El Congreso comienza el periodo de sesiones extraordinarias en un clima de tensión pura entre el oficialismo y la oposición, las próximas semanas podrían dejar un anticipo del funcionamiento que tendrá el parlamento en el año electoral. Según ya anticipan los propios legisladores, será pobre.
Con la agenda tomada por el juicio político contra la Corte Suprema, el oficialismo tendrá serias dificultades para aprobar el resto de los 27 proyectos que el Presidente incluyó en el temario, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde necesita de consenso con bloques opositores para alcanzar el quorum.

Extraordinarias en la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados no tiene en la agenda de trabajo definida otra cosa que el proceso contra los cuatro miembros del máximo tribunal. El jueves al mediodía se reunirá por primera vez la comisión de Juicio Político que preside la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard. No hubo convocatoria a otras comisiones.
El oficialismo incluyó en el tratamiento 12 proyectos que solicitan el juicio político contra uno o todos los miembros de la Corte, incluido, en una jugada para presionar a la oposición, dos iniciativas presentadas años atrás por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti.
En la comisión, con asistencia perfecta, el FdT tiene los números para iniciar el tramite. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal (peronismo disidente) rechazan el juicio a la Corte pero participarán del debate si el oficialismo lograra el quorum en el cuerpo, como se prevé. Será un proceso largo, cargado de cruces. Recién en la primera quincena de febrero, luego de escuchar a los impulsores de los proyectos, el oficialismo avanzaría con la admisibilidad del juicio, citaciones a supuestos “testigos” y luego a los propios jueces de la Corte.
El Frente de Todos no tiene, en cambio, los dos tercios necesarios en el recinto para avanzar luego con la aprobación de la acusación contra los magistrados. Es decir, el proceso no saldrá del ámbito de la comisión. Pero, como se dijo, la ofensiva contra el máximo tribunal no es el único tema incluido en el temario de sesiones extraordinarias.
Además, de otros proyectos judiciales como la reforma del número de integrantes de la Corte y del Consejo de la Magistratura -que no tienen chances de prosperar-, el Presidente también incluyó un paquete de iniciativas económicas impulsadas por Sergio Massa, como el blanqueo de capitales, la reforma de la ley de lavado de activos, fomento al desarrollo agroindustrial y energético, reforma del INDEC, entre otras, que incluso todavía tienen que pasar por las comisiones, ninguna de las cuales fue convocada aún.
El oficialismo no solo no tiene los dos tercios necesarios para aprobar en el recinto un juicio político contra la Corte, sino que tampoco tiene garantizados siquiera los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum e iniciar una sesión para tratar cualquier tema. Juntos por el Cambio ya advirtió que no colaborará con el quorum para tratar ningún proyecto mientras el Gobierno mantenga su ofensiva contra la Justicia.
Para sesionar, el Frente de Todos deberá apelar a los bloques independientes de las dos grandes coaliciones, como el Interbloque Federal -que integran 6 peronistas y 2 socialistas-, el Frente de Izquierda -que tiene cuatro diputados- y los cuatro legisladores libertarios de las bancadas que conducen Javier Milei y José Luis Espert. Hasta ahora, con mayor o menor contundencia, esos bloques no mostraron intenciones de acordar con el oficialismo. Pero el periodo de sesiones extraordinarias durará más de un mes.
En cualquier caso, el oficialismo comenzará a moverse esta misma semana antes de la reunión prevista para abrir el tratamiento del juicio político. El jefe del bloque, Germán Martínez, convocará el miércoles a los presidentes de todas las comisiones que preside el Frente de Todos, y a los vicepresidentes de aquellas que no preside, para empezar a delinear una estrategia.