Los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia informaron que no irán al acto de Javier Milei en Tucumán y que, por ende, no firmarán el Pacto de Mayo previsto para el próximo martes 9 de julio en Tucumán.
La decisión que tomaron Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosekrantz y Ricardo Lorenzatti fue informada de manera oficial a través del área de ceremonial del tribunal, quien ya le informó a ceremonial de la Casa Rosada.
El comunicado oficial no detalla los motivos por los que los jueces del máximo tribunal de Justicia decidieron no asistir al pacto que estaba pautado para mayo y que debió posponerse por el debate de la ya aprobada Ley Bases.
Los jueces que componen el tribunal esgrimieron su decisión en el formalismo de que no están habilitados por la Constitución para firmar pactos políticos como el que propuso el Presidente Javier Milei.
Sin embargo, la decisión se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema de Justicia, sumada a la polémica postulación del juez Ariel Lijo -apoyada por el Gobierno- y una eventual ampliación del tribunal.
Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti no serán los únicos ausentes en el pacto de mayo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también adelantó su decisión de no participar del encuentro con una dura frase: “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”.
Los jefes provinciales que sí viajarán a Tucumán para firmar la acordada nacional son Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). Desde el Gobierno también detallaron que solo los gobernadores podrán firmarlo.

La polémica entre el Gobierno y la Corte Suprema por la postulación de Ariel Lijo
La decisión de los magistrados de no asistir al Pacto de Mayo se da luego de que el Gobierno impulsará los pliegos de dos candidatos a cubrir vacantes en el máximo tribunal: el pliego de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla.
Las propuestas giradas por el Ejecutivo surgen por la necesidad de cubrir en la Corte los cargos que dejaron vacantes la jueza Elena Inés Highton de Nolasco, que había presentado su renuncia en octubre de 2021, y el doctor Juan Carlos Maqueda, que dejará el cargo en diciembre.
Maqueda cumplirá en este 2024 los 75 años -edad límite para ejercer como vocal de la Corte- y, como no solicitó la extensión para ejercer su cargo a pesar de haber superado la edad máxima permitida, el próximo 29 de diciembre perderá su investidura y dejará vacante su puesto en el máximo tribunal.
Ahora los pliegos de Lijo y García Mansilla que además de la firma del presidente tienen el aval del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deberán ser tratados en el Senado, en donde necesitan dos tercios de la Cámara para su aprobación.
También generan rispideces las intenciones del Gobierno de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. No es el primer proyecto que se formuló en los últimos años, pero desde el máximo tribunal siempre se mostraron reticentes al cambio.
Ricardo Lorenzetti fue uno de los que declaró en 2022 que “no se puede hacer populismo judicial”, en una crítica al intento del kirchnerismo de ampliar de 5 a 15 el número de integrantes.
Sobre esa misma reforma promovida por el gobierno de Alberto Fernández, el presidente de la Corte Horacio Rosatti había sido bien claro al declarar en una entrevista televisiva que “sería bueno que nos consulten”.