El Gobierno analiza saldar deudas con constructoras a través de bonos. Así se lo confirmaron empresas del sector. La maniobra incluiría contratos recientes, pero también obras públicas impagas desde 2023. “Esa plata ya se recaudó. Son más de $6 billones en impuestos con asignación específica”, dijeron a la prensa.
La caída de la recaudación complica la caja del Ministerio de Economía. Los ingresos fiscales llevan siete meses consecutivos a la baja y en febrero se desplomaron más de un 7% interanual en términos reales. El Gobierno tuvo que afilar la motosierra y realizar una nueva ronda de ajustes. A excepción de los intereses de la deuda, prácticamente todos los renglones del gasto retroceden.
En paralelo, ante un complejo enfriamiento de la actividad, aparece en algunos sectores de la Casa Rosada la intención de empezar a movilizar la obra pública, ejecutando partidas desde la administración central para algunas obras y transfiriendo fondos a provincias para otras.
Pero hay un detalle pendiente: a los contratistas les deben certificados desde el año 2023, por proyectos que se iniciaron en la administración anterior y algunos pocos que comenzaron durante el gobierno de Javier Milei.
“El Gobierno está pensando en un bono para las deudas, todavía no sabemos si será para algunos organismos o para todos, ni qué período abarcará la deuda”, señalaron a la prensa empresas del sector de la construcción y agregaron: “todavía no se conocen las características que tendría el instrumento”.

