Tras la denuncia del Gobierno a las autoridades de Anses de la gestión de Alberto Fernández por el caso de las irregularidades en seguros, se realizaron 24 nuevos allanamientos en empresas y personas que están vinculadas a la causa en la que se encuentra imputado el exmandatario y un exdirectivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos. Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Policía Federal bajo la orden del juez Julián Ercolini.
A fines de 2021, Alberto Fernández ordenó a través de un decreto que todas las pólizas de los organismos del Estado debían tramitarlas a través de Nación Seguros, la aseguradora del Banco Nación, pero permitía la intervención de brokers privados, los cuales cobraban comisiones. Posteriormente, dicha normativa quedó sin efecto bajo el gobierno de Javier Milei.
La presentación inicial fue realizada por la abogada Silvina Martínez, quien denunció penalmente al expresidente y a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por la supuesta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados. Asimismo, pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.
La causa está a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González. Según consta en la denuncia, “la Anses contrató directamente cobertura con Nación Seguros y con posterioridad se introdujo injustificadamente la designación de intermediarios, que generó el pago de comisiones en perjuicio del erario público”.
Además, se agrega que “por orden del exdirector general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se ordenó designar a San Ignacio Sociedad de productores asesores de seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A, en carácter de asesor para la intervención en los contratos mencionados”.
A inicios de la semana pasada, se conocieron novedades en el marco de la investigación: la auditoría, realizada desde el Ministerio de Capital Humano, detectó más contratos sospechosos por un monto estimado de $30.000.000.
En este caso, las nueve pólizas de seguros fueron contratadas por el ex Ministerio de las Mujeres. Quien figura como apoderado es Carlos Soria, una de las personas apuntadas como parte de la maniobra asegurativa. La documentación ya fue puesta a disposición del juez Julián Ercolini, que es quien lleva adelante la causa iniciada por las denuncias de la dependencia en cuestión, la Anses y Nación Seguros S.A, en la que es investigado el exmandatario.
En tanto, Alberto Fernández se desligó de las acusaciones y ratificó su inocencia. “Estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”, aseguró en una entrevista que le realizó un medio extranjero.