En diciembre pasado, Washington endureció su ofensiva contra Venezuela al imponer un embargo petrolero e incautar siete buques como forma de presión directa sobre el entonces gobierno de Nicolás Maduro. La medida tuvo un impacto inmediato: más de 40 millones de barriles quedaron inmovilizados en tanques y petroleros, lo que obligó a la estatal PDVSA a recortar de manera abrupta su nivel de producción.
El escenario comenzó a cambiar en enero de 2026, ya consumada la captura de Maduro. En ese contexto, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió las primeras licencias especiales para que comercializadoras internacionales como Trafigura y Vitol pudieran exportar parte del crudo y los combustibles acumulados. La decisión destrabó rápidamente la cadena operativa y permitió una reactivación acelerada de la producción, la refinación y el transporte marítimo.
Las exportaciones habilitadas bajo este esquema alcanzan unos 12 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados, lo que equivale a un promedio de 392.000 barriles diarios (bpd). La mayor parte de esos envíos tiene como destino inicial terminales del Caribe, desde donde luego son redistribuidos hacia EEUU, Europa e India.


