Tal como se esperaba, la Procuración General remitió su dictamen a la Corte Suprema con el pedido para elevar la condena a los imputados en el caso Vialidad. Ratificó así la postura del Ministerio Público Fiscal que se agraviaba de que ni en el juicio oral ni en la revisión de la Cámara de Casación se incluyera el delito de asociación ilícita por el que habían acusado a Cristina Kirchner.
Con la firma del procurador interino Eduardo Casal se quejó de que la Cámara de Casación hubiese ratificado las absoluciones por asociación ilícita, tal como lo había hecho el Tribunal Oral Federal N°2. Para eso, abundó en cuestiones técnicas durante el primer tramo del escrito por los cuales consideraba que no había sido correcto el enfoque que rechazó la aplicación de esa figura. El caso ahora cuenta con todos los elementos para que la Corte Suprema pueda resolverlo, aunque sin plazos.