Al responder las preguntas que le realizaron los miembros de la Cámara de Diputados, Guillermo Francos se refirió al decreto 780/2024 publicado el pasado lunes que, argumentando "la violación al principio de buena fe", se modificó la Ley de Acceso a la Información Pública para evitar requerimientos que se vinculen con "datos de naturaleza privada". El PRO, que impulsó la legislación en el Gobierno de Macri, rechazó el decreto. "No hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública", aseguró el jefe de Gabinete en su defensa de gestión en la Cámara baja y afirmó que "no nos pareció que hubiera en todo esto una violación a este derecho constitucional": "La intención fue tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda", agregó y ratificó que "no se pretende ocultar información pública". En ese marco, se refirió al argumento de buena fe: "El Gobierno entendió que algunos mecanismos no se utilizaban en la senda de la buena fe, sino en la contraria". "La buena fe es para todos, también para los particulares", señaló. Finalmente, el funcionario se comprometió a "recoger las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República y veremos si tenemos necesidad de modificar el decreto". "No tenemos ningún reparo en dar todas las respuestas de ser necesaria", concluyó.