En el Gobierno hay dudas sobre los despidos de los 72.000 estatales que anunció públicamente Javier Milei a fines de marzo. El Ejecutivo ya dio de baja 23.000 contratos y más de un ministro sostiene que “no hay más margen para recortar”. “El problema no es la cantidad de personas en la función pública, sino las atribuciones que tienen sobre la vida de la gente. Lo que queremos impulsar es que dejen de regular actividades”, expresó  un funcionario cercano al presidente.  En Balcarce 50 hay diferencias sobre la decisión de reducir los puestos de los 49.000 trabajadores restantes y tomó fuerza la posibilidad de no eliminar el total de contratos. “No tengo más gente para echar en mi área y los que más trabajan son los contratados”, expresó un integrante del Gabinete. Es por eso que el Gobierno solo discontinuó alrededor de 5000 contratos que vencieron en junio, más allá de que el sector más ortodoxo de Nación quería avanzar sobre un número mayor. El resto tendrá una nueva revisión en septiembre.