El juicio oral en la causa Vialidad entrará en su último tramo, en el que se esperan las palabras finales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras que su defensa reclamó la absolución por haberse "desmantelado" la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola.
Con la finalización este lunes del alegato final de la defensa de los acusados extitulares de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez, el debate ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 seguirá con la respuesta fiscal a nulidades planteadas.
Además, Luciani y Mola podrían pedir replicar en base a lo escuchado en los alegatos de las defensas de los 13 acusados, que en todos los casos reclamaron la absolución y consideraron que las pruebas durante el debate dieron por tierra con la acusación.
Una vez concluida esta etapa, se anunciará un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020 sin recuperar nunca la presencialidad plena.
"No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino", sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado, a más de tres años de iniciado el debate y luego de escucharse a 114 testigos en 117 audiencias.
Ese día, la Vicepresidenta también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa y habló ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
"¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -replicó la expresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos", cuestionó.
Además, sostuvo que la acusación fue una "fábula" montada para llevarla "de los pelos" ante la Justicia, que en la causa "se violó la Constitución Nacional" y que los fiscales cometieron "prevaricato".
En un alegato que se extendió por nueve audiencias y terminó el 22 de agosto último, los fiscales Luciani y Mola la acusaron de ser la jefa de una supuesta asociación ilícita y le atribuyeron haber cometido el delito de administración fraudulenta por irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
"Estamos convencidos de haber alcanzado la verdad y ahora le toca a cada uno de los jueces, a quienes la sociedad está mirando. Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia. y ustedes tienen la decisión", concluyó Luciani al pedir condenas de 12 años de prisión para la exmandataria y su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
También pidieron 12 años de prisión para el empresario Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
En el alegato, Luciani y Mola sostuvieron que en el kirchnerismo se montó un esquema "piramidal" de corrupción.
En cuanto al resto de los acusados, todos los defensores coincidieron en reclamar la absolución al realizar sus alegatos, mientras que la otra querella del caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), decidió no acusar porque consideró que en la causa Vialidad no hubo delito de defraudación ni tampoco asociación ilícita.
"Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación", sostuvo en su alegato el abogado de la UIF Leandro Ventura y descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
En el caso de la titular del Senado y exmandataria entre 2007 y 2015, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se desarrolló "en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes".