El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva a Jonatan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación Revolución Federal. El juez los encontró responsables de formar una agrupación que buscaba “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena tiene hasta 8 años de prisión. Los embargó por 9 millones de pesos.
Los imputados habían sido detenidos el 20 de octubre pasado. El martes fueron excarcelados por orden de la Cámara Federal por el mínimo de la pena, porque no tenían antecedentes penales y porque la prueba de la causa ya estaba secuestrada. Le dijo al juez que tomara medidas para garantizar la sujeción al proceso. También resaltó que esa agrupación no está por el momento investigada en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, según surge de la causa. Ese fue el fallo que criticó el presidente de la Nación, Alberto Fernández y distintos miembros del Gobierno.
Pero el juez todavía debía resolver sobre las situaciones procesales de los implicados. Fue lo que hizo en la resolución de hoy. “Los sujetos aquí imputados conformaron una organización denominada Revolución Federal y tomaron parte de ella, difundiendo masivamente propaganda de odio y realizando actos violentos, con abierta intención de incitar a la persecución, hostilidad y violencia colectiva contra determinados sujetos -autoridades y simpatizantes- pertenecientes a un determinado espacio político -Frente de Todos. En definitiva, pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho”.
El juez no dice que la agrupación tuviera que ver con el atentado con Cristina Kirchner. Solo cita la cronología que había hecho inicialmente en la causa el fiscal Gerardo Pollicita, en donde se señala que el accionar de la agrupación “desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación”.
“La finalidad del accionar llevado adelante por los/as nombrados/as a través de la organización Revolución Federal, fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados –pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado, la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como ‘van a correr’ ‘Todos presos, muertos o exiliados’ -entre otros-, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas”, señaló.