La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) fue el escenario de la 91° Asamblea del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todos los rectores y rectoras de las universidades públicas del país. A raíz de dicho encuentro, se emitió un comunicado donde manifestaron la gravedad de la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público. En el documento, indicaron que las universidades nacionales mantuvieron diálogo con distintos representantes de Poder Ejecutivo, donde plantearon la compleja situación del sistema. El febrero pasado, se realizó una declaración donde expresaban la preocupación por la falta de acuerdos paritarias, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas. “Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)”, indicaron. Los rectores remarcaron que la sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, tanto por la tarea de la formación sino también “la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”. “Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria”, expresaron. El comunicado del CIN sostuvo que debe defenderse el derecho de los jóvenes del país a acceder, según su deseo y vocación, a una educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre; un sistema que promueva la movilidad social y la transformación de la comunidad. En ese sentido, reclamaron que cualquier acuerdo a nivel nacional debe priorizar a la cuestión educativa. Ante la situación, convocaron a la sociedad a una movilización nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, “en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino”, junto a las representaciones docentes, nodocente y estudiantiles. “Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, finalizaron.