En una breve reunión, La Libertad Avanza y sus aliados (representados en el Senado por la UCR y el PRO) consiguieron el dictamen de mayoría en tres reformas que cuentan con el patrocinio del Ministerio de Seguridad de la Nación: el régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado (o ley Antimafias), la regularización de armas de fuego junto a la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas y el régimen para el desarmado de automotores y venta de autopartes.  El régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado define penalmente como organización criminal a la asociación de tres o más personas y, si bien no determina qué se entiende por vinculación, propone un listado de delitos a los que se le atribuyen propios de una mafia. Luego señala que existe una organización criminal cuando se “tiene como fin la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos", o cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional". Además, colectiviza las condenas para todos los miembros de la organización criminal (cada integrante deberá cumplir la pena máxima correspondiente al delito más grave cometido por cualquier otro miembro) y se establecen “Zona Sujeta a Investigación Especial” que habilitan a detener hasta 15 días a una persona por averiguaciones, decomisar sus bienes e intervenir sus comunicaciones.