Tras el descargo de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, su abogado, Carlos Beraldi, reclamó la absolución de la vicepresidenta, y culminó el alegato con una contundente respuesta al fiscal Diego Luciani.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola habían solicitado al Tribunal Oral Federal 2 que la expresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. En ese entonces, Luciani pronunció la siguiente frase: "Estamos convencidos de haber alcanzado la verdad y ahora le toca a cada uno de los jueces, a quienes la sociedad esta mirando. Señores jueces este es el momento: es corrupción o justicia. y ustedes tienen la decisión".
En esta ocasión, y a modo de cierre del alegato que se desarrolló a lo largo de tres audiencias esta semana, Beraldi le respondió al fiscal: "No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino". A lo que luego agregó: "Solicito que se termine con este proceso como corresponde, con justicia".
El abogado de la titular del Senado de la Nación también se refirió a las afirmaciones de los fiscales en relación a que el 'lawfare' (guerra jurídica) "no existe" y que se trata solo de una estrategia de "marketing" a la que recurren aquellos acusados "cuando no pueden revertir los hechos" planteados en un juicio.
Beraldi les respondió con una definición del Papa Francisco -que también había sido invocada por la fiscalía- en la que señaló que "el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales, el 'lawfare', pone en riesgo las democracias de los países y es utilizado para minar los procesos políticos emergentes".
Por último, y tras haber rebatido con documentos y testimonios las afirmaciones de la fiscalía, Beraldi aseveró que "Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas en esta causa", por lo que sostuvo que no existen elementos para atribuirle una malversaciones de fondos públicos.
hizo uso de su título de abogada para alegar como defensora en causa propia, posibilidad otorgada por el artículo 104 del Código Procesal Penal.
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