la Corte de Justicia de Salta, el juez de Garantías 2 de ese distrito, Ramiro Morizzio, resolvió ratificar el secuestro y disponer la entrega de los animales en carácter de depositarios judiciales a las ONG P.A.S. (Protectora de Animales de Salta) y Ajuya Jalala, quienes desarrollan un programa de adopción responsable con fines no faenatorios.
El abordaje de la situación denunciada se realizó de manera integral, en el marco de la política asumida por el Ministerio Público Fiscal en coordinación con la Policía de Salta, orientada a intervenir con celeridad y firmeza frente a conductas negligentes o dolosas, y que refleja un enfoque preventivo que prioriza la protección de la salud pública, la seguridad vial, la producción agroindustrial y el bienestar animal, todo dentro del marco normativo vigente.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, decomisó 12 kilos 765 gramos de cocaína detectada en una encomienda en un procedimiento realizado ayer en la Terminal de Ómnibus de Rosario de la Frontera.
Dos hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Penal de la localidad en el marco de la investigación que se realiza por comercialización de droga. Durante la intervención se secuestró también un vehículo, entre otros elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que este duro golpe al narcotráfico evitó la comercialización de más de 102 mil dosis de droga.
En lo que va del año, la Policía de Salta decomisó más de media tonelada de droga en los más de 5 mil procedimientos realizados en la provincia.

Por requerimiento de la fiscal penal 3 subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, personal de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detuvo a un sospechoso, en el marco de una investigación por abuso sexual.
La damnificada denunció que, entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada del viernes 30 de mayo, un hombre ingresó a su domicilio ubicado en el barrio El Huaico. Una vez en la habitación y bajo amenaza con arma, la abusó sexualmente . 
Posteriormente, y mientras continuaba amenazándola con un arma, el individuo habría tomado el teléfono celular de la mujer, exigiéndole que lo desbloqueara y realizando transferencias de dinero a su favor, para luego huir. 
Al tomar conocimiento de la denuncia, la fiscal Morales Torino dispuso de manera inmediata que la damnificada fuera examinada por un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que se procediera al secuestro de sus prendas de vestir y que recibiera asistencia por parte del Servicio de Atención a la Víctima (SAVIC).
Además, la Fiscalía libró oficios a una empresa de telefonía con el objetivo de rastrear el celular sustraído e identificar la cuenta bancaria a la que se habrían realizado las transferencias de dinero. Gracias a ello, se logró determinar la identidad del sospechoso, un vecino que reside en un barrio cercano al domicilio de la víctima.
En virtud de la información recabada y con la autorización del Juzgado de Garantías en turno, personal de la Unidad de Investigación del CIF, a cargo del comisario Horacio Roberto Gonza, procedió a su detención. Durante el procedimiento, se secuestraron prendas con características similares a las descriptas por la denunciante.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó de forma provisional a un hombre de 18 años y a un adolescente de 17 por el delito de robo en poblado.
Durante la audiencia de imputación, ambos fueron asistidos por defensa oficial y se abstuvieron de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías en turno y al Juzgado de Menores, que ambos permanezcan detenidos.
El pasado 26 de mayo, personal policial detectó la presencia de personas desconocidas en una habitación de la hostería ubicada dentro del predio del parque acuático de esa ciudad, donde se habían producido daños materiales.
Fueron demorados y, al comprobar que uno de los sospechosos era menor de edad, se dio intervención al Juzgado de Menores.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito en la que la que el Juzgado de Garantías de ese distrito condenó a un hombre a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor del delito de amenazas y lesiones agravadas por el género.
La intervención de la Fiscalía comenzó luego de que, el pasado 20 de marzo, el individuo se presentara en el domicilio de su madre, en Villa Güemes de Tartagal, y la agrediera. Su sobrina, que se encontraba en el lugar, lo siguió hasta la vía pública y le recriminó su accionar. Esto enfureció al hombre, quien la amenazó con apuñalarla. Luego, la golpeó con puños y patadas, y la agredió con un cinto. Como consecuencia, la mujer sufrió diversas lesiones.
Posteriormente, el hombre fue detenido.
Durante la audiencia y tras conocer las pruebas reunidas por la Fiscalía durante la investigación penal, el acusado admitió su responsabilidad en los delitos imputados por lo que se llevó adelante un juicio de trámite abreviado con acuerdo de las partes.
Dado que el acusado, de 31 años, ya tenía antecedentes condenatorios, el Juzgado de Garantías dispuso que la pena impuesta sea de cumplimiento efectivo.

