La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de la Argentina por la expropiación de YPF y anuló la sentencia millonaria que obligaba al país a pagar US$16.000 millones más intereses.
La decisión llegó luego de años de batalla judicial y fue un alivio para el país, ya que el caso YPF era el principal litigio internacional y el que tenía una sentencia de mayor monto.
Más allá de ese caso, la Argentina enfrenta otras batallas legales en los tribunales internacionales por un monto total que supera los US$10.000 millones. Entre los principales, hay conflictos que tienen que ver con el default de 2001 y otros relacionados con la manipulación de estadísticas del INDEC durante el kirchnerismo.
Un caso de vieja data es el de los holdouts del default de 2001. A pesar de los tres canjes realizados por la Argentina en 2005, 2010 y 2016 por US$9300 millones, todavía hay un remanente de fondos buitre que continúan su reclamo en tribunales internacionales por los bonos que no se pagaron durante la crisis de principios de este siglo.
Según cálculos del FMI, estas demandas representan un pasivo contingente de US$2400 millones.
Unos US$500 millones ya estaban en condiciones de ser ejecutados. Es el caso del fondo Bainbridge, que tenía una sentencia a su favor por unos US$95 millones más intereses. Mientras que el fondo Attestor, contaba con sentencia firme por US$460 millones y había logrado embargar US$209 millones del colateral de los bonos Brady que la Argentina tenía depositados en Nueva York porque no podía sacarlos hasta su vencimiento, en 2023.
Sin embargo, la justicia estadounidense había congelado US$100 millones de ese colateral a la espera de que Bainbridge y Attestor se pusieran de acuerdo sobre quién tenía prioridad en el cobro y cómo lo iban a repartir. A principios de marzo, los fondos informaron que llegaron a un entendimiento sobre ese monto, por lo que hubo un principio de solución en ese reclamo.
Argentina enfrenta otros juicios
