La Cámara de Diputados de Italia aprobó el decreto-ley 36 de la primer ministra Giorgia Meloni, el cual establece que la ciudadanía ya no se traslada automáticamente a los nacidos en el exterior que posean otra nacionalidad. De todas maneras, el decreto excluye el reconocimiento de los nacidos en el exterior antes de la entrada en vigor de la normativa.
Con 137 votos a favor y 83 en contra, quedó limitado el alcance del ius sanguinis (derecho de sangre), resultando en que únicamente puedan trasladar la ciudadanía padres o abuelos. De esta forma, pueden obtenerla hijos o nietos de italianos, cerrándole la puerta a miles de bisnietos y tataranietos.