La fiscal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa contra Ana Inés Maigua y Carlota Maigua, imputadas por el delito de estafas reiteradas (181 hechos), en concurso real.
La intervención de UDEC inició a partir de denuncias presentadas por diversas personas que afirmaron haber sido víctimas de fraude en la adquisición de paquetes turísticos al exterior.
Tras llevar adelante una exhaustiva investigación, la fiscal Salinas Odorisio considera que las hermanas Ana Inés y María Carlota Maigua, titulares de la agencia «Siddartha Viajes», mediante un ardid basado en su supuesta trayectoria en el rubro turístico, ofrecían paquetes internacionales —a destinos como México, Dubai, Miami o Egipto— que jamás cumplían.
Según consta en el expediente, los pagos se realizaban mediante transferencias, tarjetas o efectivo, mientras que los clientes recibían documentación apócrifa, que incluía reservas inexistentes y facturas fraudulentas.
La maniobra quedó al descubierto con la declaración de proveedores mayoristas y un informe contable que revela que, de los más de $979 millones ingresados por las hermanas Maigua, $148 millones y más de USD 460 mil provinieron de damnificados cuyas prestaciones nunca se concretaron. Además, unos $320 millones fueron desviados a actividades ajenas al sector turístico y los viajes ofrecidos ni siquiera fueron contratados con proveedores.
Simultáneamente al proceso penal, María Carlota Maigua solicitó un concurso preventivo, el cual fue rechazado por el Juzgado de Concursos y Quiebras N.º1. El tribunal consideró que no existía actividad comercial vigente, no se comprobaban ingresos, y no se presentaba ninguna propuesta de pago a los acreedores.
La Fiscalía sostiene que las acusadas actuaron desde el inicio con la intención de no cumplir con los servicios ofrecidos, simulando operaciones para obtener un beneficio económico indebido a costa de los damnificados. La acusación se respalda en una abrumadora cantidad de pruebas secuestradas durante los allanamientos, entre ellas cuadernos, fichas, pasaportes, recibos y material publicitario.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Lujan Sodero Calvet, en el marco de la investigación que lleva adelante tras el hallazgo de una mujer sin vida, ocurrido durante la mañana de este sábado en un terreno ubicado en inmediaciones de villa El Sol, informó que el informe preliminar de la autopsia descartó la presencia de signos de visibles de violencia en el cuerpo, por lo que solicitó estudios complementarios que permitirán establecer la data y la causa de su muerte.
La fiscal Sodero Calvet sostuvo que la investigación se lleva a cabo conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que se pueda determinar científicamente la causa del fallecimiento.

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación Apolinario Saravia, representó al Ministerio Público Fiscal ante al Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Luis Alberto Ibarra, como autor del delito de falsificación de documentos públicos.
El juez Héctor Sebastián Guzmán, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de 1 año de prisión de ejecución condicional y al complimiento de reglas de conducta por el término de dos años.
En diciembre de 2024, se realizaron dos allanamientos en la localidad de Luis Burela y en Apolinario Saravia, domicilios vinculados al ahora condenado, tras ser denunciado por comercializar certificados médicos apócrifos con firma y sello de profesionales del hospital local.

