El próximo 5 de septiembre comenzarán los alegatos de los abogados de todos los acusados en la causa Vialidad donde se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública para la provincia de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. El primero será Héctor Garro, representado por Mariano Fragueiro Frías, y luego continúa por orden alfabético.
El turno de los representantes legales de Cristina Kirchner será el sexto. Allí, los equipos legales de la Vicepresidenta, encabezado por Carlos Beraldi, deberán responder ante el Tribunal Oral Federal 2 las acusaciones que presentó el fiscal federal Diego Luciani. A diferencia de lo que fue el discurso de la líder del Frente de Todos en el Senado, en esta ocasión, los letrados deberán dar respuestas técnicas para lograr que haya una pena de no más de 7 años o, en el mejor de los casos, la absolución de la ex mandataria.
Entre los objetivos que maneja el abogado defensor de Fernández de Kirchner, según pudo saber Infobae, es demostrar lo inverosímil y casi imposible que resulta montar una asociación ilícita desde el Poder Ejecutivo -como se la acusa- con los controles cruzados establecidos, por ejemplo, en el Presupuesto, DNU o designaciones ya que, en la mayoría de esas herramientas, interviene el Congreso.
Además, darán respuestas técnicas -no políticas como sucedió hoy- para lograr una pena no mayor a los 7 años o la absolución. En caso de que haya una condena, la inhabilitación y el decomiso será inevitable.
Durante su alegato, el fiscal federal Diego Luciani pidió que la Vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a no poder ejercer más cargos públicos en su vida al considerarla jefa de una asociación ilícita por la obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo en su primera audiencia, el 1 de agosto. A partir de allí desarrolló su acusación contra la ex presidenta.
Luciani señaló que Báez, ocho días antes que Néstor Kichner asumiera en mayo de 2003 como presidente de la Nación, fundó Austral Construcciones. Báez, amigo de Néstor Kirchner, pasó de ser monotributista y empleado bancario a dueño de una empresa constructora, dijo el fiscal. Además, el empresario compró otras compañías del rubro de la provincia, como Kank y Costilla y Gotti.
Así, entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz. Se trata del 78 por ciento de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. El fiscal detalló en su alegato que solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.
La Fiscalía analizó cada una de las obras. Concluyó que las empresas recibían del estado adelantos financieros superiores a los que permitía la ley; en las licitaciones competían las empresas de Báez y otra que llamó de “cortesía” que se presentaba y siempre perdía, en general era “Petersen”; se pagaban sobreprecios; se extendían los plazos para terminarlas sin justificación; y se pagaban de manera total a pesar que no estaban terminadas. “No hay obra que finalice en termino por la falta de capacidad de la empresa. Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el estado nacional”, sostuvo Luciani.