Una secta que escondía una trama con trata de personas y explotación laboral cayó este fin de semana en la localidad cordobesa de Traslasierra. El “pastor” y su pareja quedaron detenidos luego de que la Justicia confirmara que habían reducido a condiciones de servidumbre a nueve personas, entre ellas dos niñas.
La historia de esta secta cuenta con más de tres años e incluso se remonta a otra provincia: San Luis. Allí, el pastor del culto evangélico, identificado en la causa judicial como “LFV”, y su esposa, mencionada como “CVG”, comenzaron a trabajar con un grupo de familias que se encontraban en una situación económica vulnerable.
Con la llegada de la pandemia del Covid-19, los “pastores” les anunciaron a sus “fieles” la llegada del “fin del mundo” y, con el objetivo de salvarlos, les exigieron un aporte económico mensual de alrededor de $15.000 para adquirir un terreno en Traslasierra, Córdoba.
Muchas de las familias no llegaban a aportar esa suma todos los meses, por lo tanto, la pareja les exigió que vendieran sus inmuebles personales y sus vehículos particulares para hacer más aportes y poder construir viviendas en terreno cordobés. El relato que les decían era que todo iba a “las arcas de los pastores, encargados de administrar el dinero”.
Para acelerar el ritmo y poder ejecutar el plan lo antes posible, también les pidieron que compraran pollos para asarlos y venderlos al público. Todo con el único objetivo de recaudar más dinero y poder comprar el terreno en Córdoba.
A fines de 2020 lograron adquirir el terreno y en 2021 se radicaron en el paraje Divina Pastora, en el “Camino del Peregrino”, sobre la ruta nacional 14, de Cura Brochero. Allí se asentó el “Ministerio Profético Monte de Sion” que, según rige en la acusación del fiscal, sometió a las familias “a una situación de reducción a la servidumbre, con un dominio absoluto tanto físico como psicológico”.
Las viviendas que les habían prometido a los fieles nunca fueron terminadas y fueron la excusa ideal para albergar a las familias en condiciones precarias. De acuerdo al relato del fiscal, “todos estaban obligados a cumplir con las normas, indicaciones y reglas efectuadas por el ‘Pastor’, debiendo cumplir horarios para limpiar y mantener el aseo del lugar, levantar basura y excremento de los animales y demás actividades rurales vinculadas”.
El predio no solo estaba aislado de toda civilización para mantener a las víctimas al margen de la comunidad, sino que los “pastores” les prohibían salir a los integrantes de la secta y los amenazaban con castigos físicos, violaciones, muertes y golpes. Señalaban que eran “castigos de Dios” y hasta usaron un arma de fuego para amedrentarlos.
Por su parte, la “pastora” formó grupos de mujeres donde se reunían y le relataban todos los secretos familiares. Esto fue aprovechado por los líderes tiempo después, ya que manipulaban y extorsionaban a los fieles. Con esto -según el requerimiento- lograron “aislar a los miembros de la congregación de todas sus redes de contención familiar”, para convertirse en la “única alternativa de salvación divina”.

La detención de la pareja que lideraba la secta en Córdoba
La causa está radicada en el Juzgado Federal N°3 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que detenga al “pastor” luego de que el fiscal Carlos María Casas Nóblega pidiera su captura por tener reducidas a la servidumbre a unas nueve personas.
El requerimiento redactado por Casas Nóblega sostiene que se aprovecharon de personas de “contextos socioeconómicos endebles” de la ciudad de San Luis, donde fueron convocados a la sede del “ministerio” en el barrio Libertad. Esas personas atravesaban “profundos escenarios de vulnerabilidad” que los llevó a recurrir al “culto religioso en búsqueda de un espacio de contención social y guía espiritual”.
Luego de la detención del “pastor” se ordenó la captura de su pareja, quien hasta el viernes pasado no había sido ubicada. Finalmente, la mujer fue detenida y ahora pesa sobre ella una imputación por “trata de personas con fines de explotación laboral, económica y de reducción a la servidumbre o condición análoga, agravada por amenazas, por la cantidad de víctimas, por ser ministro de culto y por haberse consumado la explotación”.
Ahora, desde el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba procuran solucionar algunas cuestiones de las víctimas, entre ellas la tutela de las dos niñas rescatadas, de 11 y 7 años de edad.