De acuerdo a datos del censo 2022, el 43,9% de la población utiliza mayormente gas de garrafa, unas 20.034.720 personas. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 216/2024. De este modo, el Gobierno avanzó con la desregulación de otro sector de la economía, en línea con el DNU 70/2023, que podría tener efectos directos sobre los consumidores de menor poder adquisitivo. La normativa dispuso que “a fin de liberar de regulaciones de precios al sistema, resulta necesario dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas". A cambio, precisaron que solo se establecerán ‘Precios de Referencia’, sin un tope, que, subrayaron, “obstaculice la cobertura de la real variación experimentada en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”. Al explicar la finalidad de la decisión, la resolución indicó, a tono con los discursos libertarios oficiales, que “la presente medida tiene por objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado”. Además, remarcó que “la desregulación del mercado de precios de GLP, producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”. El DNU 70/2023, que respalda la decisión tomada este lunes, estableció “como objetivo de política nacional el funcionamiento libre de los mercados energéticos en todos sus alcances”, por lo que en relación a las garrafas de GLP se determinó que “los criterios normativos vinculados al sector deben armonizarse con los objetivos de política nacional que habrán de regir el sector energético en su integralidad”.