En audiencia de juicio abreviado, el fiscal penal 1, Pablo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 3, que condenó a Ricardo Daniel Balcarce, a la pena de  3 años y 4 meses de prisión de ejecución efectiva, por ser autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa. La sentencia fue dictada por el juez Antonio Pastrana. La causa se originó a partir de la denuncia presentada por una empleada de una panadería ubicada en Av. Las Costas, de barrio Olivo.  La denunciante relató que el acusado ingresó al local pidiendo pan. Al responderle que no podía regalárselo, le ofreció una tortilla, momento que aprovechó el acusado para sujetarla de la mano y advertirle que se trataba de un asalto. El acusado la amenazó con un cuchillo, exigiéndole dinero y su celular.  Acto seguido, la ató con una cuerda que cortó de una mochila y le colocó un trapo en la boca, impidiéndole pedir ayuda. Durante el tiempo en que la mujer estaba amordazada y atada, el acusado comenzó a recoger en una bolsa diversos artículos del local, incluyendo productos y maquinaria, y cuando los clientes tocaban la puerta del local, les respondía que aún no llegaba el pan. El padre de la mujer, pasó por el local y notó que estaba cerrado, lo cual le resultó extraño. Al tocar insistentemente la puerta y no obtener respuesta, se preocupó y miró a través de la bisagra. Finalmente, su hija le respondió que estaba bien, pero al abrir la puerta, ella gritó que le estaban robando.  En ese momento, el padre forcejeó brevemente con el acusado y logró sacar a su hija, cerrando la puerta y dejando al acusado atrapado en el interior. La Policía fue alertada y, al llegar, detuvo al acusado en el lugar. Durante la inspección, se secuestró un cuchillo tipo carnicero y se recuperaron $3.800 en efectivo. La víctima declaró ante el fiscal Pablo Paz, que el episodio fue aterrador, describiendo cómo el acusado la amenazó y le dijo repetidamente que atentaría contra su vida por haber visto su rostro, lo que la llevó a renunciar a su trabajo por temor.

El fiscal penal Carlos Alberto Salinas, interino en la Fiscalía de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, imputó de forma provisional a un hombre de 33 años como autor del delito de homicidio simple. Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que el acusado permanezca detenido, mientras se encuentran en cumplimiento todas las medidas dispuestas para esclarecer lo sucedido. El hecho investigado en las inmediaciones de las calles Los Jesuitas y 20 de Febrero, en Colonia Santa Rosa. Durante una pelea entre dos hombres, uno de ellos lesionó al otro con un arma blanca en la zona torácica, causando su deceso. Desde la Fiscalía se dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor y el personal de la Unidad de Investigación UGAP Orán, tras realizar relevamiento de cámaras de seguridad y de testigos, individualizó al sospechoso y procedió a su detención con orden emitida por el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito, donde tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron sometidos a juicio abreviado como autores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación organizada de tres o más personas. La actuaciones se iniciaron a partir de la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal que daban cuenta que en calle Balcarce al 1900 de barrio El Pilar de la ciudad de Salta, Ángel Aparicio vendía droga en un auto blanco en compañía de una mujer que manejaba el vehículo, Romina Di Pauli. Otra de las denuncias daba cuenta de que en otro domicilio de pasaje Sequeira al 600 de barrio El Pilar, Sergio Guerrero, propietario de la vivienda, y Kevin Díaz, inquilino del primero, vendían droga en el lugar. Impartidas las directivas para el inicio de la investigación, se concretaron una serie de medidas, consistentes en entrevistas con vecinos de la zona, constatación de los domicilios denunciados, tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y allanamientos, previa solicitud de la orden respectiva al Juzgado de Garantías interviniente. De estos últimos se obtuvo como resultado el secuestro de sustancias estupefacientes, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares, utilizados para llevar a cabo las acciones ilícitas, un automóvil y dinero en efectivo, producto de la actividad ilegal. Además, de la consulta a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), al Sistema de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y al Gabinete Técnico de Drogas de la provincia se constató que los acusados Aparicio, Di Pauli y Díaz registraban antecedentes por infracción a la Ley Penal de Estupefacientes. El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Ángel Gabriel Aparicio y a Sergio Felipe Guerrero a la pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva y a Romina Sabrina Di Pauli y Kevin Jorge Díaz a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución efectiva, todos por el delito de comercialización de estupefacientes. La UFINAR, por su parte, solicitó el decomiso de todos los elementos secuestrados, incluido el rodado vehículo utilizado para desplegar las actividades ilícitas.

La fiscal penal 1 de Orán en feria, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 34 años como autor de los delitos de lesiones, amenazas (dos hechos) y desobediencia judicial (tres hechos) en concurso real. Las denuncias de madre e hija son en contra del acusado, quien ejerce constantes actos de violencia en contra de ambas y pese a haberse dictado medidas de restricción en su contra, se presenta en el domicilio de Barrio Güemes y las amenaza y agrede. El juez Aldo Primucci, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso el cumplimiento de una pena de 7 meses de prisión efectiva.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia preliminar ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, contra un hombre de 22 años por el delito de hurto simple. Las partes alcanzaron un acuerdo para la realización de un juicio abreviado, el cual fue homologado.
Se le impuso una pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva. La defensa oficial del imputado ratificó íntegramente el acuerdo y el imputado adema de confesar el hecho y aceptar la pena solicitada, manifestó su intención de ingresar a un programa de rehabilitación para superar su adicción a la marihuana.
El acuerdo alcanzado por el fiscal Escalante, también incluyó la revocación de una condena condicional anterior de un año de prisión, impuesta por el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro y la unificación de penas, resultando en una pena única de un año y seis meses de prisión de ejecución efectiva, teniendo en cuenta los antecedentes del acusado y la recuperación y devolución del bien sustraído a la víctima. Se ordenó el inmediato traslado del condenado a la Unidad Carcelaria N° 1, recomendando que se lo incluya en un tratamiento para superar su adicción a las sustancias estupefacientes.
El hecho ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando una mujer, quien se encontraba en su domicilio junto a su abuelo de 66 años, descubrió que la bicicleta del abuelo había sido robada de la galería frontal de la vivienda.
La víctima revisó las cámaras de seguridad instaladas previamente debido a sustracciones anteriores y observó a una pareja ingresando al domicilio, escalando las rejas y tomando la bicicleta.
El personal policial procedió a la demora del autor del hecho y la recuperación del bien sustraído.

Efectivos policiales de Salta aprehendieron a un hombre mayor de edad en barrio San Antonio, mientras realizaba maniobras de comercialización de sustancias prohibidas. En ese momento, secuestraron envoltorios con sustancia. En este contexto, y con intervención del Juzgado de Garantías N° 5, se obtuvo la orden de allanamiento para el inmueble del investigado. Como resultado de las diligencias realizadas en el inmueble ubicado en Villa San Antonio el pasado martes, lograron la detención de una mujer y un hombre mayores de edad, y secuestraron casi 100 dosis de cocaína y dinero en efectivo.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, a través de la delegación San Lorenzo, imputó de forma provisional a una mujer de 53 años como autora del delito de estelionato. La acusada estuvo acompañada de defensa particular y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenida. La investigación inició a partir de dos denuncias realizadas por el Administrador de Finca Las Costas y el Procurador de la Municipalidad de San Lorenzo al tomar conocimiento de que una mujer, quien se identificaba como martillera pública y corredora inmobiliaria y ofrecía a la venta lotes en la Reserva Natural de Finca Las Costas en precios expresados en dólares. Con los elementos de convicción necesarios, el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, orden de allanamiento y detención para dos domicilios vinculados a la mujer investigada. En cumplimiento de la medida, este jueves, se produjo la detención de la mujer de 53 años como sospechosa de haber cometido el delito de estelionato. Se secuestraron además, elementos de interés para la causa.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a un hombre por la supuesta comisión del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género en perjuicio de su actual pareja. Asistido por la defensa oficial, el acusado se negó a declarar. La intervención de la Fiscalía Penal de Cafayate se inicia a partir de la denuncia de una mujer contra su actual pareja. La denunciante relató que el 18 de mayo, mientras se encontraba en el domicilio junto al denunciado, quien consumía bebidas alcohólicas con amigos del trabajo, en un momento dado le quitó el teléfono celular y se dirigió a una habitación, lo que provocó la ira del hombre. Durante la discusión, el acusado le tomó del brazo izquierdo y la tiró hacia atrás, haciendo que cayera en la cama, donde también le propinó varios golpes de puño en la nariz. En ese momento, ingresó la hermana del acusado y este cesó su agresión. La denunciante expresó que no es la primera vez que sufre hechos de violencia física y psicológica por parte de su pareja, y que actualmente se encuentra asistiendo a un psicólogo por los hechos vividos. Además, mencionó que durante la discusión, el acusado la amenazó con denunciarla por robo, entre otros insultos. Solicitó al magistrado interviniente la prohibición de acercamiento a su domicilio y lugares que frecuente, así como la prohibición de ejercer violencia física y psicológica y cualquier tipo de contacto por cualquier medio. Dijo que es la primera vez que lo denunciaba debido al cansancio por la situación vivida. Al día siguiente, la mujer amplió su denuncia, manifestando que, según le informó una amiga, el denunciado se presentó en su domicilio y desde el exterior la amenazó de muerte mientras golpeaba el portón de chapa con puntapiés. La policía documentó al tomar intervención que se observaron manchas de aspecto sanguinolento en la boca y nariz de la denunciante. Inmediatamente, fue trasladada al nosocomio local, donde el médico legal determinó que presentaba contusión en la región nasal, labio superior y mano izquierda, todas de reciente data y producidas por golpes con objeto de superficie roma. También presentaba una fisura del hueso propio de la nariz sin desplazamiento, con 15 días de invalidez laboral. La fiscal Sandra Rojas consideró que la conducta del acusado se materializó en un contexto de violencia de género y afectación a los derechos fundamentales de la denunciante, lo que supone una violación de derechos humanos del género femenino. Esto exige un tratamiento particular y una reacción estatal inmediata, destacando la obligación de intervenir en estos delitos para garantizar una tutela real y efectiva, que incluya el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate en la que la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Tartagal condenó a un hombre a la pena de seis años de prisión de ejecución efectiva por ser autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas por el vínculo, todo en concurso real. La intervención de la Fiscalía se inició tras la denuncia presentada por la víctima el 1 de febrero de 2023, quien relató que el acusado, su pareja, llegó a la vivienda que compartían en la localidad de Embarcación y la agredió físicamente antes de abusar de ella. La denunciante describió que las agresiones eran recurrentes desde el comienzo de la convivencia, testimonio que fue corroborado en en la audiencia de juicio ante el juez Reinaldo Burgos. En su fallo, el juez determinó que el condenado cumplirá la pena en modalidad domiciliaria debido a problemas de salud, debiendo someterse a supervisiones médicas regulares.

En el marco de los operativos para el abordaje de delitos bajo la modalidad motochorros, la Dirección Seguridad Urbana realizó diversos operativos en la ciudad; en uno de ellos demoró a cinco sujetos, se recuperó celulares y se secuestró estupefacientes.
En la semana, efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial cuando se encontraban realizando patrullaje preventivo en Avda. Ennio Pontussi fueron alertados por un ciudadano que dos masculinos a bordo de una motocicleta le arrebataron el celular.
Atento a la situación, los uniformados lograron dar alcance a los sospechosos procediendo a la aprehensión de dos hombres de 18 y 23 años. Se realizó un cacheo superficial dando cuenta que poseían entre sus prendas sustancias prohibidas, más de treinta mil pesos y celulares.
Por otro lado, alrededor de las 23:40 en Usandivaras y Tomás Cabrera, fueron alertados que un masculino, en motovehículo, intentó arrebatar una cartera esgrimiendo un arma de fuego. De inmediato, patrulla de motoristas realizaron patrullaje en la zona en procura del sospechoso con las características aportadas por el alertante.
A los pocos minutos, logran individualizar al sujeto de 23 años donde al realizarle una requisa advierten que tenía en su poder una réplica de arma de fuego tipo pistola.
En otro procedimiento, la Sección Motoristas de Emergencia Policía de Tartagal, demoraron a dos hombres de 18 y 27 años quienes mediante amenazas con arma blanca detenían los vehículos con intenciones ilícitas.
Los sospechosos al percatarse la presencia policial intentaron darse la fuga y tras el rápido accionar de la motorizada se logró la aprehensión de los sujetos, se secuestró el arma y el rodado.
En todos los casos, los aprehendidos y los secuestros quedaron a disposición de la Fiscalía Penal de la zona.

En un control vehicular de rutina en el ingreso a Barrio Los Pinares, efectivos policiales detuvieron la marcha de una moto. El hecho ocurrió cerca de las 17:00, a la altura del Kilómetro 4 de la Ruta Provincial N° 2, oportunidad en la que policías de la Dirección General de Seguridad Vial, detuvieron a una motocicleta, conducida por un joven de 19 años. Al realizar el registro de su mochila, observaron que transportaba en su interior 25 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada.
Al respecto, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, quienes constataron que se trataba de 100 dosis de Cannabis sativa.
Finalmente, el joven y el secuestro quedaron a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

La Policía de Salta a través de la Dirección General de Investigaciones, logró recuperar elementos sustraídos desde un Club deportivo de Rosario de Lerma. Como resultado de la intervención dos hombres quedaron a disposición de la justicia.
La investigación fue llevada a cabo por efectivos del Grupo Investigativo de Unidad Regional N° 11 del Sector 2 quienes tomaron conocimiento a través del representante del club ubicado en barrio Centro, de la sustracción de juegos de camisetas, pelotas de fútbol, una garrafa y utensilios, ocurrido días pasados.
Mediante tareas investigativas los efectivos lograron identificar a los sospechosos. Ante esa situación está mañana los investigadores realizaron requisas en dos domicilios de los barrios Ferroviario y San Jorge, recuperando así 24 camisetas de fútbol.
Los demorados dos hombres de 21 y 35 años y lo secuestrado quedaron a disposición de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.

La jueza María Victoria Montoya Quiroga dictó prisión preventiva para el hombre acusado de haberle quitado la vida a su pareja el pasado viernes en un barrio privado de la ciudad de Salta. Continuará detenido en dependencias del Servicio Penitenciario de la Provincia.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal designado por la Oficina de Gestión Judicial de Garantías, en la audiencia multipropósito donde se resolvió el pedido de prisión preventiva que realizó para un hombre de 34 años, imputado de forma provisional como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su pareja.
El hombre habría prestado declaración en la jornada de ayer y dado su versión de los hechos manifestando que no tuvo la intención de quitarle la vida a la madre de sus hijos y que habría atentado contra su vida mientras estuvo internado en el hospital San Bernardo.

El fiscal penal de Cachi, Daniel Escalante, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de lesiones agravadas por la relación de pareja a un hombre de 29 años.
La tarde del pasado 7 de agosto, la damnificada, con quien tiene un hijo en común fruto de la relación, se encontraba en su casa, cuando el acusado habría comenzado a realizarle recriminaciones, para luego tomarla del cuello con una mano, lo que ocasionó que perdiera la respiración por un momento.
Apenas pudo, la mujer salió del domicilio para pedir ayuda y resguardarse en una vivienda vecina. Si bien no había radicado denuncia antes, la pareja del acusado dijo que recibió malos tratos psicológicos en otras oportunidades.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. El fiscal Escalante, por su parte, solicitó ante el Juzgado de Garantías, mantenimiento de detención.

* Foto ilustrativa

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, investiga un hecho ocurrido ayer en un barrio privado de la zona oeste de la ciudad de Salta, donde una mujer perdió la vida de forma violenta y su esposo se encuentra internado en el hospital San Bernardo y para quien ya se solicitó la detención ante el Juzgado de Garantías en turno.
La fiscal Poma se constituyó en el lugar, donde personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP realizaron las tareas de rigor.
El cuerpo de la mujer fallecida fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le realizará la autopsia y se encuentran en cumplimiento numerosas diligencias dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 1, Federico Obeid, requirió juicio al Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para un odontólogo por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente de 15 años y abuso sexual simple (continuado) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer
La intervención de UDIS 1 inició el 6 de marzo pasado cuando la madre de una adolescente de 15 años denunció al profesional de la salud. Aseguró que su hija concurrió por segunda vez al consultorio del profesional para tratamiento odontológico y que allí el hombre, de 39 años, le realizó comentarios de índole sexual mientras examinaba su boca.
Al terminar el arreglo, la mujer denunció que su hija se paró para retirarse, pero el odontólogo la acorraló contra su escritorio y vulneró su integridad sexual, mientras le pedía fotos íntimas. Una vez finalizado el hecho, la madre aseveró que el profesional le manifestó que debía regresar en dos oportunidades más para continuar con el tratamiento.
El segundo hecho por el que el fiscal Obeid acusa al hombre, se trata de una mujer hoy mayor de edad, que también efectuó una denuncia contra el odontólogo exponiendo que tras tomar conocimiento que el hombre era buscado por abusar de una paciente, decidió contar lo que le había sucedido años atrás.
Sostuvo que cuando tenía 16 años, acudía a consultas con el odontólogo, quien en distintas oportunidades vulneró su integridad sexual, lo que la llevó a cambiar de profesional de la salud.
Tras la primera denuncia, el profesional de la salud estuvo prófugo de la justicia hasta el pasado viernes 17 de marzo, siendo alojado en la Alcaidía General de la Provincia, en donde permanece con prisión preventiva a pedido de la Fiscalía. El fiscal Obeid investiga otras denuncias en contra del profesional de la salud.