Tal como ya existe en una decena de provincias del país, avanza la posibilidad de concretar una reforma sustancial en el Código Procesal Penal: que el juicio por jurados sea convierta en una realidad a nivel nacional. Diputados de distintos bloques firmaron un proyecto de consenso. El dictamen fue rubricado en un plenario en donde confluyeron las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Si bien existían ocho proyectos, el acuerdo mayoritario fue en torno a un esquema de juicio por jurados popular, con miembros civiles con paridad de género para todos los delitos con pena en abstracto de 5 años. Deberán dar un fallo unánime. Por la minoría firmaron dos diputados cordobeses del bloque Encuentro Federal -Juan Brugge y Alejandra Torres-, quienes respalda un juicio por jurados escabinado como el que se utiliza en su provincia: la diferencia es que combina magistrados y personas que no sean profesionales del derecho. Tal como sucedió con otras iniciativas que el Gobierno ya había suprimido de la ley Bases y luego decretó (como el canje de deuda o la privatización de Aerolíneas Argentinas), el dictamen no estuvo exento de una nueva insistencia oficialista: en su artículo 49, se estableció que en los juicios por jurado "el juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia".