El juez Ariel Lijo avanza en la causa que investiga denuncias contra organizaciones sociales por “extorsión y otros delitos” a beneficiarios de planes que aseguran haber sido obligados a participar en marchas y piquetes. En las últimas horas se realizaron 14 allanamientos en las sedes de varios movimientos sociales, incluyendo a CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y MTL.  La investigación, que comenzó en abril tras denuncias recibidas a través de la línea 134, comienza a arrojar luz sobre prácticas coercitivas supuestamente utilizadas por estas agrupaciones para garantizar la asistencia a sus marchas: muchos denunciantes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el plan Potenciar Trabajo si no se sumaban a las movilizaciones. Las órdenes de allanamiento, dictadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 04, se llevaron a cabo en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y Malvinas Argentinas.