Elisa Carrió impulsará con los diputados de la Coalición Cívica una serie de medidas que integran un “Plan de Reactivación”, que incluye una fuerte reducción en varios impuestos, la eliminación de la doble indemnización y la reducción en la cantidad de delegados gremiales en las empresas, entre otros cambios.
La iniciativa fue elaborada por un equipo liderado por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Joaquín Moro y el economista Matías Surt y condensada en un proyecto de ley que será presentado en la Cámara baja. Establece una reducción en Ganancias de las empresas, impuesto al cheque, retenciones, la prohibición de cobrar IVA u otro tributo en las facturas de servicio público, impuestos al trabajo y una caída en Ingresos Brutos. Además, planteó aumentar la cantidad mínima de trabajadores para tener representantes gremiales en empresas (pasando de 10 a 20) y la eliminación de la doble indemnización.
El economista Surt explicó que el paquete de medidas tendrá un costo fiscal, a partir de 2025, de cerca de 1,5% del PBI, que implica unos 7,5 mil millones de pesos. “La propuesta estableció compensar la menor recaudación con una revisión de los aumentos en los gastos que decidió este Gobierno en los últimos años. Sólo en aumento del empleo público el impacto es enorme, en subsidios energéticos se pasó del 1,5% del Producto al 4%. Son palancas que tiene el Estado que puede administrar para compensar los menores ingresos fiscales”, aseguró.
Impuesto a las ganancias de las empresas: se propone regresar de forma gradual al espíritu de la reforma tributaria del 2017, unificando la tasa del impuesto a las ganancias en el 25%, con independencia de la magnitud de las ganancias. Dicha tasa regirá a partir del año 2025. Hasta ese año, habrá una reducción gradual. Para las ganancias no reinvertidas habrá una sobrealícuota del 13%.
Impuesto sobre los débitos y créditos (“impuesto al cheque”): si bien dicho impuesto debe eliminarse, hasta que ello ocurra se propone que todas sociedades, empresas o personas (o personas físicas) registradas como responsables inscriptos puedan tomarlo a cuenta de pago del impuesto a las ganancias de tercera categoría (hoy en día solo pueden hacer uso de este beneficio las PyMES que se encuentren registradas como tales en un registro del Ministerio de Producción).
Servicios públicos: se propone que las facturas de servicios públicos sólo contengan los cargos por el consumo realizado por el usuario, prohibiéndose cargar impuestos y tasas en dichas facturas (con excepción del IVA e ingresos brutos sobre los consumos).
Derechos de exportación (“retenciones”): se propone una baja gradual de las alícuotas hasta llegar al 10% en el caso de la soja (que ya a partir del 2023 baja al 30%) y al 0% en el caso del resto de los productos que pagan retenciones (excepto para las actividades hidrocarburíferas y mineras).
Impuesto al trabajo: se propone reducir la carga impositiva al trabajo, especialmente para los trabajadores de menores ingresos que son quienes más sufren la informalidad laboral. Esto se implementará a través de un Mínimo No Imponible (MNI) para el pago de contribuciones patronales. El MNI irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil. De esta manera, las contribuciones se pagarán sólo por el monto de los salarios que excedan ese MNI.
Representantes gremiales en las empresas: se propone aumentar la cantidad mínima de trabajadores para tener representantes gremiales en las empresas (pasa de 10 a 20 trabajadores).
“Doble indemnización”: se propone eliminar la indemnización agravada por despidos laborales.
Provincias y CABA: se propone invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reducir las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto a los sellos, en el sentido expresado en el Consenso Fiscal del año 2017.
Baja de Ingresos Brutos: en aquellas provincias productoras de alimentos donde tenemos representación legislativa propondremos en las Legislaturas locales la baja a cero del impuesto a los ingresos brutos a las actividades de ganadería, agricultura, caza, pesca e industria productora de alimentos, atendiendo a cuestiones de coyunturales que hacen necesario adoptar medidas concretas en el tiempo oportuno, con el objetivo de lograr efectos sobre los precios que pagan los consumidores en alimentos y bebidas, pero también para mejorar las estructuras tributarias provinciales en el sentido acordado en 2017 entre el Gobierno nacional y los gobernadores.
Desde el bloque de la Coalición Cívica explicaron que “la única alternativa que tiene la Argentina para dejar atrás la pobreza, generar empleo e incluir a una porción importante de la población en la clase media, es una reforma impositiva que le saque el pie de la cabeza a los sectores productivos” .
“Esto debe ir acompañado de una eficientizacion del Estado que ponga límites al déficit fiscal porque de lo contrario nunca los recursos serán suficientes”, explicaron.