Antes de subirse al avión que lo llevó a Europa, Alberto Fernández habló con sus abogados y activó la estrategia para cerrar la causa judicial por la Fiesta en Olivos: ofreció donar $1.600.000 para el sistema de salud público. La decisión estaba tomada hace mucho tiempo: faltaba elegir el momento y pulir la cifra final. Si no hay sorpresas, en pocos días deberá transferir el dinero a una cuenta bancaria. A eso habría que sumarle la donación ofrecida por Fabiola Yañez, que no tiene ingresos como Primera Dama. En total son $3 millones para un presidente que declaró tener un patrimonio de poco más de $5 millones.
La causa judicial arrancó en Comodoro Py pero al poco tiempo saltó a la Justicia federal de San Isidro, donde hubo un tironeo entre dos jueces. Para ese entonces, Alberto Fernández ya había recibido su primera imputación como Presidente por violar los decretos que él mismo había firmado. Fue el 26 de agosto del año pasado. Ese mismo día, en una jugada sincronizada, el Presidente se presentó en la causa y pidió su sobreseimiento por “inexistencia de delito”. La estrategia fracasó rotundamente.
A partir de ese momento, el objetivo de los abogados que asesoran al Presidente fue esquivar su indagatoria y la de la primera dama. El plan comenzó a gestarse antes de fines del año pasado. Luego de la feria judicial, la estilista de Yañez, Carolina Marafioti, a través de su abogado, Alejandro Rúa, ofreció una donación de $200 mil pesos. El “globo de ensayo” tuvo el acuerdo del fiscal Fernando Dominguez y abrió la puerta para la segunda etapa del plan.
El mes pasado se sumaron otros tres protagonistas del cumpleaños de Yañez: el actor y modelo Fernando Consagra junto a su pareja Emmanuel López ofrecieron $150 mil cada uno para ser sobreseídos, y Santiago Basavilbaso, que se fue a vivir a Barcelona (España), propuso donar $220 mil. Inesperadamente, el fiscal rechazó los montos ofrecidos.
A partir de ese momento, varios de los abogados que figuran en la causa desfilaron por su despacho para intentar llegar a un acuerdo. En representación del Presidente, fueron los dos abogados designados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso.
El monto de la donación se fue modificando hasta llegar a $1,6 millón, muy por encima del primer ofrecimiento que había hecho el Presidente en agosto del año pasado, cuando propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. “El Ahora 4″, lo bautizó el abogado Mauricio D’Alessandro, que defiende a una de las imputadas. En ese momento, representaban unos $630 mil. Ahora, sería casi $1 millón tomando un sueldo aproximado de $470 mil.
Como el Código Penal no prevé ningún parámetro, se tuvo como referencia un informe del Ministerio de Salud de la Nación sobre el costo de los respiradores contra el COVID-19. “La cifra variaba entre 6 mil y 11 mil dólares”, explicó una fuente judicial.